Un agresor sexual confeso que fue denunciado por la víctima, además de pasar 50 años en prisión, recibirá ese castigo adicional, un tema del que los legisladores en suelo azteca le deberían de aprender o al menos entender que la justicia bien aplicada si existe
Escarmiento ejemplar es lo que se necesita en México para que las leyes bien aplicadas, con investigaciones apegadas a derecho y con real justicia y no por venganzas ni por intereses para favorecer a terceros. Un ejemplo que se debería seguir con mucha atención en todo el territorio nacional y sin que se violen los derechos de los presuntos culpables, es lo que ocurre en Louisiana, Estados Unidos, donde el violador de una menor de edad, al que se le comprobó su responsabilidad, no sólo fue condenado a 50 años de prisión, sino que el castigo que lo marcará de por vida por su cobarde acción es que será castrado físicamente, luego de que este individuo se declaró culpable de violar y dejar embarazada a una menor de 14 años.
Esta trágica historia acaparó los titulares de medios estadounidebses, entre ellos varias cadenas de televisión, como Telemundo, que han seguido con mucha atención este caso, en el que el responsable confeso identificado como Glenn Sullivan, de 54 años y originario de Springfield, se declaró culpable a mediados de abril pasado de cuatro cargos de violación en segundo grado relacionados con múltiples agresiones a la víctima, destaca un comunicado del fiscal del 21º distrito judicial, Scott M. Perrilloux.
Las autoridades aseguraron que la menor se presentó por sí sola en la Oficina del Sheriff de Livingston Parrish para denunciar que Sullivan la había atacado sexualmente cuando era adolescente.
Una prueba de ADN corroboró que Sullivan la había dejado embarazada.
El fiscal también indicó que los detectives del caso descubrieron que Sullivan amenazó con hacer daño a la familia de la chica si lo denunciaba.
Louisiana es uno de los estados de EU donde se aplica como castigo ejemplar la castración química, un tratamiento médico reversible que consiste en utilizar antihormonas masculinas para suprimir los deseos sexuales de un hombre.
En estados como ese, el tratamiento es también una condición para la reducción o suspensión de una condena por delitos sexuales.
Desde mediados de la década de los 90, algunos estados han permitido ―y en algunos casos exigido― la castración para “penalizar a los delincuentes sexuales, o como condición para su puesta en libertad”.
Hay ocho estados del país que permiten la castración química o quirúrgica de delincuentes sexuales, según la Asamblea General de Connecticut (CGA).
Los estados que permiten la castración química son:
California
• Florida
• Georgia
• Louisiana
• Montana
• Oregon
• Texas
• Wisconsin
California fue el primer estado de EU en permitir la castración química bajo una ley que permitía a ciertos delincuentes sexuales recibir tratamiento con acetato de medroxiprogesterona (MPA), “una hormona femenina artificial que se vende habitualmente con el nombre de Depo-Provera”.
En Florida, como en California, el tratamiento es obligatorio para los agresores sexuales reincidentes.
La CGA asegura que las leyes de castración de California, Georgia, Louisiana, Montana y Wisconsin “sólo se aplican a los delincuentes condenados por delitos sexuales contra menores”.
En todos estos estados, el procedimiento es una condición para obtener la libertad y generalmente comienza antes de que el delincuente quede libre.
En México, donde las agresiones sexuales contra menores de edad y mujeres han ido en aumento ante un vacío en las leyes donde se les ha desprotegido, sería urgente aprender de este tipo de leyes de otros países, en lugar de solo utilizar los recintos legislativos para hacer politiquería y olvidarse de que quien manda es el pueblo yque exige resultados, y no responder a las órdenes de una persona que persigue intereses para beneficiar a terceros.
En marzo pasado, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados lanzó la iniciativa para que se castigue con la la castración química, a los violadores y agresores sexuales de menores, así como pendas de hasya 20 años en prisión y pagar una multa de 1,500 días de salario mínimo.
La iniciativa lanzada por la diputada federal priista, Karina Barrón Perales, contempla modificar el artículo 261 del Código Penal Federal, pero por ahora no ha recibido el apoyo necesario, ya que el interés más urgente está en una elección ya decidida desde Palacio Nacional.