Con esta decisión, se cierra la posibilidad de impugnar el rediseño del sistema judicial, lo cual representa una victoria para el partido Morena

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes desestimar una serie de impugnaciones contra la reciente reforma al sistema judicial en México, garantizando así la permanencia de esta legislación que transforma la manera en que se designan los jueces en el país. Con esta decisión, el máximo tribunal mexicano asegura la continuidad de una de las modificaciones más profundas al Poder Judicial, donde, de acuerdo con la reforma, la mayoría de los jueces serán elegidos por voto popular en lugar de ser nombrados.

El fallo representa una victoria para Morena, que en septiembre impulsó la aprobación de la reforma con rapidez en el Congreso. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum evita con este resultado una potencial disyuntiva: elegir entre respaldar la postura de la Corte en caso de que la anulación prosperara, o sumarse a otros líderes de su partido que se han mostrado dispuestos a ignorar cualquier fallo en contra.

El proyecto fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara, quien buscaba una solución intermedia que permitiera preservar un grado de independencia judicial mientras se aplacaban las tensiones políticas generadas por el cambio. Sin embargo, la iniciativa no alcanzó los ocho votos necesarios para ser aprobada, por lo que el Pleno de la Corte la desestimó unánimemente, y se consolidó la reforma en sus términos originales.

División en la SCJN

Durante la sesión, el ministro Alberto Pérez Dayán expresó su rechazo a la propuesta de González Alcántara, argumentando que la SCJN no posee la facultad para definir qué modificaciones son aceptables en la Constitución. Con ello, Pérez Dayán se unió a un bloque de ministros que sostuvo que los partidos políticos no están legitimados para cuestionar enmiendas constitucionales a través de acciones de inconstitucionalidad. Esta postura fue apoyada por las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes argumentaron que la SCJN no debe asumir el rol de fiscalizar cambios aprobados mediante una reforma constitucional.

Por otro lado, ministros como Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Ríos Farjat defendieron la posibilidad de revisar la constitucionalidad de la reforma, aunque finalmente no lograron reunir los votos necesarios para invalidar la norma. Así, la reforma judicial se mantiene en plena vigencia, generando inquietud entre sectores jurídicos y ciudadanos que temen que la elección popular de jueces comprometa la independencia judicial en el país.

Implicaciones de la reforma

Esta modificación constitucional implica que cerca de 7,000 jueces y magistrados en México deberán someterse a elección popular en lugar de ser designados por el proceso tradicional. Los críticos han advertido sobre los riesgos de esta metodología, señalando que la elección de jueces puede llevar a una politización de los tribunales y aumentar la vulnerabilidad del sistema judicial a conflictos de interés, como ha sucedido en otras naciones con medidas similares.

A pesar de las preocupaciones, la presidenta Sheinbaum ha defendido la reforma como una medida necesaria para erradicar problemas de corrupción y nepotismo dentro del sistema judicial. La presidenta declaró recientemente que “ningún juez está por encima del pueblo de México” y que los cambios aprobados por el Congreso representan la voluntad del electorado.

Descontento y protestas

En el marco de esta reforma, miles de trabajadores del Poder Judicial han realizado paros laborales en señal de protesta, mientras que se han interpuesto más de 500 impugnaciones legales. En octubre, el Congreso aprobó una ley adicional que impide a los jueces cuestionar reformas constitucionales salvo por motivos de procedimiento, eliminando así otra vía de apelación para los opositores a la reforma.

Con la decisión de la SCJN, la reforma judicial sigue adelante, y la presidenta Sheinbaum evita un enfrentamiento directo con el Poder Judicial que habría desatado una crisis constitucional. No obstante, el impacto a largo plazo de esta medida en el sistema judicial mexicano aún genera debates y cuestionamientos tanto en la comunidad jurídica como entre observadores internacionales.