No podía ser de otra manera. La sentencia de la Sala Constitucional- Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, en torno de los actos anticipados de campaña, la adquisición de tiempos para promoción electoral (en contra de la disposición constitucional) y la supresión de los debates no por la discusión en sí misma sino por la contratación necesaria para divulgarlos, encendió la ira de quienes desde un principio se opusieron a esta reforma publicitario electoral.
Las nuevas reglas, cuyos alcances modificaron –en parte o del todo– los artículos 14; 16; 17; 41, y 116, fracción IV de la Constitución, fueron desde su discusión materia de acrimonia.
La reforma, para usar una expresión de moda entre los panistas, tuvo como objeto, “emparejar el piso” y la única manera de hacerlo en materia de promoción a los partidos, era negándoles a todos el tiempo comprado (por ellos o a trasmano) y dándoles también a todos parte equitativa de los tiempos oficiales para la propaganda electoral.
Siempre se le vio (a mi modo de ver de manera injusta y excesiva) como un ataque a la libertad de expresión, pues el veto para comprar tiempo y promover a un candidato o deturpar a otro con cantidades masivas de dinero a cambio de futuros favores políticos (como la venta de Aeroméxico, por ejemplo), no cancela, ni con mucho, el derecho de opinar ni tampoco la posibilidad de respaldar a quien se quiera en los términos de las leyes electorales. Además la veda sólo se aplica a los medios electrónicos.
Esa fue al menos la interpretación de la Suprema Corte de Justicia cuando rechazó la demanda de amparo de un grupo de intelectuales bajo cuyo prestigio (en algunos casos desprestigio) se quisieron cobijar las reclamaciones de diversos actores y partidos políticos.
Como se sabe la Corte les dio con la puerta en la nariz el 28 de marzo del 2011.
La página web de Televisa lo publicó de esta manera:
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo interpuesto por 15 intelectuales contra la reforma constitucional de 2007 que prohíbe a particulares contratar propaganda electoral en radio y televisión.
“Por mayoría de votos, siete a favor y cuatro en contra, el pleno de la Suprema Corte decidió desechar el amparo y no revisar si la reforma constitucional de 2007 viola el derecho a la libertad de expresión, como asegura el grupo de intelectuales. Jorge Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN, indicó que «el juicio de amparo, según su regulación actual, no es el conducto adecuado para ese fin».
Ante esa determinación los quejosos anunciaron el traslado de sus empeños a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (dependiente de la OEA; organización a su vez financiada de manera abrumadora por el gobierno de Washington) y hasta ahora no se han dado noticias definitivas sobre la prosperidad de sus querellas contra el Estado mexicano.
Como sea la imaginación siempre tiene recursos. Si no es posible contratar tiempos en la televisión y la radio sí se pueden buscar formas paralelas de estar presente. Y para eso los debates son un recurso inmejorable, tanto como las entrevistas o los reportajes sobre tal o cual tema en cuyo cuerpo se incluyen doctas opiniones del aspirante.
En los días cercanos se desató un amago de epidemia: la “debatitis” y casualmente todos los proponentes llevaban una sola intención: subirse a un cuadrilátero contra Enrique Peña Nieto. También se rumoró una ilusoria pelea estelar a quien sabe cuántos rounds entre Andrés Manuel López Obrador y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari la cual hubiera podido convertirse después en un guión para prolongar la saga de películas del Santo.
Mas la divulgación de la sentencia del tribunal nayarita, propalada por cierto de manera reiterada y consecutiva en varias emisiones electrónicas por el abogado Javier Tejado Dondé, frenó la epidemia.
Entonces la denuncia fue, el IFE prohíbe los debates y agrede la libertad de expresión, lo cual es inexacto. El IFE no hace leyes, nada más las aplica.
Pero para dejar las cosas más claras (Notimex), “Francisco Guerrero, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) aclaró que no están prohibidos los debates entre los precandidatos a puestos de elección popular, sino que estos adquieran tiempos para presentarlos. Si en esto hay alguna dosis de absurdo es en todo caso un absurdo legal.
“Guerrero Aguirre se refirió a una queja que promovieron varios ex aspirantes a un puesto de elección sobre un debate del que fueron excluidos, y recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió como infundada la querella”, dijo Notimex.
En estas condiciones los debates se darán entre candidatos, no entre precandidatos pues los tiempos oficiales son para aquellos y no para éstos quienes apenas dirimen sus valores y argumentos en una contienda interna cuyo desenlace, en un sentido estricto, no le debería importar sino a los militantes de cada partido.
En este sentido tampoco se sabe aún cómo se harán esos debates cuyo desarrollo fue auspiciado por la Cámara de la Industria de Radio y TV (¿cómo olvidar el “¡hoy, hoy, hoy!” consagratorio de Vicente Fox?) pues si los mensajes se deben dar en los tiempos oficiales, éstos están diseñados y “apartados” para “spots”, no para emisiones prolongadas. No es posible hacer debates de pocos minutos como si fueran anuncios. No se debate por goteo.
Pero de vuelta a las precandidaturas y la selección de candidatos. Darles a los procesos internos, por muy democráticos como se les quiera presentar, categoría de acontecimiento nacional o cuestión informativa cuyo desarrollo merezca transmisiones de una hora o una hora y media cada vez, puede ser un buen negocio, pero no es de ninguna manera un requisito democrático.
