En abril del año, cerca de las elecciones intermedias del sexenio, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, en un desplante de clarividencia –según refiere la BBC–, le atribuyó a la delincuencia organizada la comisión de asesinatos políticos en México.
Tal, descubrimiento (los delincuentes delinquen, en lugar de portarse bien), quiso tamizar un. tema por demás peligroso: el crimen contra candidatos y actores políticos. No se sabe si para quitarlos del camino o para “calentar las plazas”. Quizá con ambos propósitos.
Dijo así RIR:
“…El reto es grande, si se considera que en el proceso electoral actual participan más de 150.000 candidatos a más de 21.000 cargos de elección popular», señaló la funcionaria al presentar un informe el 30 de abril pasado.
«Sabemos que la violencia y agresión contra aspirantes no es un asunto generalizado en todo el país, sino que se concentra en algunos lugares, donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan influir políticamente…”
Uno de los casos más sonados fue el del sonorense Abel Murrieta. La BBC lo reportó de esta manera con todo y seguimiento del caso:
“Abel Murrieta, un candidato a una alcaldía en el norte de México, se alistaba para hacer campaña la tarde del 13 de mayo cuando fue víctima de un ataque armado.
“El político de 58 años estaba en la calle, al exterior a un centro comercial en Ciudad Obregón, Sonora, cuando un hombre se le acercó y le disparó en múltiples ocasiones”.
“…Tras conocerse el caso de Murrieta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó lo ocurrido y se comprometió a hacer la investigación «a fondo» y «tener resultados pronto para castigar a los responsables».
El gobierno federal —entonces–, desarrolló un plan de protección de candidatos.
Pero los números de la violencia contra candidatos, los segundos más altos solo después de las elecciones de 2018, mostraron que se asume un enorme riesgo al ser candidato en algunas regiones del país.
«Es peligroso ser candidato en México, pero no de forma generalizada. Hay algunas regiones y estados que son más problemáticos que otros», le dice a BBC Mundo Carlos Rubio, coordinador del reporte de “Integralia”.
“Como en periodos electorales pasados, el foco de riesgo está en el nivel municipal”.
Este caso, aisladamente, no dice casi nada, pero si revisamos la contabilidad mortuoria conocemos un expediente de 143 muertes en 169 incidentes (amenazas, hostigamientos, persuasión forzada, etc.), entre septiembre del año 2020 y abril del 21; es decir, en plena actividad electoral.
Lo más preocupante es un hecho obvio: en ninguno de esos 143 homicidios se había registrado un activismo presidencial en contra de alguno de ellos, como sí sucede ahora en la más grande elección de la historia (más de 20 mil puestos electorales; Congreso, gobiernos estatales, mil quinientos municipios y el Poder Ejecutivo, sea cual sea su género), como ahora.
Hoy el presidente ha enderezado una campaña personal (toda la semana anterior y un par de días más), en contra de una persona y un grupo de ciudadanos supuestamente sus patrocinadores políticos y quizá económicos.
No es el papel presidencial, ni es de esa manera como se honra el cumplimiento de la ley, lo cual tampoco es para sorprender a nadie en un gobierno cuyo jefe absoluto nos ha dicho, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley,
Así pues, en estas condiciones de calentamiento electoral, es oportuno preguntar sin amarillismo ni sensacionalismo, ¿alguien se está ocupando por garantizar la seguridad de Xóchitl Gálvez?
En un país donde la delincuencia organizada puede usar drones y minas personales y cuya capacidad de fuego puede derribar helicópteros de combate, Blackhawk, no resulta ocioso hacer esa pregunta.
Lo ocioso seria aventurar una respuesta
