Un juez federal ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar expedientes solicitados por el INAI del 2018 y 2019 y que la dependencia castrense se resiste a presentar

Ante el incumplimiento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de entregar información solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sobre los contratos celebrados por el Gobierno Federal en el último año del expresidente Enrique Peña Nieto y de la actual administración del populista Andrés Manuel López Obrador, con la Comercializadora Antsua S.A. de C.V.,, relacionados con el software de espionaje Pegasus, un juez federal ordenó a la dependencia castrense entregar la información solicitada.

La organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, destacó a través de un comunicado que el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, les concedió un amparo ante la negativa de la Sedena de acatar el ordenamiento del INAI, por lo que debe entregar la documentación solicitada.

La Secretaría de la Defensa Nacional había negado la existencia de dichos contratos. Sin embargo, expedientes de la Auditoría Superior de la Federación obtenidos por R3D mediante solicitudes de acceso a la información —coincidentes con documentos internos de la propia Sedena que fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya— demostraron la celebración de al menos dos contratos (DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018) para la adquisición del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, por más de 140 millones de pesos.

MENTIRA MILITAR

Ante la evidencia de que la dependencia militar mintió, en enero de 2023, el INAI resolvió revocar la respuesta que alegaba la inexistencia de dichos contratos y ordenó la entrega de la información. A pesar de que dicha resolución es definitiva e inatacable y que el populista mandatario López Obrador prometió que se entregaría en su totalidad, la Sedena se ha negado a cumplir la resolución y ha emprendido una campaña de sabotaje al INAI, impulsado la desaparición del órgano autónomo.

Ante la negativa de la Sedena por entregar la documentación solicitada, la organización R3D presentó una demanda de amparo y en junio de 2024, el Juzgado reconoció en su sentencia que las resoluciones del INAI son definitivas, inatacables y obligatorias para las autoridades y la Sedena está obligada a entregar los archivos de los contratos relacionados a la adquisición de Pegasus y su uso ilegal por parte del Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.)

En su comunicado, la organización R3D subraya que la Sedena no solamente ha mentido sobre la existencia de los contratos y desacatado resoluciones definitivas del INAI: también se ha negado a aportar información solicitada por la Fiscalía General de la República. Con ello, ha obstaculizado las investigaciones por el espionaje ilegal contra periodistas, entre ellos el comunicador Ricardo Raphael, el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el medio Animal Político, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), entre otros.