La decisión, por tres votos favor y dos en contra; quedó expuesto que el objetivo de las reformas a la cita norma margina en la competencia de mercado de la industria del ramo a empresas privadas
La polémica Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el populista Andrés Manuel López Obrador y aprobada en marzo del 2021 por legisladores de la 4T sin revisión rigurosa y con el objetivo de beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre sus competidores privados, quedó en punto muerto, luego de que este miércoles la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaro inconstitucional, por violar las reglas de generación, mercado y competencia.
Por tres votos a favor de la inconstitucionalidad, de los ministros Alberto Pérez Dayán, dos veces, al aplicar el “voto de calidad” que otorga el Artículo 56 de la Ley de Amparo tras la excusa del magistrado Javier Laynez Potisek para no votar, y el sufragio de Luis María Aguilar, se alcanzó el fallo. Quienes votaron en contra de considerar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO fueron las magistradas afines al mandatario y a toda norma de la 4T, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama.
Sin tantas vueltas sobre el asunto, quedó expuesto el objetivo de las reformas a la industria eléctrica que impulsó López Obrador para marginar en la competencia de mercado de la industria del ramo a empresas privadas que incluso ya apuestan por energías limpias, pero para el gobierno de la 4T la intención estaba marcada, beneficiar en todos los aspectos a la CFE.
El juicio que abrió camino para esta inconstitucionalidad derivó de seis amparos otorgados a las empresas privadas Recursos Solares PV de México IV, S.A. de C.V., BNB Villa Ahumada Solar S. de R.L. de C.V., Engie Abril PV S. de R. L. de C.V., Eólica Tres Mesas 4 S. de R.L. de C.V., Tractabel Energía de Pánuco S.A. de C.V., y Tractabel Energía de Monterrey S. de R.L. de C.V., que denunciaron una competencia desleal con la intención de beneficiar únicamente a la empresa productora del estado, la CFE, por lo que con la decisión tomada la Ley de la Industria Eléctrica de la 4T queda en punto muerto, sin oportunidad de aplicarse.
Podría decirse que esta decisión fue un duro revés para la 4T y un triunfo para la legalidad y la transparencia en la toma de decisiones.