La austeridad y la disciplina presupuestal es una obligación de los órganos de gobierno y los autónomos, como el IEDF, Tribunal Superior de Justicia, ALDF, entre otros, porque ni el país o la Ciudad de México están en condiciones de desperdiciar recursos en época de crisis. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF hizo un llamado a ambas partes a sujetarse a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente que evitará que el presupuesto se desvíe a gastos suntuosos o de otra índole.
La Secretaria de la Comisión, la perredista Maricela Contreras señalo que los lineamientos de austeridad que deberán adoptarse para alejarse de tentaciones innecesarias o gastos discrecionales. Entre estos, precisa el órgano fiscal de la Asamblea, los Jefes Delegacionales, en 2010 tiene prohibido realizar viajes al extranjero con cargo al erario de su demarcación.
Bajo los lineamientos antes mencionados se destaca que ninguna instancia oficial puede argumentar autonomía pretendiendo ser excluidos de criterios de racionalidad de gasto o de transparencia, por el contrario cada delegación u oficinas gubernamentales y autónomas tienen prioridades, por ello antes de concluir el mes de marzo tendrán que entregar a este órgano los lineamientos de austeridad y disciplina del gasto.
Como se recordará el Presupuesto 2010 destina para los cuatro órganos de gobierno y siete instancias autónomas 7 mil 845 millones 609 mil 477 pesos a quienes se les dará puntual seguimiento para el uso honesto de los dineros.
Los rubros en donde deberán aplicarse lineamientos de gasto eficiente, y serán vigilados permanentemente son: publicidad, vehículos de servidores públicos, viajes oficiales, bienes y servicios como gastos en telefonía, combustibles, alimentos, viáticos y remodelación de oficinas de los funcionarios. El plan de austeridad exige que “no deben afectarse las acciones sustantivas de los órganos de gobierno y autónomos, ya que la austeridad tiene como objetivo eliminar cualquier gasto innecesario a favor de funcionarios y optimizar los recursos destinados a rubros que beneficien a la ciudadanía.
