Ante el anuncio del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de que este miércoles, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) pondrá en marcha un “operativo o esfuerzo nacional” en materia de empleo y educación para jóvenes en todas las entidades federativas que consistirá en abrir bolsas de trabajo y ofrecer becas, en calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y siendo interés de la Asamblea que ha emitido diversos mensajes parlamentarios contra las empresas outsourcing que, como se sabe, violan sistemáticamente los derechos laborales de los trabajadores, se hace un llamado al Presidente de la CONAGO, Marcelo Ebrard Casaubón de que se tenga especial cuidado que las empresas que ofrecen plazas de trabajo no tengan la naturaleza de terciarias u outsourcing.
“No es posible generar empleo para jóvenes con empresarios que agreden los derechos humanos y laborales de quienes por necesidad busca una oportunidad”, Estas organizaciones terciarias, insistió López Cándido violan flagrantemente los derechos consagrados en la Constitución Mexicana. La Conago tiene influencia nacional y resulta pertinente que su agenda adopte como prioridad la conformación de un instrumento legal y plural que tome posiciones y desarrollar acciones contra la legalización de sistemas de empleo que contravienen los derechos constitucionales y humanos de las personas.
El diputado petista aclaró que la Asamblea Legislativa adoptó una postura crítica contra las empresas outsourcing que no garantizan ni otorgan prestaciones de Ley, como seguridad social, vivienda, antigüedad, vacaciones, etc. lo que deja en la indefensión al contratado.
El Diputado López Cándido insistió en que el Presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores no se incline en promover empleos con falta de garantías respeto a los derechos del empleado especialmente cuando son jóvenes y de ellos depende una familia.
Aunque conocida la extorsión vía telefónica desde algún reclusorio, sigue dándose la práctica, ante los ojos de la autoridad capitalina
Por considerar que la extorsión telefónica sigue siendo una de las principales violaciones a la seguridad y tranquilidad de los capitalinos, el GPPAN, en voz de su Coordinadora, Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, dio a conocer algunas medidas para atacar el delito pues en lo que va del año alcanzó cifra de 564 atentados.
Exhortó al Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, a crear una Fiscalía Especializada que atienda a las víctimas de la extorsión; al Ejecutivo local promover la modificación del Reglamento de los Centros de Reclusión del DF y al Secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, a informar sobre los recursos destinados para la compra de tecnología que bloquee la señal telefónica móvil en el interior de las cárceles.
“Queremos que se les impongan sanciones tanto a los internos que tengan teléfonos celulares y a los custodios o personal de seguridad de los reclusorios que permitan la introducción y uso de aparatos. Es vergonzoso, insistió Gómez del Campo, que el DF, junto con el Estado de México, sean las entidades en donde se concentran más de 46 por ciento de extorsiones a nivel nacional, incluso por encima de las entidades fronterizas”
Por su parte el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, Carlos Flores Gutiérrez, adelantó que presentará una iniciativa de reformas a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, con el fin de endurecer el castigo y poner candados al uso de celulares dentro de los reclusorios, para reos y empleados.
De 2009 a la fecha, el número de llamadas para extorsionar ascendió de 6 mil 179 a 6 mil 700, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Ley y los Derechos Humanos.
El diputado del PAN criticó que el gobierno capitalino no pueda hacer nada contra los reclusos que se dedican a este delito, pues se sabe que en los reclusorios existen al menos 916 bandas de extorsionadores operando desde 2008 en distintos penales del país, de estas 15 de las más activas lo hacen en penales del Distrito Federal.
Gómez del Campo y Flores Gutiérrez dijeron que de las más de 400 mil llamadas de extorsión en los últimos cuatro años, las principales modalidades han sido mensaje vía celular como “ganadores de premio”, con más de 48 mil reportes. Le siguió “el secuestro de un supuesto familiar” con más de 40 mil denuncias y, por último, el aviso de “un pariente que viene del extranjero” en 36 mil casos.
De no modernizarse los mercados públicos su extinción es inminente
Contar con una ley que ayude a mejorar la operación de los mercados públicos del Distrito Federal, debe ser un tema prioritario para esta legislatura, coincidieron los diputados Alicia Téllez Sánchez y Rafael Calderón Jiménez durante el foro Impulsando a los Mercados Públicos.
Los legisladores resaltaron que la información y organización son las herramientas que permitirán mejorar las condiciones de operación de éstos.
Aseguraron que los mercados populares están sitiados por la Norma 29, y que su problema de sustentabilidad, competitividad y desarrollo no se ha atendido, el panista Rafael Calderón Jiménez sostuvo que se deben buscar medidas alternas que les ayuden a sobrevivir.
El Presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la ALDF, calificó como una traba, el Programa de Actualización y Regularización del Empadronamiento de los Comerciantes Permanentes de los Mercados capitalinos, realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico.
Lo que se requiere es la aprobación de una ley que dé cumplimiento a las necesidades de mantenimiento, salubridad, protección civil, servicios y organización en la administración de los mercados.
Calderón Jiménez dijo que no se puede hablar de modernidad si no se resuelve el problema de falta de recursos, porque esto es un freno a la competencia. Insistió en que urge una legislación en la materia porque más de 70 mil familias dependen de esa actividad económica.
Por su parte, la diputada priísta Alicia Téllez sostuvo que se trata de una problemática añeja que no ha sido resuelta y que la competencia entre los mercados y las tiendas privadas no es pareja. Los locatarios deben estar unidos e informados para emprender acciones en conjunto.
La legisladora urgió a mejorar los servicios y el financiamiento para dar mejor atención al cliente.
Téllez Sánchez se pronunció por una legislación moderna, que los diputados deben aprobar sin importar filiación política, pues el rescate de los mercados públicos requiere incentivos para los locatarios, mejoras en su infraestructura y en los precios al público.
Ha fallado la aplicación del Presupuesto Participativo. Los vecinos no observan resultados a sus peticiones y necesidades de mejora en sus calles
Ante los nulos resultados de la aplicación del presupuesto participativo en las 16 delegaciones políticas, la Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la ALDF, Diputada Lizbeth Rosas Montero, presentará una propuesta para reprogramar la Consulta Ciudadana del próximo domingo 28 de agosto.
Precisó que la demanda frecuente de los Consejos Delegacionales y Comités Ciudadanos es la falta de aplicación de los 700 millones de pesos, etiquetados, para atender la propuesta de los capitalinos realizada el pasado 27 de marzo.
Ante la imposibilidad de que los gobiernos delegacionales y local concreten en las colonias los proyectos solicitados por los vecinos, no existen condiciones reales y consistentes para realizar una nueva consulta
Lizbeth Rosas exhortará a través de un Punto de Acuerdo al Jefe de Gobierno, al órgano legislativo y el Instituto Electoral local, posponer la consulta ciudadana y celebrar mesa de trabajo para revisar las circunstancias de la consulta a fin de proponer lineamientos para su celebración a finales de octubre.
Adelantó que hará un llamado a las Delegaciones Políticas a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana, sobre la aplicación del Presupuesto Participativo, y a la Secretaría de Finanzas para llevar a cabo procedimientos administrativos que agilice la autorización de los recursos públicos para los proyectos elegidos por los comités ciudadanos y el Consejos del Pueblo.
Advirtió que la participación vecinal podría verse disminuida, no sólo por la falta de difusión para la próxima consulta ciudadana, sino por la ausencia de obras que demuestren a los ciudadanos la aplicación del 3 por ciento del presupuesto total de las delegaciones a favor de los vecinos.