La raíz del asunto es tan obvia como esto: a las pocas horas de terminado el informe del Senador René Arce en la Alameda, donde Emilio González le ofreció la candidatura presidencial del Partido Verde a Enrique Peña el sábado pasado, y éste a su vez habló de Beatriz Paredes como la mejor carta del PRI para la candidatura al gobierno del DF, Marcelo Ebrard enfureció y retó a Peña a un debate.
Obviamente Ebrard necesita elevar su posición en las encuestas pues las supone como el mecanismo por el cual logrará posicionarse por encima de Andrés Manuel y arrebatarle una candidatura tan obvia como para tenerla clara hasta desde la presidencia del PRI, según dijo Moreira en esta misma semana.
Vamos a ver si ahora otros intelectuales orgánicos y no tanto, se ofrecen para querellarse ante tribunales extranjeros en contra de cuanto sea necesario con tal de lograr mejores y mayores posiciones en el futuro.
Ya se sabe, el civilismo adherente y apoyador, según el caso, se ha convertido en México también en un buen negocio.
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De pronto despertamos todos en olor de santidad. Las reformas legales de Baja California, por las cuales el aborto, como en siglos anteriores, es un delito grave y quien lo cometa queda no sólo excomulgado sino listo para arder en el fuego eterno del averno, previo paso por el justiciero sistema carcelario nacional, fueron consagradas (como el vino y el pan; el otro pan) merced a la intervención del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.
El señor obispo de Mexicali, José, Isidro Guerrero Macías enjugó la última gota de sudor de su frente y con un oportuno “¡Uff!, casi lo perdemos”, reveló cómo la intervención del Santo Padre Ratzinger hizo posible el milagro de los “Panes” y los votos.
De inmediato el gobierno de la república, afectado en su siempre fulgente imagen de laicismo a toda prueba, a pesar de la intervención de la pareja presidencial en el debate y la sospecha de cómo algunos ministros como los gatos, en la noche son todos pardos, se aprestó a desmentir al señor obispo quien de seguro como santo varón de vida consagrada al servicio del señor y la SMICAR (Santa Madre Iglesia, Católica, Apostólica y Romana) sabe en el fondo y quizá la superficie de su conciencia lo grave de mentir y fallar en la observancia del octavo mandamiento.
Pero aquí alguien miente o se está haciendo como el conejo. O miente el gobierno o lo hace el obispo o falta a la verdad el Vaticano con sus desmentidos, pero en esta ensalada de mendaces no es creíble una simple “puntada” del prelado, quien de seguro tendrá otras cosas por hacer más allá de inventar intervenciones papales en asuntos como este cuya solución, sin duda ninguna, es un respaldo a las posiciones tradicionales del clero y sus dependientes políticos.
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Hoy ofrece César Duarte su primer informe de gobierno en Chihuahua. Tras un inicio accidentado y con tropiezos evidentes, Duarte parece haber encontrado un camino distinto.
Entre sus logros notables este mediodía destacará los siguientes, según se pudo conocer en un borrador del documento cuyo contenido someterá al Congreso estatal: la captura de 170 secuestradores detenidos, la desarticulación de 42 bandas y el esclarecimiento de 135 secuestros, nueve de cuyos autores fueron condenados a cadena perpetua.
A pesar de lo relativo de las cifras, el contexto en el cual se presentan (la tragedia Juárez) los hace significativos:
“La incidencia de homicidios dolosos ha disminuido paulatinamente en el estado, sobre todo en ciudades como Juárez y Chihuahua. Tan sólo en la frontera, comparando agosto de 2010 con agosto de 2011, el porcentaje de homicidios vinculados con el crimen organizado se redujo casi un 45 por ciento”.
Por otra parte Duarte informará sobre la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas del Delito y el Centro de Justicia para la Mujer, desde la cual se han realizado más de 18 mil gestiones a favor de víctimas ; 2 mil 969 fueron del orden jurídico, 2 mil 166 de asistencia y 13 mil 104 mediante consulta y tratamiento psicológicos.
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Pues si a nivel federal la reforma basada en las propuestas de Manlio Fabio Beltrones no tuvo todo el éxito anhelado por su autor, en Baja California las cosas se presentaron diferentes.
El Congreso Local aprobó en martes cambios en los cuales se incluyen figuras como el Gobierno de Coalición y la Ratificación de Gabinete, además de la Revocación de Mandato y pruebas antidroga a candidatos y funcionarios.
Obviamente el senador Fernando Castro Trenti es la mano detrás de todo el trabajo político para lograr estos avances en BC.
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Hoy juega en Guanajuato un equipo de las ligas inferiores. “Los caudillos” de San Miguel de Allende. Ahí, desee hace semanas los veedores de talento se han fijado en un arquero jovencito –Sebastián Noriega (recuerde el nombre) -, cuyas facultades y decisión deportiva, su capacidad de trabajo y su responsabilidad, sin las cuales lo primero no sirve de nada, lo podrían llevar en un tiempo a cuidar los palos donde antes han estado “El conejo Pérez” o Guillermo Ochoa, por señalar solo a un par de destacados “cancerberos” mexicanos.
Suerte.
