La más reciente aportación nacional a la historia de la censura y el combate a la libre expresión –uno de los Derechos Humanos fundamentales, -pues comprende la libertad de pensamiento y ejercicio crítico de la inteligencia–, ha sido puesto contra el paredón de fusilamiento desde el nuevo Instituto Nacional Electoral con pretexto de la equidad en las contiendas, base del derecho a la asociación política; la capacidad de elegir y la garantía del sufragio.
Con motivo de una falsa protección de estos derechos sociales y políticos, se atropella el derecho de manifestar el pensamiento y su expresión, al menos cuando se hace en la radio y la televisión.
En fecha reciente el INE –devoto de San Judas Taddei—ha incorporado a su fiscalizadora labor de monitoreo los programas de opinión. Ya no se trata de balancear cuantitativamente la información en búsqueda de equilibrio y equidad en las contiendas desde los medios. Ahora se trata de medir, calibrar, calificar y castigar –a graves del llamado mecanismo especial sancionador, aplicable al concesionario–, la forma de pensar y la (imaginaria) libertad de expresarlo.
Opinar se ha vuelto un delito en este país. No sólo en contra, también a favor.
De acuerdo con los lineamientos actuales (en proceso de impugnación desde la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), la contabilidad de las opiniones y el análisis (sin reglas ni parámetros, excepto la libérrima interpretación de los censores) sugiere ocultos patrocinio de una u otra forma.
Si alguien expresa opiniones favorables, por ejemplo, para Marcelo Ebrard, por citar un caso imaginario, es porque ha recibido pauta o contrato; pero si opina en contra, es porque recibe estímulos del contrario para atacar por interpósita persona. Todo esto con base en sospechas y conductas improbables; es decir, de imposible comprobación.
Para no personalizar el caso, porque yo mismo desarrollo parte de mi actividad profesional en el periodismo de opinión y análisis en Crónica TV; Foro TV, Tele fórmula y el Canal 34, vale la pena revisar los puntos de vista de Leo Zuckerman, cuyo programa debería desde ya cambiar de nombre.
Se llama “La hora de opinar”. Ahora podría denominarse, “La hora de delinquir”, si nos atenemos al fascista criterio de los descendientes de Moya de Contreras, quien como todos sabemos en 1571, fue el inquisidor máximo en el Tribunal de la fe (el Santo Oficio), en la Nueva España. Hasta esos tiempos hemos retrocedido.
“Resulta que el Instituto Nacional Electoral (INE) – dice LZ en su columna de EXCÉLSIOR–, ha decidido monitorear cuatro programas de opinión para “valorar” cuánto tiempo le dedican a hablar de cada candidato y/o partido y si la opinión es “positiva”, “negativa” o “neutra”.
En realidad, el monitoreo abarca más de 500 programas de análisis, aunque parece llevar dedicatoria contra algunos en especial. Sigo la cita:
“…Este tipo de monitoreo ya se hace con los noticieros para ver si tienen una cobertura equitativa de todos los candidatos y/o partidos. Se trata de una regla que trata de evitar lo que ocurría durante el régimen autoritario priista (sic) cuando se les daba mucho más tiempo a los candidatos del PRI con reportes positivos. La oposición no salía o se les daba un enfoque negativo en los reportajes. Con el fin de equilibrar la cancha, el INE comenzó a monitorear los noticieros y publicar los resultados. Esta regla quedó establecida en la ley cuando se hizo la reforma electoral de 2007.
“Lo que provocó esta norma es que los noticieros se tornaran de flojera. Para salir limpiecitos en el monitoreo, se les daba el mismo número de minutos a los candidatos que estaban en la pelea que a los que no tenían ni una oportunidad en la competencia. Pero, además, todas eran notas aburridas para que las autoridades las consideradas como “neutras”.
“Así se logró la famosa “equidad” en los noticieros de radio y televisión. Las estaciones salían a presumir una cobertura perfecta según el monitoreo del INE. En nada contribuían, sin embargo, a una auténtica competencia democrática.
“Por fortuna, los programas de análisis y debate quedaron exentos del monitoreo. Claro que hubo cavernícolas en el INE que intentaron integrarlos porque el que tiene poder quiere ejercerlo.
“Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió proteger los segmentos de opinión tanto en los noticieros como en los programas de análisis y debate, con el fin de garantizar la libertad de expresión consagrada en la Constitución”.
Ante semejante atropello, del cual quedan exentos (hasta ahora) los medios impresos y la web, los periodistas nos veremos obligados a buscar refugio en las redes sociales o en canales como “YouTube”, alejados por ahora de la zarpa de los inquisidores.
Pero si lo anterior no fuera preocupante de por sí, su origen debe causar más alarma.
Todo esto proviene –en parte–, de tres encuentros.
Una, del Consejo General del INE en el Palacio Nacional para llevarle tributos de obediencia al presidente de la República, como los macehuales a Moctezuma; la asamblea privada con los gobernadores morenistas en el Instituto alguna vez autónomo y cuya evolución fue impedida mediante el confinamiento de la prensa en una sala cerrada y la reciente reunión entre Jesús Ramírez Cuevas y San Judas Taddei.
De la reunión en el Palacio Nacional destaco esta intervención del presidente LO:
“…Es una conversación con el propósito de trabajar en forma coordinada cada quien, en el ámbito de sus competencias, pero con el propósito de hacer valer la democracia en el país, de que ya no haya influyentismo, que actúe el INE con absoluta autonomía, que no dependa ni del gobierno ni de grupos oligárquicos…”
Resulta por lo menos paradójica la defensa de la autonomía: prosternarse en el ara del Palacio Nacional.
La segunda reunión fue lamentable. Los reporteros confinados y bajo arresto. Y la explicación por demás idiota:
“…este martes (25 de julio), el INE no extendió invitación de prensa por el carácter privado del encuentro y dispuso de una valla que facilitara el ingreso de las y los gobernadores, así como de sus comitivas, lo que en ningún momento implicó restricciones para que la prensa pudiera llevar a cabo su labor…”
¡Ah! vaya, las vallas no limitan espacios; facilitan labores.
“Esta logística, bien conocida por las y los representantes de los medios que conforman la fuente del INE, facilita el acceso de las personas invitadas y aún el trabajo de la prensa, ya sean periodistas, fotoperiodistas y camarógrafos, entendiendo siempre sus particulares necesidades (¡Ah!).
“Desde el inicio hasta el final del evento, todos los medios de comunicación asistentes recibieron la atención que merecen para llevar a cabo su labor, explicándoles que al final -como en otras ocasiones- tendrían acceso a entrevistas con las y los participantes del encuentro”.
Claro, la servidumbre puede comer… en la cocina.
Y del acuerdo con JRC, no hay información disponible. Pero la habrá, la habrá…
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