Los juzgadores alertan sobre el riesgo de despidos masivos de funcionarios judiciales, lo que, según ellos, atenta contra la independencia del Poder Judicial y el acceso a la justicia
Más de mil jueces y magistrados federales en México han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga para suspender temporalmente el proceso de reforma judicial que actualmente se discute en el país. La solicitud, que incluye a jueces de distrito y magistrados de circuito, se fundamenta en la preocupación de que dicha reforma podría violar derechos humanos fundamentales y tratados internacionales suscritos por México.
Durante una conferencia de prensa, los magistrados Michele Franco González y Rogelio Alanís García señalaron que la reforma, impulsada por el gobierno, representa un “golpe de Estado” disfrazado de democratización, cuyo objetivo es la concentración total del poder. Según los jueces, el cese masivo de personas juzgadoras, previsto en la reforma, constituye un acto ilícito que atenta contra el acceso a la justicia, la protección judicial y las garantías que el sistema judicial debe asegurar.
Los jueces recordaron que la CIDH, en precedentes anteriores, ha declarado que ceses masivos de jueces violan derechos humanos no solo de los funcionarios, sino también de los ciudadanos que dependen de un sistema judicial independiente y funcional. Por ello, solicitaron a la CIDH que ejerza sus facultades según el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para revisar la constitucionalidad y los efectos de la reforma antes de que se implemente.
Además de la suspensión temporal, los jueces han pedido a la CIDH que realice una observación presencial en México para evaluar la situación y escuchar los testimonios de los diversos actores afectados. Esta observación, señalan, es crucial para garantizar que cualquier reforma al sistema judicial no afecte negativamente los derechos humanos en el país.
La solicitud a la CIDH ocurre en un contexto de tensión creciente entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Hace unas semanas, la Cámara de Diputados organizó diálogos sobre la reforma judicial, que según los jueces fueron meramente simbólicos y no incluyeron una verdadera participación de todos los actores involucrados. Esto llevó a protestas en varios estados y a un paro nacional de labores por parte del Poder Judicial en contra de la reforma.
El trasfondo de esta controversia incluye la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia de México en 2013, que consolidó a los derechos humanos como el pilar del orden jurídico mexicano. En este sentido, los jueces subrayan que cualquier reforma que comprometa la independencia del Poder Judicial o que conduzca a una destitución masiva de jueces es incompatible con los compromisos internacionales de México, especialmente aquellos relacionados con la protección de los derechos humanos.