La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió un proceso de consulta para determinar si puede frenar la reforma judicial promovida por el gobierno, en respuesta a la solicitud de jueces y magistrados
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha iniciado dos consultas ante el Pleno del máximo tribunal para determinar si la Corte está facultada para suspender el proceso legislativo de la reforma judicial, promovida por el gobierno de la 4T. Este movimiento responde a una solicitud presentada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), que considera que dicha reforma podría vulnerar la independencia del Poder Judicial.
La JUFED solicitó formalmente que la SCJN intervenga de manera cautelar, argumentando que la reforma viola el principio de separación de poderes y pone en riesgo los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Los magistrados y jueces también pidieron que se preserven los contrapesos entre los poderes, como lo establece la Constitución mexicana.
El debate en torno a esta solicitud fue turnado a la ministra Lenia Batres Guadarrama, la integrante más reciente del tribunal y cercana al proyecto del presidente López Obrador. Batres será la encargada de presentar un proyecto que determinará si la Corte puede o no dictar medidas cautelares que frenen el avance legislativo de la reforma, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente está en discusión en el Senado.
El punto central de la discusión radica en si la Suprema Corte puede intervenir en un proceso legislativo que aún está en curso, algo sin precedente en la historia jurídica de México. Normalmente, la SCJN evalúa la constitucionalidad de las leyes después de ser aprobadas, no mientras aún se debaten. Sin embargo, la JUFED sostiene que la situación amerita una acción urgente, dada la inminente aprobación de la reforma en el Congreso.
En el marco de esta controversia, varios jueces ya han concedido amparos que buscan frenar la discusión de la reforma. Un ejemplo es el otorgado por Martha Eugenia Magaña López, jueza Quinto de Distrito en Morelos, quien dictó una suspensión definitiva contra la reforma judicial mientras se resuelve la constitucionalidad del proceso. No obstante, el presidente López Obrador ha desestimado estos amparos, calificándolos como inaplicables en un proceso de reforma constitucional.
La reforma al Poder Judicial ha generado una gran resistencia entre jueces y magistrados, quienes argumentan que las modificaciones propuestas afectarán no solo la independencia del sistema judicial, sino también los derechos laborales de sus trabajadores. Desde el 21 de agosto, miles de empleados del Poder Judicial han mantenido un paro laboral en señal de protesta, exigiendo que se respeten las actuales condiciones de trabajo y se garantice la autonomía de la judicatura.