El gobernador se apura para no quedar fuera de la fotoo junto al mandatario que supervisa obras del Tren Maya, sin tocar el tema de la inseguridad, lo que tiene a sus ciudadanos entre la espada y la pared bajo la amenaza de grupos armados que ha obligado a muchos a dejar sus hogares
Fiel a su política de quedar bien con el patrón para no recibir reprimendas, en esa lógica es como gobierna Chiapas Rutilio Escandón, quien en cada visita del mandatario, como la de este viernes 7 de julio por la entidad, se desvivió y bañó de elogios al populista presidente Andrés Manuel López Obrador sin que existan motivos reales para ello, mientras que los chiapanecos viven entre la espada y la pared bajo la amenaza de grupos del crimen organizado que han robado la tranquilidad de la que gozaba Chiapas.
Las constantes visitas de López Obrador a Chiapas han sido con un solo objetivo, posar para la foto, ya que le gustan los reflectores, y supervisar el avance de las obras del Tren Maya, proyecto que el populista mandatario quiere inaugurar a toda costa en diciembre próximo, aunque no se hayan confirmado las medidas de seguridad a lo largo de este proyecto que se está haciendo contrarreloj y para cumplir otro capricho más del huésped de Palacio Nacional.
Asuntos prioritarios como la inseguridad, un tema que ya se le ha escapado de las manos al gobernador morenista, pues no sabe qué hacer para proteger a los ciudadanos que prometió defender es lo que menos interesa, ya que su prioridad es recibir el aplauso del mandatario. Como evidencia está el secuestro masivo y posterior liberación de los 16 elementos administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal (SSyPC), que fueron retenidos durante 72 horas por presuntos hombres armados del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
SECUESTRO MASIVO
Este suceso dejó en evidencia que Rutilio Escandón no sabe qué hacer ni cómo enfrentar este tipo de problemas, enmudeció y sólo ordenó a las autoridades que supuestamente llevaban el caso no dar información, ya que nadie sabía absolutamente nada, no hay estrategia de seguridad ni protocolos en caso de ataques armados, en pocas palabras, los chiapanecos están a la buena de Dios.
Tras la liberación de los secuestrados, sin que hasta el momento se sepa qué ocurrió, pero lo que sí es un hecho es que no fue por intervención ni del federal ni del estatal, es que estos 16 trabajadores regresaron con sus familias.
Tras esta milagrosa liberación, entonces sí Rutilio Escandón se colgó un triunfo ajeno, como si él hubiera negociado con los criminales, e informó al patrón, quien andaba de gira por el Estado de México, sobre la noticia.
CIFRAS
De acuerdo con un reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi, en el primer trimestre del 2023, al menos 6 de cada 10 chiapanecos de 18 años y más reportaron sentirse inseguros en su ciudad. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, donde hay una mayor presencia policial con elementos del Ejército y Guardia Nacional, la percepción de inseguridad sigue siendo alta, al pasar de 80.9 por ciento a 71.7 por ciento, caso contrario a como se observa en Tapachula, donde el nivel de inseguridad denunciado por los ciudadanos es del 82.1 por ciento. Las denuncias por casos de inseguridad y donde incluso ya se reportan desplazamientos en comunidades de Arriaga e Ixtacomitán.
Uno de los puntos más graves es en la comunidad de Comalapa, zona fronteriza que colinda con Guatemala y donde al ser zona bajo control del Cartel de Sinaloa para el trasiego de drogas y tráfico de personas, ha obligado a que unas 4 mil personas hayan dejado sus hogares, lo que ha sido denunciado por habitantes de la zona y de comunidades vecinas, pero que el gobierno estatal ha hecho oídos sordos.
Desde que en noviembre de 2020 legisladores de Morena que controlan la Cámara de Diputados eliminaron el subsidio del Programa para Fortalecimiento de la Seguridad para los estados (FORTASEG), con el argumento de austeridad y por supuestas irregularidades en el ejercicio del gasto. A partir de ese retiro de apoyo para acciones de seguridad los operativos contra la inseguridad y al crimen organizado se desfundaron en varios estados del país, uno de ellos Chiapas, donde aumentaron los asaltos, delitos como extorsión, secuestro, ejecuciones a cualquier hora del día tanto en zonas rurales como urbanas y se extendió la presencia de grupos del crimen organizado.
DESPLAZADOS
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunció que entre 2010 y 2022 han sufrido desplazamiento forzado en la entidad 10 mil 476 personas. En tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado Castro, señaló que, en Chiapas hay una alto número de casos de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) con especial énfasis en pueblos indígenas, y de acuerdo con cifras de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de pueblos indígenas, de diciembre de 2018 a junio de 2022 había un reportes de más de 3,000 personas desplazadas en Chiapas por causa de la violencia de grupos armados.