Legisladores de Morena y aliados se olvidan de ver por lo que reamente demanda y necesita la ciudadanía y se limitan a cumplir una orden por intereses personales
Sin revisión previa y todo al ahí se va, ya que lo importante es cumplir la orden de patrón de Palacio Nacional, aunque después aparezcan errores o reclamos por gastos inflados para seguir con proyectos sin beneficios, este 24 de abril Diputados de la 4T aprobaron la reforma a la Ley de Amparo que prohíbe a jueces otorgar suspensiones generales a obras, políticas y posibles violaciones a derechos humanos, lo que traducido significa que se evitará que se frenen obras que por berrinche impulsó el populista mandatario.
Las modificaciones a la citada ley avanzó con 258 votos a favor, 213 en contra y cero abstenciones en la Cámara de Diputados y ahora pasa a debate en lo particular como trámite, previo a ser enviada para su publicación oficial, pues requiere solo de la mayoría simple, la que tienen Morena y sus aliados.
Dicha reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, pretende erogar la facultad excepcional que tienen los juzgadores de conceder suspensiones generales a una norma que pudiese tener alguna repercusión social, pero como las obras de AMLO, según él, todas tienen etiqueta de seguridad nacional, pues entran en la categoría para no ser detenidas.
En la misma línea, la reforma refiere que cuando se trate de un juicio de amparo contra alguna inconstitucionalidad de normas generales, “en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.
Esto limita a los jueces conceder suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales cuando conozcan de amparos contra leyes expedidas por el Congreso federal o los Congresos de los estados.
En el dictamen aprobado se destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar «el respeto irrestricto a la separación de poderes» y, fundamentalmente, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.
También se subraya que el juicio de amparo es un medio de control constitucional contra los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder.
Sin embargo, el proyecto acota que «no debe ser utilizada como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro».
La reforma deriva, luego de diversas polémicas en las que el Poder Judicial ha frenado políticas del populista López Obrador, por considerarlas violatorias a derechos humanos y competencia económica, como es el caso de la reforma energética que desató una lluvia de amparos ante tribunales de todo el país.
Además, diputados morenistas han cuestionado a jueces por frenar obras que han resultado costosas, en algunos casos hasta tres veces que su monto inicial como serían el caso del Tren Maya. Asimismo se han frenado proyectos como reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, ante juicios de amparo que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y empresarios.
El propio López Obrador, quien ha recurrido a acusaciones sin presentar ninguna prueba en lo que va de su administración y que está por terminar, sobre acusaciones contra jueces a los que señala de ser «corruptos» y «trabajar para la oligarquía», sólo por suspender sus reformas legales y obras públicas.
Empresarios en el país han pedido a los legisladores actuar por criterio personal con base en la realidad que vive el país y por seguir la orden de alguien con el que buscan quedar bien, a costa de afectaciones al propio pueblo mexicanos, por lo que los instan a no aprobar esta reforma, pues advierten que va en contra del principio de progresividad de los derechos humanos, limita el acceso a la justicia y afecta a la competencia económica.
“Hacemos un respetuoso llamado a los legisladores para no aprobar esta iniciativa que debilita gravemente la defensa de las personas físicas y morales contra actos y leyes eventualmente inconstitucionales”, posicionó la cúpula empresarial reunida en el Consejo Coordinador Empresarial.