De la manera más hipócrita del mundo el “gobernador” de Nuevo León, Rodrigo Medina, pide comprensión y alejamiento a quienes pretenden “lucrar” con la descontrolada situación en su estado y de la cual –por si no lo sabe— él es responsable final.
Por eso le ha sonado ya la segunda llamada. La primera fue cuando los empresarios neoleoneses (los verdaderos dueños del poder político en Nuevo León), se reunieron con Felipe Calderón tras el incendio del Casino Royal y sus muchas muertes, y le exigieron intervenir para meter el orden en del estado de Nuevo León, ante la ineptitud manifiesta del gobernador Medina.
Eso ocurrió en agosto del año pasado. Así lo informó la prensa de aquel estado:
“El presidente Felipe Calderón habló con empresarios de Nuevo León del ataque al casino Royale en Monterrey, el reforzamiento de la presencia federal y se habló de «medidas adicionales de seguridad» en la entidad.
“(Estuvieron presentes) Adrián Sada de VITRO, Armando Garza Sada de ALFA, Eduardo Garza de FRISA, Enrique Zambrano de PROEZA, Eugenio Garza Herrera XIGNUX, Federico Toussaint de LAMOSA, Francisco Garza Zambrano de CEMEX, José Antonio Fernández de FEMSA, Lorenzo Zambrano de CEMEX, Ricardo Martín de Soriana y Tomás González CYDSA.
“El mandatario les indicó que México podrá consolidar el país seguro y justo que quiere cada mexicano con el trabajo conjunto entre la sociedad y gobierno «donde cada cual asuma las tareas que le corresponden».
Pero por, lo visto la sibilina recomendación “donde cada cual asuma las tareas que le corresponden” deslizada por el Presidente en alusión a la irresponsabilidad de Medina, no ha sido suficiente.
La masacre de la cárcel de Apodaca, cuyas proporciones y barbaridad no caben siquiera en la historia universal de la infamia (hubiera dicho Borges), ha generado una airada reacción de los dueños del dinero en Monterrey y otros municipios industriales del estado.
Apenas hace un par de días los mismos empresarios y algunos más, le pusieron a Medina las peras a veinticinco:
“Los organismos del sector privado de Monterrey (Reforma) lanzaron hoy un ultimátum al Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, para que adopte medidas contundentes que resuelvan la crisis de inseguridad que afecta la entidad.
“Al dar a conocer los resultados de la tercera edición del Pulsómetro de Seguridad, los representes de Coparmex, Ccinlac y Caintra demandaron al Mandatario estatal enfrentar el problema de inseguridad en lugar de ocuparse de asuntos partidistas y electorales.
«Hoy estamos encendiendo el foco de alerta y la última llamada al Gobierno del Estado», señaló Eugenio Clariond Rangel, presidente de la Caintra. El tema de la seguridad no se deslinda a secretarios ni se delega a voceros. Queremos ver al Gobernador liderando y resolviendo los grandes problemas que enfrentamos en lugar de solamente aparecer en eventos de otra índole…»
“…-¿Es un ultimátum al Gobernador?, se le preguntó a Clariond Rangel.
«–Prácticamente esa es la respuesta», contestó el empresario”.
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Pero si la caradura del gobernador Medina no se agrieta, tampoco se preocupa de más Don Alejandro Poiré quien despacha en Bucareli como secretario de Gobernación y como si se tratara de dos mundos separados, defiende el sistema federal de reclusión con argumentos parcialmente válidos:
“El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, admitió que el sistema penitenciario “tiene retos significativos”, como la ampliación de infraestructura y la depuración del personal, pero destacó que en los penales bajo el control de la federación no se ha presentado ni un solo disturbio en la presente administración similar al ocurrido en Apodaca, Nuevo León”.
Y es cierto, pero en los gobiernos panistas han ocurrido cosas cuyo aroma no es precisamente el de las rosas. Recordemos:
“En sólo siete meses, de mayo a diciembre del 2004, tres presuntos narcotraficantes e integrantes del Cártel de Sinaloa que comanda Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” Guzmán, fueron asesinados en el interior de La Palma. El primero de estos homicidios ocurrió el 4 de mayo.
