Las acciones navales en contra del grupo comandado por Arturo Beltrán Leyva y su muerte en la estrepitosa refriega nos han puesto en posición de declarar la muerte de algunos mitos nacionales.
El primero y más evidente es la invulnerabilidad adquirida por los capos del narcotráfico. La protección a la cual tienen acceso mediante la compra de policías, agentes, comandantes, coordinadores, tenientes, capitanes, mayores, coroneles, generales y demás, se acaba cuando alguien con recursos suficientes compra a otros para evitar su disponibilidad en el mercado.
Nadie cuida y trabaja para un narcotraficante a cambio de dinero y zozobra si a cambio de voltearse en su contra puede lograr más dinero sin angustias, carreras, sobresaltos y con mejores condiciones de vida e impunidad de todo tipo.
En ese peldaño se ubican los traidores, delatores y demás y ya consagrados por tales conductas, los frágiles testigos protegidos.
La consagratoria protección los inmuniza de las acciones jurídicas y legales; los pone lejos del Ministerio Público, no del alcance de la venganza, como sucedió con Edgar Bayardo hace pocos días.
Del otro mito es la incorruptibilidad de los integrantes del Ejército. Desde el general Gutiérrez Rebollo y otros con el mismo grado cuyos casos no ha llegado al mismo desenlace, hemos comprobado la sencilla verdad: en esa institución, como en todas, hay personas deshonrosas para el cuerpo cuya conducta pone en riesgo la entereza del todo.
Quien quiera ángeles debe mirar al cielo y ni ahí hallará la pureza total, pues si nos atenemos a la tradición Satanás fue primero un angelito ejemplar.
La otra leyenda abatida por este operativo es la alta calidad de las fuerzas armadas en todo el tramo de la operación. En este caso los marinos no fueron capaces, no los de fusil de asalto y vanguardia, sino sus jefes, de asegurar de manera conveniente la escena de los hechos para respetar ya no digamos los derechos humanos de nadie sino la integridad de los objetos inmóviles, tan quietos como un cadáver en calzones.
El descuido o el desconocimiento de las consecuencias civiles de una operación militar ponen al comandante del “operativo” o la operación (cuyo nombre se mantiene en reserva, como debe ser), en entredicho. O no saben hacer las cosas o no les importa hacerlas a su modo con tal de cumplir los rituales de la venganza. La exhibición de cadáveres con los pantalones en los tobillos, fue una constante en la divulgación de fotografías tomadas por militares en Colombia durante las décadas anteriores.
Es una forma de exaltar la victoria, especialmente cuando se trata de un “capo” de tal nivel. Se busca desmoralizar a sus seguidores.
Otro mito es el poderío armamentista de los delincuentes. Con todo y granadas no pueden resistir cuando las Fuerzas Armadas los atacan con una apabullante superioridad numérica y de equipo. Helicópteros, hombres entrenados en tiros de precisión y sobre todo, tiempo y posibilidades de actuar abiertamente, desplazarse con todo el auxilio de las autoridades civiles y con pleno dominio del terreno.
—¿Las consecuencias entre quienes son ajenos a todo esto? ¿Los posibles muertos entre la población civil? ¿Los daños colaterales? No importan si se alcanza la victoria.
Y la última de las reservas míticas viene siendo la imaginaria homogeneidad entre las armas y los cuerpos de las Fuerzas Armadas. La explicación oficial divulgada con tanta insistencia para justificar la operación en manos navales es persistente en alabar la coordinación.
La otra, la extraoficial los señala como elegidos para esta dificultosa batalla por la falta de confianza en los “verdes”. Como sea esto termina con la luna de miel, si hubo alguna.
FUENTES PROTEGIDAS
El origen de las fotografías infamantes (en el mejor de los casos obtenidas por la negligencia, complicidad o ignorancia de la Secretaría de Marina), cuya publicación fue calificada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont como ajena a la política de Comunicación Social del Gobierno, lo cual es altamente discutible y dudoso, nos lleva a otro análisis.
¿De veras tienen los periodistas (en todos los casos) el derecho inalienable para proteger, preservar y hasta ocultar la identidad de sus informantes y el origen de sus materiales posteriormente públicos?
¿Es este un derecho natural o se adquiere por la complicidad y la protección de un grupo de favoritos, empleados o correveidiles?
Desde mi punto de vista una cosa es proteger a un informante legítimo y otra volverse cómplice (también protegido) de una canallada.
Y en este caso, así ha sido, como ocurre en la filtración de perversidades útiles nada más en el pleito entre jefes policiacos o militares.
