El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes una «pausa» en la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, tras las declaraciones de sus respectivos embajadores en contra de la reforma al Poder Judicial que impulsa su administración. El mandatario calificó las opiniones de los diplomáticos como una injerencia en los asuntos internos del país.
López Obrador se refirió directamente al embajador estadounidense, Ken Salazar, quien la semana pasada expresó su preocupación por la elección directa de jueces en México, señalando que podría representar un riesgo para la democracia. Según Salazar, cualquier reforma judicial debería incluir salvaguardas para fortalecer la independencia del Poder Judicial y evitar la politización y la corrupción.
Por su parte, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, también expresó su inquietud durante un foro de negocios, advirtiendo que la reforma ha generado incertidumbre entre los inversionistas canadienses sobre la estabilidad del marco jurídico en México.
En su conferencia matutina, López Obrador manifestó su descontento con las declaraciones de ambos embajadores y enfatizó que la soberanía de México no está en discusión. «¿Cómo le vamos a permitir al embajador (Salazar) que opine que está mal lo que estamos haciendo? No vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía», declaró el presidente.
El mandatario aclaró que esta «pausa» en las relaciones diplomáticas se limita a los embajadores y no afecta las relaciones generales con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. «La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México», explicó, subrayando que esta decisión responde a la necesidad de que ambos países respeten la no intervención en los asuntos internos de México, como lo establece la Constitución.
La reforma al Poder Judicial, que busca permitir la elección popular de jueces y magistrados, ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional. López Obrador, sin embargo, ha defendido la propuesta, argumentando que busca democratizar la justicia en el país y combatir la corrupción dentro del sistema judicial.
La postura del presidente refleja un nuevo episodio de tensiones diplomáticas entre México y sus principales socios comerciales en América del Norte, en un contexto donde la soberanía y la no injerencia se han convertido en banderas recurrentes del discurso oficial mexicano.