Felices en el interminable camino de la noria, los mexicanos marchamos jubilosos a una etapa más de discusión nacional sin tomar en cuenta los mecanismos institucionales para analizar, discutir y tomar decisiones.

Si la maltrecha Constitución (moribunda le diría alguien en emulación exagerada del juramento de Hugo Chávez en los inicios de si presidencia) nos define, entre otras cosas, como una república federal y representativa cuya soberanía popular se ejerce a través de los “Poderes de la Unión”, con un Congreso nacional vigente y en funciones permanentes, donde las leyes se discuten, debaten y finalmente elaboran, poco se debería agregar a esa interminable perorata cruzada.

Pero lo no institucional, o lo paralelo a las instituciones, como las presencias morales, los grupos de presión, los representantes de lo ya representado, se imponen mediáticamente (los medios somos otro poder, al menos de resonancia) y logran la nueva institucionalización: la barahúnda.

Si nos detenemos en lo esencial, especialmente en el caso de la propuesta presidencial para una reforma energética, tan poco analizada en todos sus componentes y presentada únicamente como una perversa entrega de Petróleos Mexicanos a los brazos del capital foráneo y empresarial, el asunto es nada más una iniciativa de ley cuyo destino será debatido en el Congreso.

Pero como en ese escenario institucional las fuerzas
“meta-institucionales” (o “infra institucionales”, según el caso) verían abatidas sus banderas por la simple aritmética de lo representado en escaños y curules en el Poder Legislativo, entonces se siembra un gran debate nacional como si los procesos electorales no fueran una forma de ejercer la opinión a través del voto.
La discusión es muy sencilla en el fondo: o se abre el sector de la energía a una participación controlada del capital privado, nacional o extranjero, o se dejan las cosas como están. La primera propuesta ha sido planteada por el gobierno surgido del PRI (la representatividad se logra a través de concurrencia de los partidos políticos en los procesos electorales) y del PAN, así sea con matices.

Ese planteamiento formó parte de las ofertas de campañas. Y la aceptación de esas ideas se tradujo en votos. Y esos votos representan una opinión. Pero no queremos salirnos de la noria. Camina y camina en el circulo de la era, como el reo en el patio de la cárcel, como la acémila en el redondel de piedra, como el toro abanto en la arena; palomilla alrededor del foco, mosca tenaz sobre la boñiga.

Las discusiones se deberían dar, y de hecho se dan, en las Cámaras y los parlamentos cuya operación nos cuesta mucho dinero. Y cuando en verdad los necesitamos, una de dos: o nos damos cuenta de su defectuosa composición o percibimos lo magro y pobre de su composición, lo relativo de su verdadera representatividad.

El problema, a fin de cuentas, consiste en la insatisfacción de las partes. Cada uno quiere participar en la discusión para ver atendidos sus reclamos, incorporados sus puntos de vista. Y como esos son generalmente contradictorios, las propuestas se convierten –en el mejor de los casos–, en mazacotes impresentables traducidos a fin de cuentas en reformas parciales, propuestas mutiladas y eslabones abiertos en la interminable cadena de asuntos nacionales pendientes de solución.

Por eso en algún comentario radiofónico discrepé del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell quien planteó la necesidad nacional de un debate de altura. La discusión se debería dar en los terrenos jurídicos, y políticos institucionales; es decir, para volver al inicio, en el Congreso. No en las plazas públicas, donde las cosas no tiene fin.

CARO QUINTERO

La liberación de Quintero le ha salido muy Caro al gobierno, dijo alguien. Pero lo más costoso será la imposición de los Estados Unidos.

La ira de la DEA, las veladas acusaciones de negligencia nacional en torno de la liberación de un reo cuya condena se cumplió en más del 50 por ciento, nos coloca ante una evidencia: el asesinato de un agente en tierra extranjera es asunto de prestigio para el gobierno de los Estados Unidos.

“Kiki” Camarena es tan importante, al menos en lo simbólico, como la batalla de “El Alamo”.

Por lo pronto ya se ha expedido una orden de “detención provisional con fines de extradición” y la suerte de Caro Quintero, si en afán suicida no se defiende a plomazos cuando lo quieran apañar, será igual a la del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva: una bocanada de aire fresco para terminar con la frase de Pablo Escobar Gaviria: una tumba en Colombia (México) y no una celda en Estados Unidos, donde no tendrá privilegios carcelarios y sufrirá tanto como en Abu-Grahib.

Author: Rafael Cardona

Rafael Cardona

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