Los ciegos, débiles visuales y personas mayores de 60 años cuentan con material electoral accesible a sus limitaciones

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Una vez más la Ciudad de México se coloca a la vanguardia nacional al ofrecer a las personas con discapacidad y a los adultos mayores materiales electorales con aditamentos táctiles y visibles para facilitar manejo e identificación en procesos comiciales. Así lo mencionó la Presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Diputada Alejandra Barrales Magdaleno, durante la presentación en el Instituto Electoral del Distrito Federal de nuevos documentos para personas especiales.

El material con sistema braille, diseñado para las personas débiles visuales o ciegos facilitará la identificación de los instrumentos electorales para facilitarles el derecho al voto y a las personas mayores de 60 años.

Barrales Magdaleno reiteró el compromiso de la V Legislatura para apoyar estos esfuerzos, por lo que llamó, respetuosamente a las autoridades federales a implementar esta nueva forma de simplificar el sufragio a las personas especiales que hay en todo el país.

La ALDF, dijo, asume el compromiso de difundir este programa con el fin de que cada capitalino que padezca alguna discapacidad haga valer sus derechos políticos, “una vez más, insistió, sentamos las bases de un esfuerzo que a mediano plazo se reflejará en beneficio, no solo de los habitantes del DF, sino de toda la República”.

Desde la representación popular en la capital del país, generamos el andamiaje jurídico que permita la convivencia armónica, privilegiando la tolerancia y la inclusión para todos los habitantes de la Ciudad.

Alejandra Barrales sostuvo que la tarea de los diputados de la V Legislatura es garantizar la igualdad de oportunidades a la ciudadanía, garantizarle el derecho a la felicidad, y sólo puede ser feliz que tiene garantizado el acceso a una vivienda digna, a la salud, a la educación y desde luego a ejercer sus derechos políticos, así tengan alguna discapacidad.

Urgen al GDF publicar en la Gaceta Oficial la Ley del Sistema de Protección Civil, antes de que nos sorprenda una emergencia

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La nueva Ley del Sistema de Protección Civil para el Distrito Federal es una herramienta que permitirá salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes capitalinos y proteger los bienes muebles e inmuebles de la Ciudad de México. Para mayor confianza de los vecinos se contempló la creación de Centros Regionales, en donde las delegaciones políticas tendrán amplias facultades para atender emergencias; en caso de que la amenaza rebase las proporciones, actuará el Centro Operativo del DF que alinea todas las capacidades de la Ciudad para enfrentarlo.

Al respecto el Presidente de la Comisión de Protección Civil de la ALDF, Diputado Guillermo Huerta Ling, pidió al Jefe de Gobierno coordinar y obligar a sus dependencias a trabajar en conjunto pues muchos procedimientos están dispersos y eso impide una oportuna atención de la emergencia.

El legislador panista acusó que la autoridad local no ha permitido homologar las acciones, los criterios que simplifiquen las ayudas a la población en casos de urgencia. Huerta Ling insistió en la necesidad de iniciar la dictaminación técnica de inmuebles y zonas de alto riesgo, pues a la fecha existen decenas de edificios en pésimas condiciones que desde los sismos d e 1985 no han sido ni remodelados ni reforzados y tienen que derrumbarse, pero el GDF se resiste a la acción.

En la nueva normatividad se incluye la modificación al Código Penal del DF para sancionar con cárcel a los funcionarios públicos que fomenten, permitan o toleren los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

Finalmente el titular de la Comisión de PC de esta representación popular, hizo un llamado al Jefe de Gobierno a publicar ya dicha Ley, pues no se hizo a capricho de partido alguno, sino por la necesidad de establecer la ruta para poner a la Protección Civil a la altura de las necesidades del DF. “Seremos meticulosos en el seguimiento de las medidas aplicables y la fiscalización de los recursos que se utilicen”, ofreció Guillermo Huerta Ling.

Prisión de 10 años y multa hasta de 60 mil pesos a delincuentes ambientales; ahora tirar cascajo en vía pública se castiga con cárcel

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En la Ciudad de México se endurecerán las sanciones contra quien cometa delitos ambientales que irán de 4 a 10 años de prisión y multa de hasta 60 mil pesos a quien resulte responsable. Así lo establecen las reformas aprobadas en la ALDF a la Ley Ambiental, que contempló modificaciones al Código Penal del Distrito Federal que hoy tipifica como delitos culposos la invasiones en suelo de conservación, descargas de cascajo en vía pública o terrenos no autorizados para ello, afectaciones a los árboles y transporte de madera.

Al respecto el Presidente de la Comisión de Preservación de Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático de la ALDF, Diputado José Alberto Couttolenc Güemez, informó que la ley está lista, sólo falta que el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las reformas aprobadas.

La propuesta del legislador del GPPVEM contempla homologar criterios en la tipificación del delito por invasión de suelo de conservación, dando la posibilidad de sancionar, incluso, a los Jefes Delegacionales; solicitar dinero para aprobar la verificación vehicular, desde el propietario del auto, hasta el prestador de servicios del Centro.

En su oportunidad el Fiscal de Delitos Ambientales de la PGJDF, Samuel Ibarra Vargas detalló que el procedimiento para consignar a los delincuentes ambientales no cambia, pero se otorga mayores elementos de prueba para consignar al depredador.

Con las reformas al Código Penal capitalino, insistió el fiscal, en cooperación con autoridades similares como la Profepa, se harán detenciones y puestas a disposición de la autoridad judicial por el transporte ilegal de maderas, cuando se dé muerte a un árbol, el abandono o descarga de cascajo en vía pública y será sancionado como delito y no sólo como tentativa.

Finalmente el Presidente del PVEM/DF Jorge Legorreta Ordorica, dijo la reforma legal responde a la realidad que vive la Ciudad de México en donde la sofisticación en la comisión de delitos y su aumento hace necesario castigar con mayor severidad a los delincuentes ambiéntales.

Queda oficialmente establecida la reparación del daño patrimonial al ciudadano, por fallas administrativa del GDF

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Las instituciones públicas del GDF están obligadas a pagar indemnización a los ciudadanos, que los denuncien, por la afectación a sus bienes, persona y derechos humanos, como consecuencia de una irregularidad, arbitrariedad o mala decisión administrativa, así lo determinó en un punto de acuerdo la Comisión de Administración Pública Local, que preside el Diputado José Luis Muñoz Soria, luego de aprobarse reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del DF.

Las nuevas disposiciones, se dijo, se aplicarán al GDF, a las entidades, dependencias, órganos político/administrativos, órganos desconcentrados, autónomos y a los actos materialmente administrativos de la ALDF, del Tribunal de los Contencioso Administrativo del DF, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Electoral del DF.

Los entes responsables de la falta deberán informar en su portal de Internet el derecho que otorga a los particulares esta Ley para ser indemnizados.

Las reformas contemplan la instalación de Módulos de Responsabilidad Patrimonial en cada institución pública en donde el demandante recibirá orientación, información y procedimiento para levantar el acta correspondiente para exigir la reparación del daño correspondiente.

Los daños y perjuicios, explicó el titular de la Comisión, Muñoz Soria, que constituyan la lesión patrimonial deberán ser reales y evaluados en dinero, pagados en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a la fecha de reclamación; sólo existirá una excepción, cuando la Contraloría General del GDF revise el caso, ampliará 15 días más el pago, por una sólo ocasión.