Una investigación ordenada por la presidenta de la Máxima Corte del país, Norma Piña, subraya que el exministro es señalado por haber “vulnerado” la autonomía e independencia de operadores del sistema judicial para “satisfacer intereses personales o de terceros” mediante enriquecimiento ilícito, extorsión y corrupción
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el otrora poderoso titular del Consejo de la Judicatura Federal está en la mira de las máximas autoridades del poder Judicial que ya ordenó abrirle una investigación por presuntamente haber creado una red de tráfico de influencias para beneficiar con procesos judiciales intereses personales y de terceros, en agravio de personas que presumiblemente resultaron afectados por acciones de venganza ordenadas presuntamente por el exministro que actualmente es asesor de la presidenciable de Morena, Claudia Sheinbaum. Zaldívar es señalado también por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Arturo Zaldívar, quien ha utilizado la retórica del populista presidente Andrés Manuel López Obrador para negar acusaciones en su contra, señaló que la investigación en su contra es politiquería sin pruebas y son reacciones dado el actual proceso electoral. El exministro sabía que se avecinaba una acusación contra él y varios de sus llegados, muchos con una reputación que los etiqueta como gente no muy honesta y que respondían a órdenes superiores para cometer actos vengativos contra personas incómodas.
De acuerdo con un documento que se filtró a los medios, la ministra presidenta de la Máxima Corte del país, Norma Piña, ordenó, tras recibir una denuncia anónima, abrir una investigación contra Zaldívar, señalado por haber “vulnerado” la autonomía e independencia de operadores del sistema judicial para “satisfacer intereses personales o de terceros”.
La denuncia que dio motivo a que se indague a fondo todo el proceder turbio de Arturo Zaldívar, subraya que el también expresidente de la Judicatura Federal, cuando era titular del cargo, ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la presidencia de la Corte y considerado su mano derecha, y uno de los individuos que se encargó del presunto trabajo sucio, al meter presión sobre jueces y ministros para que se acataran las órdenes de Arturo Zaldívar.
El documento resalta que las presiones y actos intimidatorios tenían por objeto “que se resolvieran (casos en proceso) a favor de sus intereses (del ministro Zaldívar), prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o en su defecto, se procedía a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones” a quienes no se alinearan con sus órdenes.
INVOLUCRADOS
La denuncia además de poner en primer plano al expresidente de la Corte como un funcionario corrupto, deshonesto y que actuaba por venganzas y no defendiendo la ley ni la Constitución, busco sacar beneficios de su cargo para ayudar a amigos o a intereses de terceros, donde también se implicó a decenas de funcionarios cercanos a él y que serían parte de una red criminal que operaba desde el mismo seno de la SCJN y entre quienes destacan, además del citado Carlos Antonio Alpízar Salazar, la exprocuradora General de la República, Arely Gómez, quien fungió como contralora del Poder Judicial en la gestión de Arturo Zaldívar entre el 2019 y el 2022, y quien recientemente fue designada como auditora general de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El documento que aporta datos sobre la trama corrupta presuntamente encabezada por Arturo Zaldívar, también destaca entre posibles cómplices de esta red de tráfico de influencias y corruptelas a personas externas al Poder Judicial, como el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como despachos de abogados cercanos a él y que actuaron presuntamente para beneficiar y cumplir encargos del expresidente de la Corte.
La denuncia exhibe las áreas del Consejo de la Judicatura Federal utilizadas para presionar a jueces y magistrados como la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, “ello a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas”.
Asimismo, se dan los nombres de magistrados, jueces y secretarios en funciones de juzgadores que fueron presionados por conducto de personal bajo el mando de Arturo Zaldívar.
El texto destaca que “quienes voluntariamente decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada, obtenían grandes beneficios, como eran total impunidad en cualquier queja que pudiera existir, asistir a cursos nacionales e internacionales, gozar de licencias, nula revisión de declaraciones patrimoniales, adscripciones a modo, asignación en juzgados estratégicos, ejemplo de ello, se dio en quienes fueran secretarios de estudio y cuenta del ex ministro, que como premio se volvieron jueces y magistrados”, se apuntó.
COMPLICIDAD
Además de Arturo Zaldívar, otros funcionarios que actuaron por órdenes suyas en esta red de corrupción y tráfico de influencias y que también están sujetos a investigación son Carlos Alpízar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, señalado de enriquecimiento ilícito, extorsión y corrupción para obtener resoluciones “a modo”, violencia sexual, entre otros.
Otro en la mira es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, a quien se le acusa de corrupción en su modalidad de delincuencia organizada institucional.
Un personaje polémico del que no hay buenas referencias y sí señalamientos de actuar en beneficio propio y en apoyo al mejor postor es Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la extitular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y quien como director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública, se aprovechó del cargo para ayudar a amigos, además de actuar bajo encomienda de órdenes superiores, a él se le acusa de corrupción, hostigamiento laboral, enriquecimiento ilícito, uso indebido del cargo y de las instalaciones.
Entre jueces y magistrados señalados en la denuncia que dio origen a esta indagatoroa figuran personas que “aceptaron la presión ejercida por el exministro Arturo Zaldívar”, entre ellos el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna y quien llevó el polémico caso de la extitular de Sedesol, Rosario Robles, una funcionaria que resultó muy incómoda para López Obrador, al considerarla como una traidora por sumarse al equipo de Enrique Peña Nieto en su administración federal.
Otros jueces en la mira son Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de Distrito; el juez José Artemio Zúñiga Mendoza y el magistrado, Fernando Córdova del Valle, entre otros.
REACCIÓN
Tras salir a la luz la investigación en su contra, Arturo Zaldívar sacó a relucir el aprendizaje que le ha dado López Obrador para salir de acusaciones de este tipo y negar a toda costa imputaciones que manchen más su ya gastada reputación, por lo que acusó a la actual presidenta de la SCJN, Norma Piña, de iniciar esta investigación por tener tintes electorales y como “revancha” ante las decisiones de ministros que están a favor de las reformas e ideas del populista mandatario.
«Me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara de una especie de revancha contra la 4T, con la intención de tratar de desprestigiar” a este movimiento del gobierno, aseveró el exministro a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.
Zaldívar, quien se sintió herido por la investigación que lo tiene bajo la lupa, aunque trate de disimular que no le preocupa, dijo que le parecía “muy grave” que (la ministra) Piña, quien tendría que cuidar el Estado de derecho, viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones y el derecho de defensa.
“Y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos”, apuntó Arturo Záldivar, quien en una desesperada declaración metió el tema electoral para tratar de desviar la atención de un asunto más grave que es poner en tela de juicio su presunta honestidad cuando fue ministro de la corte y ese apego a la ley que ha quedado en entre dicho al quedar presente lo que dijo el propio López Obrador, que él habló en varias ocasiones con Zaldívar, y «respetuosamente intervenía» en casos de alto perfil para que influyera en decisiones de magistrados y jueces sobre falos de algunos casos de interés personal, de ahí se podría citar el caso Rosario Robles, por mencionar solo uno que tendría tintes de venganza por parte del patrón de Palacio Nacional.
Arturo Zaldívar, de quien sus honestidad lo ha dejado mal parado al estar al servicio del populista presidente López Obrador, y ser uno de los personajes que le ha sido como un sirviente, renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2023, pese a que su periodo concluía en diciembre de 2024, para con un pretexto ilógico, integrarse a la campaña de Claudia Sheinbaum.