(Primera parte)

Afirma el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, que en Oaxaca “hay un estado de excepción al derecho, por la vía de la fuerza y de los poderes fácticos”, certeza compartida por los oaxaqueños quienes aseguran que el gobierno de Gabino Cué entregó al magisterio el control y por ello está destinado al abuso y al fracaso.

El primer mandatario de la alternancia en Oaxaca -postulado en 2010 por la coalición: PAN, PRD, PT, MC y NA– que prometió un gobierno democrático, de respeto a la ley, comprometido con el bienestar de la sociedad, donde la educación de calidad sería su prioridad, es rehén de una caterva que, desde hace más de 30 años, extorsiona y chantajea a las autoridades.

Cué lleva cuatro años sin gobernar, pasó de la negociación a la capitulación con la CNTE y la APPO, que lo ayudaron a llegar a la gubernatura, luego de hacerle la vida imposible al priista Ulises Ruiz. Arrancó su administración denunciando malos manejos y falta de autoridad; hoy hace lo mismo sin reparar en la afectación a ciudadanos, comerciantes y a más de un millón de alumnos sin clases.

Su irresponsabilidad se refleja en las finanzas del estado que registra un elevado endeudamiento cuyo monto asciende a 11 mil 949 millones de pesos. Cifra sin precedente para la entidad que casi duplica el saldo de la administración anterior y que le ha costado a Oaxaca, en los primeros cuatro años de gobierno, por servicio de la deuda, más de 2 mil 700 millones de pesos. Financiamiento público destinado a gasto corriente. En la próxima entrega le daré detalles.

La violenta ocupación del zócalo de la capital oaxaqueña, desde hace siete meses, por integrantes de la Sección 22, ha dejado pérdidas por más de 50 millones de pesos. El Consejo del Centro Histórico de Oaxaca que aglutina a 223 comercios establecidos reveló que más de 30 negocios cerraron; la CNTE instaló carpas y casas de campañas en la zona, incluyendo las jardineras, lo que aleja al turismo y provoca caídas en las ventas entre un 60 y 70 por ciento.

Los partidos que lo llevaron a la gubernatura no dan la cara, saben que en 2016 pagarán en las urnas la fallida gestión de Gabino Cué, quien va contrarreloj y dicen tiene un gabinete lleno de traidores cuya ineficacia operativa ha complicado aún más la situación, como en el caso de la insurrección de los policías estatales.

Algunos ejemplos del gabinetazo de Gabino son: Jorge Castillo Díaz, ex secretario particular, conocido en Oaxaca como el “vicegobernador”, investigado por el SAT que le congeló ya tres cuentas bancarias; así como Netzahualcóyotl Salvatierra, ex secretario de Infraestructura y Desarrollo Territorial Sustentable, apodado el “15 por ciento” y al que el Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños denunció por presuntas irregularidades en la asignación de obras por un monto de 2 mil 776 millones 18 mil 292 pesos.

Al respecto, el senador panista Javier Corral, defensor a ultranza del proyecto político de Cué, dijo: “Me duele Oaxaca hasta los huesos, no hay decisión ni capacidad en el gobierno de Gabino, hay un robo descarado en el estado, a través de Jorge Castillo, a quien el gobernador le concedió atribuciones que sólo le competen al poder constituido legal y legítimamente”.

Sin duda, Oaxaca y sus habitantes viven tiempos complicados de ingobernabilidad, marginación y miseria. El próximo viernes abundaré sobre las cuentas alegres de Gabino.

Vericuentos

Revés de Judicatura a AMX

Con la novedad de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Telecomunicaciones rechazó el amparo interpuesto por América Móvil (AMX), en septiembre pasado, contra la tarifa

cero de interconexión que se le impuso en las leyes de telecomunicaciones por ser agente preponderante en el sector. El poder judicial confirmó que no podrá cobrar a sus competidores, pues la reforma en el sector busca apoyar al consumidor e incentivar la competencia. En diciembre pasado el Ifetel confirmó que AMX detenta el 70 por ciento del mercado de la telefonía móvil.

Cárcel a piratas de medicinas

Por fin se castigará a quien venda muestras médicas, los diputados aprobaron hasta 9 años de cárcel y multas de 20 mil a 50 mil salarios mínimos, a quien ejerza este delito. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que lleva Mikel Arriola, aplaudió la decisión. El comercio ilegal preocupa a la autoridad, en algunos operativos hasta el 70% de lo decomisado eran muestras médicas. Hasta ahora se han asegurado 305 toneladas de medicinas en general en el mercado negro.

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