Cuando el mundo se le vino abajo por segunda vez en relación con sangrientos operativos policiacos (la primera había sido bajo su gestión como secretario de Seguridad Pública cuando los asesinatos de Tláhuac), Marcelo Ebrard, ya en su condición de jefe de gobierno, halló una ruta de escape: el asunto del News Divine y su secuela de muertes y homicidios no sería investigado por el Ministerio Público, sino por la Comisión de Derechos Humanos del DF.
De esa manera se salvaba el pellejo dos veces.
Nadie iría a la prisión —con lo cual la condicionante de impunidad por cuya operación funciona el sistema quedaría satisfecha—, y segundo, se daría el efecto mediático de un gobierno sometido a las directrices de una comisión defensora de los derechos humanos frente a la cual se aceptarían las culpas y, como la ropa sucia, todo quedaría lavado dentro de la casa.
Un año y medio después (el asesinato policiaco colectivo ocurrió el 20 de junio del año pasado), la Procuraduría General de Justicia del DF determinó dejar el asunto en la impunidad. El procurador Mancera pagaría el favor de su designación con la moneda del disimulo. No ejercería acción penal en contra de nadie, al menos nadie cuya condición política así lo mereciera.
“La Procuraduría capitalina (Notimex) resolvió hoy no ejercitar acción penal contra el ex procurador local, Rodolfo Félix Cárdenas; el ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Joel Ortega; y el ex delegado en Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, por el fallido operativo en la discoteca News Divine.
“En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que tras el análisis de las averiguaciones previas FACI/50/T2/849/08-06R1D3/ y FGAM/GAM4/T3/1351/08-06 no se hallaron elementos suficientes para consignar a los ex funcionarios.
“La representación social concluye que agotadas las diligencias y medios de prueba correspondientes, no se acreditó que las personas mencionadas hubieran cometido los delitos que se les imputó o que hubieran participado en su comisión”.
Muchas personas (entre ellas las familias desde entonces mutiladas) consensuraron la decisión de la PGJDF, pero no la propia comisión. ¿Y cómo, si ella abonó el terreno de la impunidad?
En su página de internet, la CDHDF divulgó el pasado viernes este pre-guadalupano boletín de alto contenido comprensivo.
“El ombudsman capitalino (quien coordinó la investigación) indicó que la CDHDF recibió la noticia de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ha encontrado elementos (de seguro tampoco encontró cadáveres) para procesar a los tres servidores públicos (el ex delegado Francisco Chiguil, el ex procurador Félix Cárdenas y el ex jefe de la policía Ortega) que dejaron sus cargos con motivo de la investigación realizada por la Institución, por los hechos ocurridos la tarde del 20 de junio del año pasado.
Dijo que la CDHDF nunca señaló una responsabilidad penal de los funcionarios que estaban al frente de la PGJDF (tampoco pidió hallarla), la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y de la delegación Gustavo A. Madero; “se dijo que había una responsabilidad ética y política, y para este organismo la responsabilidad política de los tres servidores públicos quedó cubierta luego de que fueron destituidos de sus cargos”.
Expuso que “ninguno de los tres está en funciones”, y estimó “importante que esta responsabilidad política trascienda de manera que sea difícil para estos funcionarios nuevamente ocupar un cargo público”.
Como se ve, en este país se pueden cometer homicidios culposos sin consecuencia ulterior al despido.
Pocas semanas después de la tragedia, Emilio Álvarez Icaza comió con el consejo editorial de Crónica. Este redactor le dijo en aquella ocasión: haber insistido en la “responsabilidad ética” es una fácil salida para ayudar al gobierno de Ebrard a evadirse de la responsabilidad penal.
Públicamente Álvarez Icaza negó los argumentos de este tundir de máquinas. Tiró un rollo interminable, pero no logró remover el argumento.
—¿Algún código ––le pregunté–– castiga la responsabilidad ética? Silencio.
Hoy, la nueva comisión (cuya novedad es altamente cuestionable) deja las cosas muy en claro y a favor de mis argumentos de aquel tiempo:
“…la CDHDF nunca señaló una responsabilidad penal… se dijo que había una responsabilidad ética y política”. Esos son los argumentos para burlar a la justicia. Quizá la pérdida del empleo y la “inhabilitación moral” sean suficientes para calmar el dolor de los padres de aquellos muchachos, a quienes el gobierno de la ciudad quería extorsionar y terminó asesinando.
Eso fue todo.
