La oposición advierte que la iniciativa implica una crisis institucional, mientras que el oficialismo defiende la medida como un paso hacia una mayor democratización
En una maratónica sesión que se extendió por más de siete horas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la controversial reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 22 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, la iniciativa logró avanzar, aunque no sin enfrentar una fuerte resistencia por parte de la oposición.
La reforma, que plantea una profunda reconfiguración del Poder Judicial, incluyendo la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, ha generado una intensa discusión entre los legisladores. Mientras la mayoría de Morena y sus aliados defendieron la medida como un paso hacia una mayor democratización del sistema judicial, los partidos de oposición la calificaron como un intento de socavar la independencia del Poder Judicial y una amenaza al Estado de derecho.
Durante el debate, la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) expresó su preocupación al calificar la reforma como «una venganza» y advirtió sobre los riesgos de debilitar al Poder Judicial. Por su parte, Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, señaló que la iniciativa podría llevar a una crisis institucional y criticó la propuesta de someter a los ciudadanos a una compleja votación con múltiples boletas en las elecciones de 2025.
En contraste, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, defendió la reforma argumentando que busca separar el poder económico del judicial y que permitirá al pueblo elegir directamente a los juzgadores. «Lo que estamos planteando es que la justicia sea verdaderamente imparcial», afirmó.
La iniciativa, que ha sido modificada en más de 100 puntos tras diversos foros de diálogo, incluye la propuesta de reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, así como eliminar la pensión vitalicia de estos altos funcionarios. Además, se plantea la posibilidad de que los candidatos a jueces y magistrados sean elegidos mediante un sistema de insaculación, o «tómbola», en caso de que el número de aspirantes exceda la cantidad de cargos disponibles.
La reforma también ha encendido el debate fuera del Congreso, con trabajadores del Poder Judicial organizando manifestaciones en todo el país en protesta contra la propuesta, que consideran perjudicial para sus derechos laborales y la autonomía del Poder Judicial.
Con la aprobación en lo general por la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma ahora pasará al pleno de la Cámara de Diputados, donde se espera que continúe generando un intenso debate. La sesión de discusión y votación en el pleno está programada para iniciar el 1 de septiembre, marcando el comienzo de un proceso legislativo que promete ser uno de los más controvertidos en la historia reciente del país.