“Ese día fue encontrado muerto en los baños del penal Alberto Soberanes Ramos, alias “El Socorro”, presunto lugarteniente de “El Chapo” Guzmán…
“…Cinco meses después de la muerte de “El Socorro”, el 6 de octubre del 2004, Miguel Ángel Beltrán Lugo, alias “El ceja güera”, fue baleado en el comedor de La Palma. Su asesino, un interno llamado Juan Govea, le disparo cinco veces con un revólver calibre 22.
“Siete días antes de este asesinato, el 29 de septiembre del 2004, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Federal habían realizado un cateo en La Palma.
“La tarde noche del 31 de diciembre pasado Arturo Guzmán Loera, apodado “El pollo”, y hermano de Joaquín Guzmán Loera, fue baleado por el interno José Ramírez Villanueva.
Ese día “El Pollo” Guzmán y su victimario sostenían una entrevista con sus respectivos abogados en la zona de locutorios del penal… empuñando una pistola, calibre 9 milímetros, Ramírez amagó a los custodios y se dirigió al locutorio 22 donde “El pollo” Guzmán dialogaba con su abogado. Disparó en ocho ocasiones contra el hermano de “El Chapo” Guzmán”.
Y ya no digamos en materia de fugas, pues quizá con la elocuencia de su capital, el narcotraficante más rico del mundo se les fue de Puente Grande, Jalisco. Y eso por no contar las fugas de Huimanguillo, Tabasco y las Islas Marías de donde se les pelaron en tablones y llantas seis reos cuya efímera libertad terminó cuando los recapturó la Marina Armada.
En el caso del penal de Huimanguillo le convendría a Poiré tener alguien con unas tijeritas aunque fuera para hacer recortes de prensa como éste:
“La Procuraduría General de la República (“Tabasco hoy”) acusó penalmente a Julio César Cué Busto, quien hasta el año pasado era director del Penal Federal Número 6 en Huimanguillo, Tabasco, por la primer fuga registrada en el sexenio de un reo federal.
“El 26 de mayo de 2010 logró evadirse de dicho centro penitenciario el secuestrador y homicida Federico Álvarez Ávila, quien purgaba una condena de 40 años de prisión, de los cuales llevaba cumplidos apenas 12. Su paradero se desconoce a la fecha (enero 11)”.
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Pero unos más, unos menos, todos los actores políticos han salido a lucir la batea. Ha habido quienes encuentran la oportunidad para cabildear la solución de la vida carcelaria por medio de la administración privada de los penales como si no se tratara en última instancia de administrar la corrupción por otras manos.
El problema de las cárceles no reside ni en la clasificación del delito ni en la convivencia de reos federales o reos comunes (lo único común es su condición de delincuentes) sino en su condición de espacios cerrados donde la corrupción permite los más grandes negocios subterráneos de la burocracia.
No es un problema de custodios ni de alcaides únicamente. Es una cadena en uno de cuyos extremos está la zona más alta de la administración pública. De otra manera no se comprende la impunidad sistémica en la operación de los presidios donde sufren los internos, pero también, afuera, sus familiares.
Cálculos conservadores nos llevan a comprender las dimensiones del negocio. Si en este país hay 240 mil presos de todo orden y cada uno de ellos es exaccionado, directamente o por medio de sus familiares con diez pesos al día eso significaría un negocio de dos millones 400 mil pesos diarios.
¿Y si fueran veinte o si fueran treinta pesitos? Tome usted la calculadora.
Pero también calcule esto: la corrupción del sistema penitenciario nacional no afecta nada más a los internos. Si cada uno de ellos tuviera cinco familiares cercanos, directos; hijos o padres, el universo explotable de la dádiva, la visita y la reclusión, abarcaría a más de un millón de personas las cuales deben hacer circo maroma y teatro para juntar el dinero por el cual su interno puede malamente sobrevivir en el infierno del hacinamiento y la indignidad.
