El desorden absoluto en los Servicios de Protección Federal, la policía de resguardo de instalaciones públicas, llegó ya al punto de timar a las dependencias que contratan a esta instancia que pertenece a la Comisión Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana (CNSyPC) y que se cobra de acuerdo con el número y capacidades de policías alquilados para dicha labor. Simultáneamente, la CNSyPC jinetea el dinero que debería ser parte del sueldo de los policías y que nunca llega a ellos.
De acuerdo con documentos en poder de El Cristalazo, incluidos los contratos que CNPySC firma con diversas dependencias, Servicio de Protección Federal debe “cumplir con el número de integrantes y grado requerido de conformidad con la solicitud” de la dependencia que contrata los servicios. Es decir, no sólo se establece cuántos elementos se envían, sino también los “grados” o niveles de especialidad y mando de los policías que se asignan al contrato.
Protección Federal, a partir de otra cláusula de sus contratos puede “asignar a los servicios a integrantes de grado diferente o de menor jerarquía”, aunque eso significaría que su área financiera “expedirá el CFDI de conformidad con e número y jerarquía de integrantes que efectivamente hayan prestado el servicio”.
En lugar de cumplir con el contrato, Protección Federal optó por “disfrazar” a sus elementos de baja jerarquía, especialmente a los guardias rasos, como elementos con grado a partir de una supuesta homologación para la que, de entrada, se hizo firmar forzadamente a los elementos, a efecto de que aceptaran una “jerarquía homologada” temporal que “no representa el pago de una contraprestación económica adicional o superior a la función que originalmente ostento”.
Resultado: cobro a las dependencias contratantes por encima de lo que debería costarles el servicio recibido y policías que reciben tareas por encima de sus atribuciones sin un solo peso extra. Además, por el timo a las dependencias contratantes, resulta que Protección Federal sí recibe los recursos para pagarle a los “homologados”, pero no les paga ese extra y les hace firmar de conformidad, so pena de arresto, que están de acuerdo con ello.
La institución que más recientemente ha sufrido de esta estafa es el Banco del Bienestar, pero está en puerta el Instituto Nacional de Migración, debido a que esta dependencia ha optado por deshacerse de servicios privados luego de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez.
Al enviar a todo el país elementos “homologados” que no cobran el sueldo de sus funciones, la dependencia, como documenta este medio informativo, incurrió además en un despliegue carente de la más mínima organización. Los elementos llegaron sin viáticos y muchas veces fueron abandonados a su suerte en el sitio a vigilar, llegando a darse situaciones de peligro allí, donde el narco manda y cuyas gavillas veían personal con uniforme policial sin saber que se trataba de custodios de vigilancia de instalaciones.
En cuanto a los policías cuyo dinero es jineteado, debe señalarse que las homologaciones de grado y mando son habituales en las corporaciones de seguridad pública, pero no forzadas sin goce de sueldo o prestaciones extra, como en este caso.
Paradójicamente, los policías de Protección Federal son obligados a firmar esta homologación con rúbrica y huella, esto supuestamente al amparo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del artículo 32 del Reglamento del Servicio de Protección Federal.
El artículo 73 de la citada ley refiere que “las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución, sujetas a la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza”.
El artículo 32 del Reglamento del Servicio de Protección Federal refiere que cuando la Institución no cuente con Integrantes que ostenten la jerarquía o perfil requeridos para ocupar algún cargo o función necesario para mantener su correcto funcionamiento, el Comisionado podrá “nombrar a Integrantes de la Institución que ostenten un grado inmediato inferior, o designar, en caso de no encontrarse alguien en el supuesto de la fracción anterior, a cualquier persona que tenga la experiencia y perfil para ocuparlo. En este último supuesto, la persona designada tendrá una jerarquía homóloga correspondiente al cargo o función que vaya a ocupar”.
De la aceptación forzada y sin sueldo extra, no hay base legal alguna emanada del artículo.
Lo anterior, sin duda, ha contribuido a las renuncias masivas que están anulando las nuevas campañas de reclutamiento que la institución realiza actualmente para contar con más policías en sus filas. Las dimisiones ya llenan una pared con anuncios de bajas (fechas para finiquitos) en las oficinas administrativas.
