Tyler Mattiace, investigador para México de Human Rights Watch, señaló que “casi dos décadas de intervención militar en seguridad pública no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos
“Ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento (en el asesinato de civiles en Tamaulipas) y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos”, señaló este miércoles en su “talk show” de Palacio Nacional el populista mandatario Andrés Manuel López Obrador, al opinar sobre los videos difundidos en los que se observa a militares disparando contra civiles en Nuevo Laredo, caso que se suma a otros donde elementos del Ejército Mexicano actúan con abuso de autoridad, no respetan los protocolos y se olvidan de la política de seguridad de “Abrazo no balazos”.
López Obrador comprobó este día que en su gobierno las autoridades encargadas de la seguridad en el país ignoran sus supuestas órdenes de no violar los derechos humanos y actúan como bárbaros, aplican un sistema de justicia extrajudicial como en el pasado, aunque el mandatario asegure que su gobierno no es igual a los anteriores.
“Todos los que participaron” se pondrán a disposición de las autoridades apuntó tras ser difundido en vides lo ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se observa a militares como bajan de una camioneta negra a los ocupantes de ésta, como los arrastran para posteriormente asesinarlos. “Antes las masacres se ordenaban “desde arriba” cuando la política de seguridad estaba a cargo de Genaro García Luna, cuando la orden era “mátalos en caliente”. Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales continúan, ya sean por órdenes del jefe supremo o sin ellas.
López Obrador quien se ha convertido el en abogado defensor del Ejército Mexicano y ha tratado de que estos abusos de autoridad no rebasen el nivel de escándalo que ensucie más a su administración, refirió que la Secretaría de la Defensa Nacional (sedeña) está solicitando que se actúe por la posible ejecución extrajudicial y apuntó que es Fiscalía General de la República (FGR) se encargará de la investigación, con la promesa, como ha hecho con otros casos, de que no habrá encubrimiento.
GRABACIÓN
En la grabación que supuestamente data del 18 de mayo pasado “muestra cómo los militares sacan a los civiles de una camioneta. Algunos de los civiles portan armas. Los soldados les desarman, los patean y luego los colocan junto a un muro. Minutos más tarde, en un momento un tanto extraño, los militares parecen refugiarse de algo y, mientras, disparan contra los civiles. Todos mueren en el acto menos uno, que fallece después en el hospital”, según cita el periódico “El País” en su edición digital.
La grabación no sólo exhibe la forma de actuar de los elementos del Ejército Mexicano, sino que además se observa como estos militares alteran el lugar de la ejecución, ya que uno de ellos toma armas largas con una bolsa de color rojo para no tocarlas con sus manos y las coloca junto a los cadáveres. Asimismo, otro militar que observa que uno de los cadáveres aún llevaba puestas las esposas que previamente les habrían puesto.
La pregunta obligada con esta actuación de los elementos de la Sedena es ¿cuántas veces habrán hecho lo mismo?
ANTECEDENTE
Los abusos de autoridad y ejecuciones por parte de elementos del Ejército Mexicano han sido exhibidos en forma más recurrente y sin que se haya hecho algo para frenar esta situación, basta con recordar el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, el pasado 26 de febrero pasado, también por militares, y donde supuestamente se detuvo a los responsables, pero hasta el momento no se sabe cómo va su proceso, si realmente los juzgará una autoridad civil o si continuarán en una celda cinco estrellas en las instalaciones de la prisión militar.
En los primeros tres años del gobierno de López Obrador, la Sedena informó que en 640 enfrentamientos con civiles armados, mató a 515 personas, detuvo a 381 e hirió a 89, y que 21 soldados perdieron la vida en ese período de tiempo. Por lo general, las autoridades no realizan investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza letal por parte de militares en las operaciones de seguridad pública, pero con lo ocurrido en febrero pasado y ahora lo ventilado en video y que ocurrió el 18 de mayo pasado también en Tamaulipas ha desatado las sobre sobre en cuantas operaciones de este tipo han actuado militares que ha ocultado la Sedena para proteger a sus elementos.
OTRO MÁS EN NUEVO LAREDO
Una grabación del 3 de julio de 2020 da cuenta de otra ejecución por parte de militares. En la grabación que dura poco más de 4 minutos, elementos del Ejército Mexicano abaten a 12 presuntos integrantes de la llamada “Tropa del Infierno” del Cártel del Noreste (CDN), tras responder a una supuesta agresión contra un convoy del 16 Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército mexicano, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, según dio a conocer el diario “El Universal.
La versión oficial señalaba que después del cese al fuego no hubo nadie que tuviera signos vitales y así presentaron 12 personas supuestamente abatidas tras un enfrentamiento, pero un video grabado por uno de los militares revela que había un presunto sicario con vida al que no le prestaron atención médica.
En la grabación se observa a una persona que se mueve en la caja de una camioneta pick up color plata que tenía al menos 243 impactos de bala de distintos calibres. A su lado hay cuerpos y frente a esto supuesto sobreviviente están cinco militares apuntándole con lámparas y armas. Los militares gritaban “¡está vivo!” y un militar ordenó: “mátalo”.
DENUNCIAS
En agosto del 2022, Tyler Mattiace, investigador para México de Human Rights Watch, señaló que “casi dos décadas de intervención militar en seguridad pública no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos, con casi total impunidad”, y en la administración de López Obrador la situación se agrava con constantes violaciones a derechos humanos.
“El presidente López Obrador debería abandonar la estrategia abusiva y fallida de seguridad militarizada adoptada por sus predecesores y emprender un esfuerzo para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de carácter civil en México”, subraya HRW.
De acuerdo con HRW, los militares, que han sido desplegados desde 2006 para tareas de seguridad pública, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, sin reducir los niveles desorbitantes de violencia.
DUDAS SOBRE OPERATIVOS
Organizaciones defensoras de los derechos humanos como HRW y Amnistía Internacional destacan que la información que el Ejército Mexicano publica sobre enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada o delincuentes supuestamente armados plantea dudas sobre la preparación y la predisposición de los soldados para atenerse a las normas de uso de la fuerza en operativos de orden público civil, incluyendo la norma según la cual los cuerpos de policía civil solo deben recurrir a la fuerza letal como último recurso, cuando esta resulte estrictamente necesaria para la protección de ellos o de otras personas.
Además, como en el reciente video de ejecuciones extrajudiciales donde se manipula la escena del asesinato por parte de los mismos militares, hacen dudar sobre la veracidad de los informes presentados por elementos del Ejército Mexicano sobre sus operativos.