Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Tamaulipas, cuyos nombres ya no merecen ni siquiera repetición, pues pronto se dirá de ellos todo cuanto se deba con motivo de sus dislates y muestras de mendacidad jurídica, simplemente no se pueden haber equivocado al extralimitarse en sus funciones, atropellar la Constitución y mandar a las instituciones a vivir al mundo de los sueños, cosa tan grave como enviarlas al demonio.
Y afirmo la imposibilidad de sus errores, primero, por tratarse de aspectos tan sencillos como para no pasarlos por alto en una sentencia de 700 fojas, las cuales un 90 por ciento no son sino recortes de prensa y pegotes de otros documentos.
Después, como segundo punto de imposibilidad errática, está el absurdo de descalificar a una institución (la PGR) y después pedirle la organización sumisa y dependiente, de una Comisión de la Verdad fuera de toda posibilidad jurídica.
Por eso la respuesta de la PGR fue tan limpia y simple como patear el balón de los once metros del punto penal en un juego de futbol. Claro, siempre y cuando no lo intente Messi.
Por eso es importante analizar someramente, al menos, el planteamiento de la Procuraduría General de la República, en contra del cual ya se alzan las voces de los bien portados y los beneficiarios de Iguala (no víctimas reales, sino fauna de acompañamiento) favorables a la imaginaria comisión, para la cual ya hasta fondos se pidieron al Congreso, muchos de los cuales irían a dar a sus bolsillos.
Cada vez parece más claro el interés político de esta sentencia absurda. Como dice Diego Fernández de Cevallos: para hacer esto, sólo les faltó derogar la Ley de la Gravedad.
La respuesta de la PGR es impecable y contundente: no se puede cumplir lo imposible. Veamos:
“…La Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para cumplir con la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas, en la que se ordenó crear una Comisión de la Verdad para el caso Iguala, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa como resultado de la resolución de amparo 203/2017, y presentó un “incidente de imposibilidad real, jurídica y material’’.
“El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, en suplencia del Procurador, asumió esa determinación después que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), integrada por 32 Procuradores y Fiscales del país, cerraron filas ante el ordenamiento que hiciera el Tribunal del Poder Judicial de la Federación el pasado 31 de mayo.
“Dicha comisión debía ser integrada por representantes de las víctimas —familiares de los estudiantes desaparecidos—, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de que pudieran integrarse organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, exigió el Tribunal Colegiado integrado por tres magistrados.
“En ese sentido, el Agente del Ministerio Público Federal presentó formalmente ante el mismo órgano jurisdiccional dicho recurso, por lo que habrá de esperar la respuesta del órgano colegiado porque simplemente no tiene la posibilidad para concretar el mandamiento judicial”.
Vale también recalcar en este sentido el pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada la semana pasada en Acapulco, en la cual el coro de trompetillas para el paticojo tribunal fue de antología.
Este párrafo resume el sentimiento de todos los procuradores de justicia del país. Y no sólo el sentimiento, también el conocimiento jurídico, del cual, obviamente, no participan (por propia voluntad), los magistrados del Colegiado.
“…Es una clara contravención al texto Constitucional, pues vulnera el principio de supremacía Constitucional, el principio de ley, el principio de separación de poderes y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo, trastocando la esencia del Ministerio Público”, dijo Víctor Antonio Carrancá, fiscal general de Puebla y vocero de la CNPJ”.
Por eso, esta noticia es importante:
“…La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) rechazó, de manera unánime, la resolución que ordenó la reposición de todo el proceso de investigación del caso Iguala, y el establecimiento de la llamada Comisión para la Verdad y la Justicia.
“…En el caso concreto, no existe disposición alguna que facilite al Poder Judicial a subrogar la investigación y persecución de los delitos, al margen de la distribución de funciones y competencias que expresamente establece la Constitución”, señaló Víctor Antonio Carrancá…
VOLPI
Con pertinaz insistencia, como zumba la mosca, Jorge Volpi promueve en sus colaboraciones periodísticas, su “novela criminal” sobre el caso de Florence Cassez. Habla de su obra y, por extraño como parezca, elogia su propio trabajo. Como la mamá del cuervito.
Pero a veces se equivoca: atribuye la libertad de la cómplice de secuestradores, a la presunción de su inocencia. Y eso es falso.
La norme falla del caso —y por eso la soltaron en medio de un escándalo binacional—, fue montar un escenario de captura en provecho de la promoción personal de la policía (Cárdenas y García Luna). Pudieron montar una escena, pero invalidaron las pruebas por el atropello procesal.
