La mortalidad de mujeres por causas prevenibles es un problema grave de derechos humanos que afecta dramáticamente a las mujeres de nuestro país y del Distrito Federal.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, menciona que por cada mujer que muere, otras 30 sufren heridas o enfermedades permanentes que pueden resultar en dolores de por vida, discapacidad y exclusión socioeconómica.
El cáncer de mama es cada día más frecuente y el de mayor mortalidad entre las mujeres del mundo. Cifras de la OMS reportan que por cada 100 mil mujeres, fallecen 13 por esta causa, registrándose en promedio 411 mil decesos anuales.
En el DF la tasa de mortalidad por cáncer mamario es de 23.9 muertes por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años.
Tras este escenario, lamentable, pero prevenible, la Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la ALDF, Diputada Maricela Contreras Julián, señaló la urgencia de rediseñar las políticas públicas de atención integral de la salud de las mujeres, con visión específica en el cáncer de mama. Por ello surgió la iniciativa de Ley para la Atención Integral de Cáncer de Mama, que permitirá establecer una política pública dirigida a la promoción de la salud, prevención, detección oportuna, diagnóstico, atención, tratamiento, rehabilitación, control y vigilancia del cáncer de mama en el DF.
En compañía de los integrantes de la Comisión de Salud, mencionó que son 6 ejes rectores que sustentan la propuesta:
1.- Consolidar el programa de atención integral de cáncer de mama en el DF.
2.- Establecer una política transversal de atención a la enfermedad con calidad y eficiencia
3.- Aplicar con transparencia el gasto en la atención del servicio
4.- Buscar la disminución de los índices de mortalidad, a través de la prevención y diagnóstico oportuno
5.- Coordinar los esfuerzos con todas las autoridades de la Ciudad de México para optimizar recursos económicos
y profesionales
6.- Fijar lineamientos para que los servicios médicos públicos y privados en el DF sean eficientes y cualitativos
La diputada Contreras Julián precisó que la prestación de este servicio es gratuito en toda la Ciudad de México.
Finalmente la Comisión de Salud estableció que se creará el Consejo de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del DF.
Acusan a la Dirección de Reclusorios del DF por desacatar recomendaciones de la CDH local
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la ALDF, pidió a la Secretaría de Gobierno de la capital resolver inmediatamente la precaria situación por la que atraviesan los reclusorios del Distrito Federal, debido a que el sistema penitenciario es el órgano con más recomendaciones en materia de presuntas violaciones a los derechos humanos.
En voz de la Diputada Lía Limón García, recordó que se presentó en la Diputación Permanente un punto de acuerdo para que la Subsecretaria del Sistema Penitenciario, Celina Oseguera Parra, atienda la recomendación 16/1995 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la que por más de 15 años ha sido ignorada.
Las fallas detectadas en el sistema carcelario, explica la legisladora Limón García, consisten en la existencia de relaciones laborales entre reclusos, falta de agua potable, alimentos, instalaciones sanitarias, entre otras.
La integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, conminó a los diputados a atender el exhorto que la Diputación Permanente les turnó.
En el punto de acuerdo solicita al sistema penitenciario remitir a este órgano legislativo un informe detallado que permita conocer cuál ha sido el seguimiento dado para cumplir integral mente la recomendación 16/1995 y de ser posible indicar fecha próxima para atender totalmente la misma .
Y con el objeto de brindar transparencia y seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CDHDF, se pide al SPGDF habilitar en su sitio de Internet una liga exclusiva en donde se pueda constatar el seguimiento y cumplimiento de recomendaciones por violación a los derechos humanos de los arrestados, procesados y sentenciados en el Distrito Federal.
Pide el GPPAN descongelar la Ley de Marchas en el DF
Las pérdidas económicas que registra el comercio formal en la Ciudad de México a causa de las marchas, manifestaciones, además de económicas se reflejan en deterioro ambiental, retrazo de las personas a sus destinos al quedar atrapadas en los bloqueos, exige descongelar la iniciativa para regular las marchas en la capital, reiteró el GPPAN en el DF, en voz de su Coordinadora, Diputada Mariana Gómez del Campo.
Lamentó que por más de ocho meses las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Transporte y Vialidad no hayan convocado a reunión para discutir y analizar el tema, que urge pues los empresarios y comerciantes por donde “circulan” las marchas provocan pérdidas hasta por 320 millones de pesos por un día de manifestaciones, se disparan los índices de contaminación y se dificulta el tránsito vehicular. Hacemos un llamado, insistió, para que a la brevedad nos reunamos, dialoguemos y lleguemos a consensos en este tema, que la población nos agradecería.
Desde noviembre pasado la fracción panista presentó una iniciativa que establece, entre otros puntos, informó, horarios, restricción de lugares y obligaciones de las autoridades cuando se realicen marchas, plantones, bloqueos, etc.
También plantea sanciones económicas y arresto inconmutable para quienes bloqueen vialidades primarias, sanciones para quienes atenten contra el patrimonio particular y/o cultural de la ciudad, así como la obligación de la Secretaría de Seguridad Pública local para notificar con anticipación sobre posibles manifestaciones y alternativas viales, reiteró Gómez del Campo.
Manifestó su agrado porque otros grupos parlamentarios en la Asamblea hayan presentado sus propuestas toda vez que se traduce en la urgente necesidad de lograr reformas constitucionales que protejan el derecho a manifestarse, sin afectar los derechos de terceros.
Cabe señalar que las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública del DF, informaron que cada año se realizan en la capital más de 3 mil 200 marchas, alrededor de nueve diarias. De enero a julio de 2010 el número de manifestaciones fue de mil 584.
Aprueba Comisión de Justicia reformas a leyes que ayudarán a disminuir el trabajo en juzgados
Para regular la mediación como mecanismo alternativo en los juzgados, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, aprobó por unanimidad reformar las leyes de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia y la de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal.
Los legisladores señalaron que las reformas permitirán disminuir el trabajo en los juzgados competentes en materia penal y de justicia para adolescentes al otorgar mayor celeridad en la solución de los casos.
Las reformas suprimen la figura de orientador, quien sólo interviene en sesión informativa, pero incorpora conceptos de mediadores privados, quienes atenderán los asuntos de los ciudadanos de principio a fin.
Al respecto el Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Comisión, apuntó que la Ley de Justicia Alternativa del DF actualmente limita el servicio de la mediación sólo para casos de conflictos de reparación del daño. Sin embargo, con las reformas se podrá llegar a la solución de los problemas en materia penal entre particulares a través del perdón jurídico.
El Artículo 4 de la Ley de Justicia Alternativa señala que la mediación procederá de la voluntad mutua de los involucrados para solucionar una controversia común y los jueces podrán sugerirles acudir al Centro de Justicia para resolver el problema.
Se incluyen las figuras de mediador público y mediador privado, quienes deberán contar con título y cédula profesional, tres años de experiencia, y para continuar en el cargo ser ratificado cada dos años, previa aprobación de examen de competencias laborales.
Los mediadores privados sólo podrán intervenir en las materias de justicia para adolescentes, mercantil y civil. Entre sus obligaciones se encuentran actuar de buena fe, abstenerse de divulgar y utilizar la información que obtenga en el ejercicio de su función, no influir en los mediados para acudir, permanecer o retirarse de la representación.
