El órgano electoral advierte entre sus argumentos que la reforma afecta su autonomía y la capacidad de operatividad constitucionales
Ocho días después de que el Senado de la República aprobara el polémico Plan B de Reforma Electoral, este miércoles, a pesar de los reclamos desde Palacio Nacional y todos los partidos y legisladores allegados a la 4T, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la primera parte de esta iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al advertir que esta medida afecta su autonomía y la capacidad de operatividad constitucionales.
El pasado 1 de febrero, el Instituto Nacional Electoral presentó ante la Máxima Corte del país la demanda de controversia constitucional en contra del decreto con el que se reformaron las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, y publicado el 27 de diciembre de 2022.
La demanda del órgano electoral hace alusión a la promulgación de la primera parte de las reformas electorales y asegura que se vulneran los artículos primero, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Carta Magna . Asimismo, subraya que se afecta su función como árbitro en las elecciones al permitir la comunicación social y la propaganda gubernamental, ya que la propaganda podría influir la elección.
La primera parte de la Reforma Electoral B incluye entre diversas disposiciones, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales quedaron suspendidas desde la semana pasada por orden del ministro Pérez Dayán.
Frente a los reclamos desde Palacio Nacional y partidos afines a la 4T, luego de que la semana pasada el ministro Pérez Dayán otorgó la suspensión en contra de estas reformas al admitir a trámite las acciones de inconstitucionalidadpresentadas por partidos políticos y legisladores de oposición, dio un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara de Diputados y el Senado, así como la Presidencia y la Secretaría de Gobernación presenten su contestación.