La remoción del fiscal contra los delitos electorales, cuya autonomía y utilidad plena han sido siempre una ilusión (recuérdese el decorativo papel de María de los Ángeles Fromow en tiempos de Macedo de la Concha) inaugura la temporada de disturbios a pocos meses de las elecciones presidenciales, las cuales ya se parecen a los viejos carteles taurinos, “previo permiso de la autoridad y si el tiempo lo permite”.
El Partido Revolucionario Institucional ha explicado el cambio de fiscales, como parte de una conjura en su contra relacionada con el reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuya vara se inclinó en contra de las pretensiones de la primera hermana de la Nación, la señora Cocoa Calderón quien a pesar de todo no permanecerá sin techo pues ya le prepara el Partido Acción Nacional –como una concesión a su familia–, un acceso expedito al nuevo edificio del Senado de la República, construido, por cierto, frente a la Torre Azul de los panistas a cuya compra ella se opuso cuando fue senadora por primera vez.
Pero esos son pelillos a la mar.
Lo notable en este asunto es la intención de asociar dos fenómenos: la actividad electoral y el narcotráfico. O mejor dicho, la forma como el oficialismo ha querido explicar los avances electorales del PRI, en algunas partes, gracias a su cercanía con las bandas de malhechores del país.
El laboratorio para demostrar esa vinculación delictuosa ha sido obviamente Michoacán, donde se pusieron en práctica muchos de los nuevos modos de hacer política en México.
Ahí comenzó el auxilio castrense a las tareas de seguridad pública; ahí se intentó probar la vinculación de las autoridades políticas con el narco mediante el fracaso expediente conocido en son de chunga como “el michoacanazo” y ahí también se intentó suprimir un proceso electoral a través de una candidatura única, promovida supuestamente por los empresarios de aquella entidad, cuya última circunstancia sería al anulación de las elecciones. No se puede elegir cuando nada más hay uno.
Después se dio un paso más, la anulación de los comicios municipales de Morelia y el intento de repetirla en el estado completo, precisamente después de la denuncia de la candidata derrotada.
Pedro Joaquín Coldwell atribuye la remoción del fiscal para delitos electorales, Luis Vargas Valdez, a su imprudencia de condenar en una conferencia washingtoniana, la tentación de utilizar el aparato judicial para desbarrancar desde el poder a los enemigos políticos y al mismo tiempo oponerse a la anulación de las elecciones michoacanas, ejemplo de tan riesgosa tendencia.
El presidente del PRI fue claro y no dejó espacio para la duda sobre sus palabras y le mandó una meditada pero firme carta a la procuradora Marisela Morales en la cual le dice entre otras estas graves consideraciones:
“…En fechas recientes, se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal, en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y favorecer al Partido Acción Nacional.
“Es inadmisible que la FEPADE se convierta en un instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno.
“Hay que recordar que la creación de la FEPADE se generó a raíz del impulso y solicitud que el Instituto Federal Electoral acordó a través de su Consejo General, razón por la cual, genera desconfianza que en pleno desarrollo del proceso electoral, existan versiones de una eventual sustitución del mencionado servidor público, por un nuevo titular que pudiera ser susceptible a recibir consignas político-partidarias.
“El PRI reitera su irrestricto apego a la ley y a las instituciones del país.
“El PRI no defenderá a nadie que actúe fuera de la ley, incluyendo a sus propios militantes. Sin embargo, nos oponemos a que se pretenda aplicar la ley, violando la ley”.
Sin embargo las preocupaciones estratégicas del PRI no dieron resultado: La sustitución del fiscal se dio como estaba prácticamente anunciado y a la oficina del Periférico Sur llegó desde ayer la señora Imelda Calvillo, cuya carrera se ha desarrollado sin visibilidad mayor y es para algunos incomprensible, pues sus afanes se orientaban a buscar lavadores de dinero y no felones electorales.
Sin embargo un delito es un delito y un fiscal debe detectar su comisión en cualquier ámbito pues su especialidad es el derecho y su habilidad hacerlo respetar. Al menos eso es la teoría.
En la práctica hoy hay muchas personas enojadas en este país. Una de ellas, el Presidente Calderón por la toma de posesión ayer de Fausto Vallejo. Las otras, los jerarcas del PRI, quienes no pudieron convertir el nombramiento de Calvillo en prueba de preparativo de la guerra sucia.
