El informe del Grupo de Trabajo que da seguimiento a la tragedia ocurrida el 27 de marzo del 2023, recomendó al Gobierno Federal separar del cargo al funcionario mientras la FGR investiga su probable responsabilidad en la muerte de 40 migrantes
Senadores de la 4T y de oposición finalmente coincidieron en algo, en que sea retirado del cargo como titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, para garantizar que haya transparencia en la investigación y proceso en su contra, por la muerte de 40 migrantes durante un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Este 24 de abril, el informe del Grupo de Trabajo del Senado que da seguimiento a las indagatorias sobre esta tragedia ocurrida el 27 de marzo del 2023, en su sesión final, su presidente, el morenista Rafael Espino, recomendó al Gobierno del populista presidente, Andrés Manuel López Obrador, separar del cargo a Francisco Garduño, en lo que se desarrolla la investigación de esta tragedia por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
“A pesar de mandar invitaciones a dependencias del Gobierno Federal y organismos autónomos, sólo nos pudimos reunir con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores“, dijo Rafael Espino.
Al revisar el proceso en contra de Garduño, los senadores encontraron que de 2009 a 2023 se registraron nueve incendios en las estaciones migratorias, incluido uno en la misma estación de Ciudad Juárez, en 2019, y no se tomaron previsiones para que esto no volviera a ocurrir.
“Es increíble que antes de este incendio ocurrieron aproximadamente ocho distintos incidentes a pesar de haber contado con esos precedentes no se hayan fortalecido las labores necesarias para asegurar que no se repitiera”, señaló el presidente del grupo de trabajo de la Cámara Alta.
Por su parte, Emilio Álvarez, del Grupo Plural, destacó que al revisar el proceso contra Francisco Garduño, se dieron cuenta que el funcionario viaja cada dos semanas a Ciudad Juárez como parte del juicio en su contra, pero acomoda su agenda institucional para hacerla coincidir con sus audiencias o la firma en el juzgado.
“Paga los viajes con dinero y presupuestos públicos, se lleva personal, y quien tendría que ser la responsable institucional para valorar si tiene condiciones o conflicto de interés, lo acompaña en los viajes, es la directora de control de confianza“, acusó Álvarez Icaza.