García Luna, sostiene su inocencia y asegura que las pruebas de estos vínculos están documentadas en los registros judiciales de la Corte de Brooklyn

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, envió una carta desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en la que acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener vínculos con líderes del narcotráfico, particularmente con los que testificaron en su contra durante su juicio en Estados Unidos. García Luna, quien enfrenta una condena de cadena perpetua por corrupción vinculada al narcotráfico, reiteró su inocencia y sostuvo que ha sido víctima de una persecución política.

En la misiva, escrita a mano y enviada al periodista Keegan Hamilton, García Luna afirmó que rechazó un acuerdo ofrecido por la fiscalía de Nueva York tras su detención en diciembre de 2019. Según el exfuncionario, este acuerdo le habría permitido obtener una condena mínima de seis meses de prisión a cambio de inculparse y colaborar como testigo. Sin embargo, decidió no aceptar debido a que, según él, el objetivo no era imputar a narcotraficantes, sino a instituciones y figuras públicas clave en México, debilitando la estabilidad del país. García Luna sostiene que este movimiento fue inducido por el gobierno mexicano.

Acusaciones contra AMLO y testigos criminales

Uno de los elementos más impactantes de la carta es la acusación directa hacia el presidente López Obrador. García Luna sostiene que las pruebas de la supuesta relación entre el mandatario mexicano y líderes del narcotráfico, incluidos aquellos que testificaron en su contra, están documentadas en los registros oficiales de la Corte de Brooklyn. Además, el exsecretario de Seguridad Pública mencionó que durante el juicio varios testigos criminales implicaron a AMLO y sus operadores como colaboradores del narcotráfico.

Entre los testigos que declararon contra García Luna se encontraba Jesús «El Rey» Zambada, hermano de Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. En su testimonio, «El Rey» mencionó sobornos a funcionarios mexicanos, aunque negó haber financiado la primera campaña presidencial de López Obrador. García Luna asegura que dichos testimonios, presentados por testigos con antecedentes criminales, fueron desacreditados con pruebas documentales y resoluciones judiciales tanto en México como en Estados Unidos.

Juicio de “El Mayo” Zambada y sus implicaciones

La carta de García Luna coincide con la reciente comparecencia de Ismael “El Mayo” Zambada ante la Corte Federal de Brooklyn, el pasado 13 de septiembre. “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa, enfrenta 17 cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio. El narcotraficante se declaró «no culpable», y se espera que su juicio revele información clave sobre las complicidades entre narcotraficantes y funcionarios del gobierno mexicano.

García Luna asegura que la captura de Zambada y sus declaraciones en prisión corroboran sus afirmaciones de que la actual administración en México tiene lazos con el narcotráfico. En su carta, hace referencia a una supuesta carta emitida por Zambada, en la que se implican a altos funcionarios del gobierno de López Obrador en actividades ilícitas, refiriéndose al gobernadore de Sinaloa Ruben Rocha. Además, denuncia que la reciente suspensión de relaciones oficiales entre México y Estados Unidos, decretada por AMLO, está vinculada con la postura de Washington ante estas acusaciones.

Condiciones en prisión y apelación en curso

El exfuncionario también describió en detalle las condiciones inhumanas que, según él, ha enfrentado durante los 58 meses que lleva detenido en Nueva York. Relata haber presenciado homicidios, apuñalamientos y sufrir amenazas constantes a su integridad. Asimismo, denuncia haber sido segregado sin motivo en celdas de castigo y ser objeto de intentos para grabarlo de manera ilegal con el fin de incriminarlo en otros delitos.

Pese a estas circunstancias, García Luna afirma que su honor está intacto y que no ha cometido ningún delito. Su defensa ha presentado una apelación ante la Corte de Estados Unidos, con la esperanza de que se revoque su condena, argumentando que no existe ninguna prueba legítima que lo vincule al narcotráfico. Insiste en que toda la información presentada por la fiscalía durante el juicio fue fabricada o no verificada.