Con 242 votos a favor, 202 en contra y cero abstenciones, la bancada de Morena y aliados lo turnó al Senado para su aprobación; opositores advierten que recurrirán a una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este viernes con 242 votos a favor, 202 en contra y cero abstenciones, la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con la que se delegará a los 32 estados del país prever los recursos económicos necesarios para atender contingencias por emergencias de fenómenos naturales, además de que tendrán la obligación de contratar seguros para la cobertura de daños.
Encabezados por la bancada de Morena con apoyos de sus aliados PT y PVEM en la cámara baja, se dio aval a esta una nueva ley que pasó al Senado para su visto bueno.
A pesar del rechazo de la oposición, los diputados que conforman la bancada de la 4T aprobaron con los votos necesarios esta encomienda del presidente Andrés Manuel López obrador, para delegar las responsabilidades de gastos a los estados y municipios en casos de desastres naturales, y liberar de esa responsabilidad a la Federación.
El dictamen que abroga la Ley General de Protección Civil del 2012 y que ahora avanza ahora a la Cámara alta establece que los estados y municipios deben tener seguros y destinar recursos de manera exclusiva para cubrir los daños que puedan causar fenómenos naturales. Estas partidas presupuestales deberán cubrir acciones de reconstrucción de la infraestructura pública a nivel estatal que resulte afectada.
En lo que respecta al monto de los recursos que deberán destinarse para cubrir los riesgos en caspo de desastre natural, el dictamen destaca que deber ser cuando menos el 10% del promedio obtenido de la aportación que el estado hizo en los últimos 5 ejercicios fiscales.
Por otra parte, los diputados de oposición acusaron que en el dictamen no se incluyeron las propuestas presentadas por ellos e ignoraron sus propuestas, por lo que advirtieron que recurrirán a una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertirla