Morosos en unidades habitacionales o condominios, así quienes construyan o invadan áreas comunes o se les compruebe responsabilidad de cualquier afectación vecinal, podrán ser sancionados con multas de hasta 50 veces el salario mínimo, el doble en caso de reincidencia y ante la persitencia, tendrán que pagar multas por cada día que transcurra sin que obedezca el mandato, hasta 36 horas de arresto inconmutable.
Estas son algunas adecuaciones que propondrán los diputados del GPPRD en la ALDF, Fernando Cuéllar Reyes, Alejandro López Villanueva y Leonel Luna, quienes aseguraron que estas sanciones serán una realidad de aprobarse la Iniciativa de Reformas a la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal.
La propuesta contempla que de ser insuficientes las multas “se procederá en contra del requerido condominal por el delito de desobediencia y resistencia de particulares” al quejoso la Procuraduría Sicoal garantizará certidumbre de que el daño será reparado, el responsable deberá garantizar el arreglo, mediante billete de depósito o fianza.
Los legisaldores garantizaron que la Prosoc aplicarán la Ley de Propiedad en Régimen Condominal, facultandola a registrar las propiedades constituidas bajo este régimen requiriedo a qien otorgue la escritura constitutiva del condominio y al Colegio de Notarios notifiquen a la Procuraduría la información sobre dichos inmuebles” y en caso de construcción nueva tendrán un año para notificarlo.
Para resolver los conflictos la iniciativa establece que deben seguirse los procedimientos de conciliación y arbitrales, el quejoso podrá desistirse del procedimiento siempre y cuando no haya sido emitida la resolución. También puede llegarse a un acuerdo a través de un convenio firmado por ambas partes. En caso contrario será necesario sancionar y reparar el daño por la vía jurisdiccional.
El punto fino de la reforma es lograr una convivencia sana, placentera, civilizada, para que condominos, vecinos y auridad logren una calidad de vida en el entorno más importante: el seno familiar.
Exhorta la ALDF a la Secretaría de Gobernación sancionar a los curas irreverentes
El conflicto, hasta ahora mediático, entre las autoridades del GDF y del GPPRD en la ALDF con el Cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, por las bravatas del prelado al utilizar vituperios, calificativos y acusaciones falsa, por la aprobación constitucional de adoptar niños a las parejas del mismo sexo, se transformó en demanda legal y protesta desde la tribuna de la ALDF.
En el marco de la sesión de la Diputación Permanente, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, David Razú Aznar presentó un punto de acuerdo “por medio del cual se hace un exhorto a la Secretaría de Gobernación a fin de que realice las acciones pertinentes para sancionar y hacer valer la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, contra el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez y el vocero de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, Hugo Valdemar, por las diversas y recurrentes violaciones a dichos ordenamientos, siendo jerarcas de la iglesia católica, quienes quebrantaron el articulo 130, inciso E de la Carta Magna”
El Pleno aprobó la propuesta y remitió a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, para que por los canales y el protocolo institucional se entregue al titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora y actúe en consecuencia.
Se dijo en el recinto de Donceles y Allende que esta vez no se permitirá que la dependencia federal ignore una petición aprobada por el pleno, como se dio en la administración del ex titular Fernando Gómez Mont, quien omitió sancionar a la jerarquía católica, cuando en situación similar, arremetieron contra la decisión de la ALDF al aprobar los matrimonios homosexuales.
Los diputados aseguraron que además proferir injurias, los sacerdotes acusados se inmiscuyeron en asuntos políticos, “cuando desde el púlpito azuzaron a los feligreses a no votar por el PRD en próximos comicios”, lo que es una injerencia imperdonable de la que la Secretaría de Gobernación debe actuar con severidad y contundencia. México es un estado laico y los curas no pueden, ni deben hablar de política.
El retraso en la aplicación de la Ley de Residuos Sólidos provocará extorsiones y corruptelas
Con el fin de evitar actos de extorsión y corrupción en el proceso de verificación de establecimientos mercantiles para la sustitución de bolsas de plástico por biodegradables, el GPPAN en la ALDF exhortó al GDF cumplir con las obligaciones que impone la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad. La Coordinadora de la fracción, Diputada Mariana Gómez del Campo precisó que todo régimen de derecho exige respeto irrestricto a las leyes y “ninguna norma está sujeta a negociación, por lo que la posibilidad planteada por la Consejería Jurídica del DF de establecer un acuerdo para negociar las sanciones a mercados públicos, tianguis y pequeño comercio, que regalen bolsas no biodegradables, es inadmisibles”
Es muy delicado, insistió la diputada blanquiazul, hablar de negociar la ley, porque entre negociar y no se cae en extorsiones y corruptelas, lo que violenta leyes que ellos mismos promulgaron.
No hay que darle más vueltas al asunto, para evitar estas “prácticas” la Secretaría de Medio Ambiente del GDF debe emitir el Reglamento y el Programa Integral de Gestión de Residuos Sólidos y las disposición para sustituir las bolsa de plástico normales, por las biodegradables, y no jugar a “arreglar el asunto” con soluciones parciales o temporales.
Desde la tribuna de la Permanente, a nombre de la Diputada Gómez del Campo, su correligionario Federico Manzo Sarquis, pidió a los dueños de establecimientos mercantiles presentar denuncias ante el MP o la Contraloría General del DF, los posibles actos de corrupción que pudieran sufrir en el proceso de verificación en el cumplimiento de la norma. “No nos prestemos al juego, sino acatar la ley que los diputados ya aprobaron.
Los legisladores panistas exhortaron a la ciudadanía a iniciar una cultura del reciclaje utilizando bolsas de materiales alternativos cuando acudan a realizar sus compras y con ello ayudarán en la preservación del ambiente.
Llama el PT en la Asamblea a erradicar de la Junta de Conciliación y Arbitraje a “coyotes” y mafias de golpeadores
Aproximadamente 12 bandas de golpeadores están detectadas que merodean en las inmediaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal que convierten en víctimas de extorsiones, amenazas o agresiones a las personas que acuden a interponer una demanda por conflictos laborales, sin embargo pese a saber quienes son no se les detiene, por lo que desde la tribuna de la Diputación Permanente de la ALDF, el legislador del PT José Arturo López Cándido, Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea exigió mano dura a la SSPDF.
El representante popular explicó que el titular de la Junta, Ramón Montaño Cuadra, advirtió que estos grupos son contratados para amedrentar a los demandantes, por lo que ha solicitado ayuda a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para ahuyentar a estas mafias del lugar.
López Cándido mencionó que mediante cámaras colocadas en los alrededores de la Junta, se han logrado identificar a integrantes de las bandas, quienes regularmente portan armas de fuego
En julio pasado, detalló el diputado petista, un líder sindical fue víctima de intento de secuestro por varios sujetos que portaban rifles AK-47, a quienes, presuntamente, contrató otro sindicato ya que ambas organizaciones eran rivales por cuestiones de propiedad de un terreno.
Cifras de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el primer semestre de 2010, luego de insistir en las denuncias, se desarticularon dos bandas integradas por al menos 35 personas que fueron remitidas al Ministerio Público, al comprobarse que amenazaran y agredían a trabajadores, demandantes y abogados.
Por lo anterior, el Diputado exhortó al Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública capitalinos a reforzar operativos permanentes para desterrar a los grupos de golpeadores y a los “coyotes” porque no se les puede tolerar.
