La Representante Comercial de EU en el ramo agrícola informó que México rechazó 14 muestras distintas de productos que se presentaron como evidencia de que no existe afectación a la salud humana; se han exigido al gobierno mexicano pruebas científicamente comprobables por sus alegatos y han guardado silencio y tampoco hay pruebas
En medio de reclamos y de un posible panel comercial dentro de las reglas del T-MEC convocado por Estados Unidos, que defiende la importación a México de su maíz amarillo y genéticamente modificado, mismo que desde hace 20 años se vende sin que existan evidencias de afectaciones a la salud como señala el gobierno del populista Andrés Manuel López Obrador, empresas harineras así como el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) que aglutina a 65 mil de las 130 mil tortillerías que hay en el país, han solicitado al gobierno de la 4T, a través de Cofepris, que presente pruebas con información científica para que ya no se use harina ni materia prima de maíz transgénico en sus productos.
En diciembre de 2020, López Obrador, quien alegó sin pruebas afectaciones a la salud de las personas por el consumo de maíz genéticamente modificado, emitió un decreto en el que fijaba para el 31 de enero de 2024 la fecha límite para ya no utilizar el herbicida glifosato, que se ocupa en el proceso de preparación antes de la siembra de maíz y también para ya no utilizar el grano transgénico procedente de Estados Unidos; sin embargo, ante el reclamo de productores de harinas y tortillas de ambos lados de la frontera, meses más tarde, el gobierno de la 4T anunció que se extendería este plazo hasta 2025, pero enredó más cosas.
Sin embargo, al gobierno estadounidense reclamó por aplazamiento y advirtió que llevará el caso ante un panel comercial dentro de las reglas del T-MEC. En febrero de este 2023 López Obrador trató de suavizar el amago del vecino país y en una acción desesperada que enredó más la situación firmó un nuevo decreto en el que supuestamente abre camino para la importación de millones de toneladas de maíz transgénico pero para forraje y uso industrial, o sea, el que finalmente se procesa para hacerlo harinas, pero tampoco fue bien visto por Washington, que exigió pruebas científicas con evidencias al gobierno de López Obrador por las prohibiciones y hasta el momento no se ha presentado ninguna y por el contrario, ha guardado silencio. EU mantiene firme su intención de llevar a un panel de controversias este caso al haber violaciones en los acuerdo comerciales ya establecidos.
A esta desordenada decisión del populista mandatario, se suma el que ahora ordenó tanto a empresas harineras como a las mismas tortillerías controlar que no se utilice producto transgénico para elaborar los productos de consumo humano.
Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López García, hizo un llamado al Gobierno Federal para modificar la normativa 187 (NOM 187) en la que se indica que las tortillerías se encargarán de que no se elabore el producto con maíz transgénico, a lo que el representante del gremio de la masa y la tortilla apuntó que esa debería ser tarea de las harineras y de las comercializadoras del grano.
LA RESPONSABILIDAD
Con la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 187, ésta deja entrever que el gobierno de la 4T se desatiende de la situación y carga la responsabilidad a las tortillerías, dejándolas a su suerte.
El presidente de la CNT, que representa a 65 mil tortillerías de las 130 mil que hay en el país, dijo que el Gobierno Federal no puede dejarles esa responsabilidad, ya que ellos trabajan con el producto procesado que les venden las comercializadoras y las harineras como Maseca y Minsa, que son las que controlan el mercado. Asimismo, refirió que la Federación debería regularizar la situación y desde el inicio vigilar que se impida el ingreso y siembra de maíz genéticamente modificados. Frente a esta situación, el gremio tortillero pidio al gobierno lopezobradorista que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), presente resultados de una investigación científica en la que se aclare si es dañino el uso del maíz y harinas transgénicos para su consumo humano.
En la misma posición se han pronunciado las principales empresas harineras del país, que exigen con evidencias científicas que hay daños en la salud de las personas para que ya no se utilicen derivados del maíz genéticamente modificado.
De acuerdo con información de organizaciones que monitorean la comercialización de la masa y la tortilla, en México se destinan al año 10 millones de toneladas de maíz para elaborar tortillas, de las que reciben harina ya procesada de empresas como Maseca y Minsa, que controlan en un 25 por ciento la venta del producto, mientras que el 5 por ciento restante se lo dejan a Diconsa, que es la empresa del gobierno.
ANTECEDENTE
Un informe de 2016 y actualizado con más de 400 páginas elaborado por la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina, principal organismo asesor de EU para temas científicos destaca que tras décadas debatiendo sobre los peligros o no de los alimentos genéticamente modificados, este estudio en el que participaron 20 de los mejores científicos estadunidenses, llegó a la conclusión de que no hay absolutamente ninguna evidencia de que estos cultivos de maíz genéticamente modificados sean dañinos para la salud o el medioambiente.
El estudio subraya que luego de buscar cualquier indicio sobre posibles daños para la salud que sea directamente atribuible a alimentos transgénicos, los expertos no pudieron encontrar ni una prueba. «Los estudios que se han hecho en animales y en la composición química de cultivos genéticamente modificados no muestran diferencias entre los alimentos transgénicos y los convencionales que pueda implicar un mayor riesgo para la salud que el consumo de los convencionales», destaca.
Doug McKalip, el jefe negociador de comercio agrícola de la Representante Comercial de EU (USTR por sus siglas en inglés), envió una carta el pasado 30 de enero a la Secretaría de Economía en la que se solicitaban pruebas científicas de las prohibiciones y evaluaciones de riesgo que respalden las decisiones del gobierno de la 4T, que son obligatorias en virtud del acuerdo comercial iniciado en 2020. El funcionario dijo a la agencia Reuters que el gobierno de México rechazó 14 muestras distintas de productos agrícolas que se le presentaron como evidencia de que no existe afectación a la salud humana y no aportaron ninguna justificación. “Queremos asegurarnos de que hagan ciencia responsable, que muestren su trabajo y tomen decisiones basadas en evaluaciones de riesgo”, subrayó el funcionario estadounidense.
Las exigencias del gobierno estadounidense fueron validadas el pasado 24 de febrero por Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), quien aseguró en una declaración que a 24 años de la entrada del maíz amarillo transgénico a México “no hay científicamente demostrado un daño a la salud humana ni en México ni el mundo”. Después de esta declaración el funcionario no ha vuelto a hablar del asunto.
CIFRAS
Cifras oficiales del gobierno federal indican que anualmente México compra aproximadamente 17.5 millones de toneladas de maíz, de las cuales 13.7 millones de toneladas (grano amarillo transgénico) son adquiridas por empresas pecuarias para utilizado como alimento de ganado (forraje), otras 3.1 millones (amarillo) son compradas por el sector industrial y 650 mil toneladas (blanco) son importadas por las harineras.