El enganche y arrastre de vehículos mal estacionados en vía pública, por la empresa privada de grúas, concesionada por el GDF, ha resultado un negocio redondo para algunos funcionarios locales y para esa compañía, pues del total de multas levantadas, el 80% se lo quedan éstos y en menor porcentaje cae a la Tesorería del gobierno de la Ciudad, cero ingresos tiene la SSPDF, acusó la Diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante de la Comisión de Administración Pública de la ALDF. Quien llamó a presentar ante esta representación popular al funcionario que licitó esta operación y entregue un informe de los montos recabados por multas a lo largo de tantos años.
Asimismo exigió aplicar una auditoria porque la empresa particular dedicada al arrastre de vehículos se embolsa hasta el 80 por ciento de los recursos por multas y denunció que los operadores actúan arbitrariamente en contra de los automovilistas.
El propósito de este servicio es limpiar y salvar las calles y avenidas de coches chatarra para mejorar la vialidad, pero al notar que el enganche es un estupendo negocio, han mal aplicado el reglamento de tránsito cargando el costo del arrastre a los ciudadanos.
Rosas Montero informó que platicó con el Secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, para pedirle se revise la actitud de las empresas privadas de grúas. La diputada del PRD indicó que el funcionario respondió que “están por vencerse los contratos, y verá la posibilidad de que estas empresas se les retire la concesión, por lo que sostendría una reunión con los diputados de la Comisión de Tránsito y Vialidad de la Asamblea para abordar el asunto”.
La diputada afirmó que las empresas deben tener su porcentaje de ganancia, pero debe de ser menor al beneficio que ingresa a la Tesorería del Gobierno del DF; además se de contar con un padrón de los choferes que operan las grúas, si cuentan con las licencias correspondientes y ser sensibles, porque su obligación es liberar la vialidad, no aprovecharse del automovilista.
