Informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y del Observatorio del Desplazamiento Interno revelan que el año pasado 386 mil personas huyeron de sus lugares de origen las causa del crimen organizado
El fracaso de la política de seguridad de “Abrazos no balazos” de la 4T ha quedado en evidencia con reportes de Naciones Unidas y de organizaciones internacionales que revelan que en el caso de los desplazamientos civiles por el crimen organizado obligó en 2022 a que 386 mil personas dejaran sus hogares, cifras que exhiben la realidad que se vive en México, y que dista mucho de las cifras que cada semana presentan con sus propios datos las secretarías de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Sedena).
Un Informe del 13 de enero pasado de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los desplazados internos sobre una visita que hizo al país en septiembre del 2022, revela que en ciertas regiones de México el crimen organizado controla territorios y poblaciones a través de amenazas, intimidación y violencia.
De acuerdo con la ONU, los datos que la organización ha recabado y cuya cifra acumulada va desde 2006 hasta 2020, refiere que en México habría al menos 356 mil 792 personas desplazadas por la violencia, sólo en eventos masivos. Y ya para 2021, según los reportes mensuales apuntan de la existencia de 29 mil nuevos desplazamientos masivos por la violencia. Se trata de un incremento considerable respecto a años anteriores (8.664 desplazados internos en 2019 y 9.741 en 2020).
Los datos destacan que a partir de 2019 los números solo se refieren a desplazamientos de al menos, 5 familias o 20 personas en conjunto. Es decir, las cifras no reflejan los desplazamientos individuales ni por otras causas, como por desastres relacionados con la acción humana o por peligros geológicos, hídricos y meteorológicos extremos.
La política de seguridad que establece cada país determina el nivel de protección a la ciudadanía y la tranquilidad que se otorga con esas medidas en todo su territorio, pero en el caso de México estas medidas pueden considerarse como un fracaso, a menos de 15 meses para que termine la administración del populista mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien presenta cifras de mejoras en el combate al crimen organizado, pero sin presentar pruebas ni dar buenos resultados.
Muestra de este problema de inseguridad lo exhibe también el estudio del Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) y el Consejo Noruego de Refugiados (NRC) del pasado 11 de enero, en donde revelan que el número de desplazados por la violencia en México durante 2022 fue de 386 mil, mientras que otras 3 mil 600 personas viven lejos de sus hogares por causa de desastres naturales.
El Informe destaca que de enero de 2019 a junio de 2022 se han registrado al menos 99 episodios de desplazamiento forzado en 14 estados del país, principalmente en Chiapas, donde se registraron 19 expulsiones, en Guerrero 16, en Michoacán 12, mientras que en Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca se reportaron 10 casos de desplazados en cada una.
El reporte refiere que la violencia por presencia de grupos criminales causó 9 mil 200 nuevos movimientos forzosos el pasado año, una notable reducción frente a los 29 mil registrados en 2021, aunque la cifra es similar a las de 2019 y 2020.
De estos casos, el 90 por ciento de desplazamientos por inseguridad se registraron en Michoacán, Chiapas y Zacatecas. En los casos de Michoacán y Zacatecas, 2 mil 700 personas huyeron de sus hogares por amenazas del crimen organizado, principalmente por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y parte de ellos fueron causados cuando esta banda criminal tomó la localidad michoacana de Chinicuila.
En 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 (CENSO 2020), que incluyó una pregunta sobre las causas de la “migración interna” entre marzo de 2015 y marzo de 2020; las causas contenidas en el CENSO 2020 incluyeron movilidad asociada a “inseguridad o violencia criminal”, y “desastres naturales”.
Los resultados arrojaron que 262.411 personas1 (53 por ciento mujeres) reportaron haberse visto obligadas a cambiar de municipio o estado por “inseguridad o violencia delictiva”.
En tanto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, también del INEGI, arrojó que aproximadamente 371.000 personas cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en 2019 y aproximadamente 912.000 personas en 2020.
El reporte subraya que pocas veces las autoridades llevan a cabo investigaciones sobre los crímenes más graves como homicidios y desapariciones, lo que genera altos niveles de impunidad y de desconfianza en las autoridades.
Asimismo, destaca que es muy difícil que el Estado pueda responder de manera adecuada y medir el impacto positivo de su respuesta sobre el ya reconocido reto del desplazamiento interno en México, si no se cuenta con información sobre la magnitud del fenómeno y datos oficiales específicos sobre los perfiles, ubicación y necesidades de las personas desplazadas