Si bien el Presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa informó del asunto con la gravedad del caso y para hacer cuanto hizo se apoyó en los artículos constitucionales, 67, 78 y 89, es en este último en el cual se advierte la naturaleza definitiva de su petición.
La constitución dice (sobre sus facultades y obligaciones) en el dicho artículo: “Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente”.
La confusa redacción de la Constitución en este sentido tiene una doble interpretación.
O bien condiciona la facultad presidencial al previo acuerdo de la comisión permanente o bien le permite a esta iniciar las sesiones del periodo extraordinario tras la solicitud presidencial.
Pero sean manzanas o sean peras, el Presidente le pide o solicita a la Cámara de Diputados una mayor laboriosidad a lo cual los padres conscriptos han respondido alguno de airada forma, como Pedro Pablo Ramírez Puga, como dije ayer en esta columna, o de manera sesgada como Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente del cuerpo legislativo quien explica la demora de algunos asuntos por la tardanza como les fueron entregados para su revisión y labor parlamentaria.
Es el caso de las posibles leyes sobre robo de combustibles o el sistema penitenciario y la aplicación de sanciones penales. Llegaron al cuarto, para las doce y no tiene un sentido de tanta urgencia como para recibir por su tardanza el fuetazo de la reconvención presidencial.
Donde si se tiene prisa pues el plazo constitucional esta vencido y la Cámara incumple la Constitución por su tardanza es en la designación de los consejeros electorales. Pero ahí el Partido Acción Nacional juega un papel central.
Bastaría una palabra del jefe del PAN para resolver el asunto en 15 minutos (hubiera dicho Fox). Pero mientras los azules se empeñen en sobre representarse en el Consejo General del Instituto Federal Electoral no avanzarán las cosas, como tampoco van a “transitar” (verbo inmortal de Emilio Gamboa) en la materia laboral.
En este último caso por dos razones, por su carácter anti-obrerista y anti-sindical con el cual (justa o injustamente) la han estigmatizado quienes no la hicieron y por la actitud soberbia y regañona del secretario del Trabajo, Javier Lozano quien ha utilizado todo este manoseo en las leyes del trabajo para auto propulsarse hacia la presidencia de la República o al menos en pos de la candidatura para llegar a ella.
En el caso del IFE, el cual se vea por donde se vea es un problema mayor, el presidente ha dicho:
“Fortalecer al IFE es fortalecer nuestra democracia. Evitar su debilitamiento es tarea de los Poderes constituidos. El árbitro electoral requiere operar de manera óptima, y esto implica, entre otras cosas, contar con un Consejo General plena y debidamente integrado, a efecto de cumplir con el propio mandato señalado en la Reforma Constitucional de noviembre de 2007, y para el cual, desde el pasado 1 de noviembre de 2010, los tres consejeros electorales, hoy faltantes, debieron haber estado ya en funciones.
Me parece muy preocupante que la máxima garantía de imparcialidad, legalidad y de legitimidad de un proceso electoral tan importante, tan sensible, como el que se avecina el próximo año, no se encuentre debidamente integrada”.
Aquí vale la pena recordar lo escrito por un observador reputado, ex consejero él mismo, quien opinó el 7 de octubre del año pasado, tanto del procedimiento (descalificado por algunos por “partidizado”), cuando ya se aproximaba el plazo de designación, como de la comisión bajo cuya presidencia se centra el asunto. :
“…Atenúa la desconfianza de que se trata de una farsa el que conforme a la ley conduzca el proceso de selección de los candidatos la Comisión de Gobernación de la Cámara, presidida por Javier Corral, un panista fiel a sus convicciones, muy vinculado a las pulsiones ciudadanas que reclaman una designación que responda a los intereses generales y no al de los partidos. Sin embargo, la comisión que encabeza no tiene la última palabra. Ésta corresponde a la Junta de Coordinación Política de la Cámara, integrada principalmente por los líderes de las fracciones parlamentarias.
“En ese espacio puede frustrarse el esfuerzo de presentar al pleno candidaturas idóneas y sustituirlas por candidaturas cómodas”.
EFECTO TEQUILA
“En ese día de diciembre un error cambió nuestras vidas”. Así reza el lema propagandístico de “Efecto Tequila”.
De un tiempo a esta parte se han utilizado las producciones cinematográficas como elementos de propaganda casi siempre para atacar al PRI o a sus gobiernos. Como si todos fuéramos egresados de Stanford El caso más notable ha sido “La ley de Herodes”, puesta en pantalla poco tiempo antes de las elecciones del cambio de siglo.
Hoy con la oportunidad de los defensores de la economía, aparece la película “Efecto Tequila”, como se dio en llamar el efecto expansivo de la crisis del 94.
Llama la atención la cronología precisa.
Exactamente cuando el mérito mayor del neo sistema es la estabilidad económica (con la precandidatura de Ernesto Cordero) y tras las condenas al pasado irresponsable y represor, brota una película cuya finalidad última es recordarnos como quedaron extintas las crisis económicas sexenales, como los dinosaurios. Pura propaganda.
Es una invitación a la memoria. Es mi propia y personal voz ante los votos en blanco. Que antes de dar su voto por favor lo reflexionen, dice abiertamente León Serment, director y creador de “Efecto Tequila”.
