El 28 de abril pasado, merced a usuarias y trabajadoras, luego de semanas de denunciar ataques sexuales sin ser escuchada, una mujer pudo acusar a un empleado, específicamente un enfermero del Albergue Cascada, de violarla repetidas veces. El albergue Cascada es uno de la red de centros de este tipo que opera la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en la Ciudad de México.
La propia Secretaría confirmó ya que la denuncia penal fue levantada ante la Fiscalía capitalina, misma que ha apurado los exámenes médicos y sicológicos propios de estas investigaciones. El albergue Cascada tiene la particularidad de alojar sólo mujeres que, en situación de extrema vulnerabilidad, presentan también problemas sicológicos. Ahora bien, se trata de mujeres con grados de depresión diversa o con algún otro mal, funcionales en quehaceres diarios. A partir de lo anterior, resulta increíble que el enfermero haya podido hacer que se desecharan denuncias anteriores alegando que las mujeres que lo acusaban “están locas”.
Esta táctica dejó de funcionar el 28 de abril porque la mujer denunciante fue vista salir, luego del enfermero, de un baño del albergue alejado de donde el resto de usuarias y trabajadoras del lugar realizaban actividades. La mujer se encontraba mal y finalmente se constataron marcas de una golpiza en el cuerpo.
Luego de esto se actuó y se presentó la denuncia que derivó en la investigación en curso.
El problema al que se enfrenta ahora la cadena de albergues para grupos vulnerables es que hay señalamientos de más ataques que la autoridad ministerial deberá investigar y que la reubicación del enfermero a otro albergue ha despertado el malestar de los trabajadores de los albergues; es una situación complicada porque estos trabajadores de por sí ya están indignados por las condiciones precarias (disminuciones de presupuesto) a las que son sometidos para trabajar.
No debe dejar de recordarse que en estos mismos lugares, siempre señalados por reportajes de la reportera Liliana Gómez y del diario Crónica, fueron el escenario de maltratos y vejaciones a niños que derivaron en una indagatoria de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX. Como es el denominador común de estos tiempos, la ombudswoman carnala Nashieli Ramírez Hernández, cuya institución no había escuchado denuncias de las trabajadoras de los albergues hasta que el asunto detonó en prensa, emitió una recomendación etérea con la que el gobierno capitalino pudo continuar con el mismo manejo de los albergues. El resultado está a la vista.