Por: Guillermina Gómora
Hacia finales del 2013, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advertía: «Este gobierno seguirá abierto a escuchar todas las voces… pero que nadie se confunda: tolerancia es gobierno, tolerancia también tiene límites y tolerancia también es firmeza». Sin embargo, después de lo sucedido este fin de semana en Michoacán y en Guerrero, surge la pregunta: ¿hasta cuándo tolerarán el caos que se vive en esas entidades?
Es urgente pasar del discurso a los hechos. Resulta inexplicable cómo se ha tolerado el exponencial crecimiento de los grupos de autodefensas en todo el país, principalmente en estos estados, generando territorios autónomos donde reina la impunidad y la violencia. El poder debe ejercerse no sólo para crear leyes, sino para exigir su cumplimiento y garantizar la seguridad de todos los mexicanos.
La progresiva presencia de grupos civiles armados obliga a una minuciosa revisión de lo que el gobierno federal está haciendo en materia de seguridad, pues como lo hemos advertido en este espacio, el estado de derecho queda en entredicho al permitir que las personas hagan justicia por su propia mano.
Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció en corto con reporteros que “el Estado no puede estar rebasado, el Estado debe tener la fuerza y la capacidad; es cierto que hay debilidades institucionales en Michoacán que tenemos que corregir a lo largo de este año”, dijo.
En efecto, no debe tolerarse el bloqueo de vías generales de comunicación o el de zonas urbanas, mucho menos la usurpación de la autoridad legal por estos poderes fácticos, respaldados por sabrá Dios quién. Grupos que se mueven en las aguas procelosas del crimen organizado, u organizaciones que surgen como una expresión auténtica de una sociedad cansada de los abusos, violaciones, secuestros, extorsiones y de que se ejecute a las personas que denuncian.
El origen de estas agrupaciones ––denominadas grupos de autodefensa, policías comunitarias o guardias comunitarias–– se remonta a 1995 en La Montaña de Guerrero, donde las comunidades indígenas se organizaron para combatir a los asaltantes, asesinos y violadores que asolaban la región; y 18 años después, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) sigue operando y ahora con recursos que le asigna el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, uno de sus principales promotores y benefactores.
La tolerancia es tal que surgió hace un año otra organización denominada Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) siguiendo el camino de la CRAC, como un grupo de autodefensa, y que también goza del presupuesto estatal para operar. El ejemplo se ha propagado y ahora las autodefensas tienen presencia en 68 municipios de 13 estados de la república. Sus formas de financiamiento son tan misteriosas como sus fines, y hasta el momento no hay autoridad que frene su avance.
Con el argumento de que van a defender a sus comunidades víctimas de la delincuencia organizada, además de que evitarán la explotación de sus recursos naturales, dan el golpe de Estado y expulsan a los alcaldes y a la policía local. Los líderes de las autodefensas afirman que la autoridad legalmente constituida ha perdido la confianza de sus gobernados y que es incapaz de defenderlos y garantizarles la seguridad. Se erigen, entonces, como los salvadores de la zona.
Y nada pasa. Por el contrario, la violencia sigue y se recrudece a niveles de barbarie, como atestiguamos todos los días. La tolerancia a la operación de las autodefensas se ha convertido en un problema de alto riesgo para la seguridad del país, pues cualquiera que sea su origen u objetivo actúan al margen de la ley, la más de las veces con el rostro cubierto, portando armas de grueso calibre, cuyo origen y adquisición se desconoce, atribuyéndose facultades para juzgar, sancionar e incluso gobernar.
Mantener la tolerancia a que los ciudadanos se hagan justicia por propia mano representa un gran peligro para México. La creciente ola de violencia impactaría no sólo en el deteriorado tejido social, sino en los programas de crecimiento que tanto presume y pregona el gobierno federal para este naciente 2014. De ahí la urgencia a que, como diría el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio, se actué con firmeza y el gobierno marque límites a través de un sistema policial y de justicia efectivos.
Vericuentos
Autodefensas tras santuario
Aunque el secretario de Gobierno michoacano, Jesús Reyna, lo niegue a voz en cuello, los líderes de las autodefensas en la entidad van por la toma de Apatzingán, santuario del crimen organizado y principal centro productor de anfetaminas y lavado de dinero. El blindaje policiaco y militar a la zona de Tierra Caliente trata de evitar un albazo. El accidente de José Manuel Mireles complicó la estrategia.
Tiempo de definiciones
En febrero volverá el jaloneo al Congreso. Los legisladores deberán trabajar sobre la creación y aprobación de las leyes secundarias que quedaron pendientes en materia energética, de telecomunicaciones y competencia económica. Por ello, los senadores del PRI, coordinados por Emilio Gamboa Patrón, llevarán a cabo su reunión plenaria los días 30 y 31 de enero en Mérida, Yucatán, a fin de unificar la estrategia. Los acompañarán en la encerrona los secretarios de: Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Energía, Comunicaciones y Transportes, el procurador general de la República, el coordinador de los diputados del PRI y el presidente del partido, César Camacho, que inaugurará esta plenaria.
