La jueza federal de distrito en Tucson, Arizona, Rosemary Márquez rechazó los argumentos de que las leyes en Estados Unidos proporciona a la industria de las armas una amplia protección contra demanda por el mal uso de sus productos”
La jueza federal de distrito en Tucson, Ariuzona, Rosemary Márquez, determinó que el Gobierno mexicano puede seguir con la demanda contra cinco empresas vendedoras de armas por su participación en el tráfico de armas y armamento para cárteles de crimen organizado en México.
La jueza rechazó los argumentos de que las leyes en Estados Unidos proporciona a la industria de las armas una amplia protección contra demanda por el mal uso de sus productos, en específico a las distribuidoras Diamondback Shooting Sports Inc, SnG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC y Sprague’s Sports Inc, quienes argumentaron que la Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) los protegía de la demanda de 2022 interpuesta por México.
La juzgadora estadounidense mencionó que el Gobierno de México realiza afirmaciones plausibles que exenta la protección de la PLCAA, aunado a que las empresas de armas violaron las leyes de EU, causando un daño a la nación norteamericana.
México alegó que los comerciantes facilitaron armas de asalto estilo militar como el AR-15 y municiones al Crimen Organizado a través de prácticas imprudentes e ilegales, incluida la venta de armas de fuego a compradores testaferros que las adquirían ilegalmente para terceros.
APLUDE MÉXICO LA DECISIÓN
El Gobierno de México celebró la segunda resolución favorable en su estrategia legal contra de cinco tiendas de armas en Estados Unidos, a las que acusa de facilitar el tráfico ilícito de armas hacia el país.
“La Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en la ciudad de Tucson, dictó una sentencia favorable para México en su demanda contra cinco tiendas vendedoras de armas localizadas en ese estado (estadounidense)”, informó en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Desde octubre de 2020, el Gobierno mexicano inició un litigo contra cinco vendedoras de armas y argumentó que, según datos de trazabilidad, «facilitan el tráfico de armas de alto poder» al país.
La Cancillería explicó que, en esta segunda sentencia a favor de México, la jueza Rosemary Márquez reconoció que las tiendas estadounidenses tuvieron “diversas señales” para saber que las armas que vendieron terminarían en México y que se utilizarían con fines ilícitos.