Tras las advertencias de la ONU sobre los riesgos de su reforma judicial, el presidente desestimó las críticas y cuestionó la eficacia de la organización internacional

En una clara muestra de su desprecio por las instituciones internacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido no responder a la carta enviada por la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, en la que se advierten los riesgos de su reforma al Poder Judicial. Durante su conferencia matutina, López Obrador desestimó la advertencia de la ONU, calificando a la organización de ineficaz y acusándola de fomentar la diplomacia improductiva.

«No voy a responderle, lo digo con toda transparencia, porque estos organismos de la ONU no actúan con responsabilidad. Muchos conflictos internacionales se originan porque no los atienden», afirmó el mandatario, en un tono que subraya su constante actitud de desestimar cualquier institución que no apoye sus decisiones.

Aunque López Obrador ha promovido el diálogo sobre la reforma judicial, su actitud revela que no está dispuesto a considerar seriamente las preocupaciones y críticas planteadas. La propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, así como la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), han sido duramente criticadas no solo por la ONU, sino también por diversas organizaciones nacionales que ven en estas medidas un peligro para la independencia judicial. Sin embargo, parece que el presidente ya ha tomado su decisión, ignorando las voces que piden un análisis más profundo y equilibrado.

López Obrador argumenta que su iniciativa se apega a lo establecido en la Constitución y defiende la soberanía nacional frente a la intervención de la ONU. «¿Cómo va a opinar sobre nuestro país si, de acuerdo con nuestra Constitución, somos un país independiente? El Poder Legislativo tiene la facultad de hacer reformas. Entonces, ¿por qué se mete si es un asunto que tiene que ver con la Constitución?», cuestionó el presidente, mostrando una vez más su rechazo a cualquier tipo de supervisión externa.

El presidente asegura que escucha la voz del pueblo, pero en realidad parece hablar en nombre del pueblo, sin prestar atención a las preocupaciones legítimas de expertos y ciudadanos. Cabe recordar que, en contraste con su actitud hacia la ONU, López Obrador anunció que escribiría una carta al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que éste estaba mal informado sobre los migrantes mexicanos, a quienes había tachado de delincuentes y traficantes de drogas. En esa ocasión, AMLO sugirió que Trump estaba malinformado, argumentando que sus comentarios eran producto de esa desinformación y no de sus verdaderas convicciones. Sin embargo, su respuesta a la ONU ha sido tajante y despectiva. La diferencia entre ambos casos parece radicar en que la ONU cuestiona directamente una de sus decisiones unilaterales, lo que AMLO no está dispuesto a tolerar.

Margaret Satterthwaite, en su carta, destacó que la elección popular de jueces podría comprometer la independencia judicial, ya que los candidatos podrían buscar satisfacer a los votantes o patrocinadores de campaña en lugar de tomar decisiones basadas en principios jurídicos. Además, advirtió sobre la falta de mecanismos independientes para verificar la idoneidad de los candidatos y la posibilidad de que la reforma incremente la politización del sistema de justicia.

El presidente, sin embargo, desestima estas preocupaciones, tachándolas de interferencias externas y sugiriendo que están motivadas por intereses oligárquicos. «¿Dónde está lo inconstitucional, dónde está lo ilegal? Que no les guste a ellos, pues yo no sé a qué intereses representan», añadió.

La postura de López Obrador frente a la ONU y su insistencia en avanzar con la reforma judicial sin considerar las críticas demuestra una preocupante tendencia a ignorar cualquier oposición. En lugar de fomentar un verdadero diálogo y análisis, el presidente parece decidido a imponer su visión, desoyendo las voces de quienes advierten sobre los peligros que estas reformas representan para la democracia y la justicia en México.