El fallo de los magistrados, por ocho votos a favor y tres en contra surge después de un análisis de la acción de inconstitucionalidad 137/2022 que promovieron senadores de oposición, por considerar que al mando del Ejército Mexicano la Guardia Nacional carece de control civil
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este martes por ocho votos a favor y tres en contra, la inconstitucionalidad de la reforma del populista presidente Andrés Manuel López Obrador para la adscripción y administración operativa de la Guardia Nacional sea bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ente de seguridad creado en 2019 tras la desaparición de la Policía Judicial Federal y con la promesa de mantenerlo con carácter civil, lo que no se ha cumplido, por lo que deberá regresar a control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana( SSPC).
El fallo de los magistrados de la máxima Corte del país surge después de un análisis y votación de la acción de inconstitucionalidad 137/2022 que promovieron senadores de oposición en la que demandaron su invalidez, por considerar que al mando del Ejército Mexicano la Guardia Nacional carece de todo fundamento y control civil.
La Ministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández votó a favor de la inconstitucionalidad del traspaso de la GN a Sedena, con lo que deja claro que las tareas de seguridad pública deben ser de carácter civil y no militar.
Norma Piña Hernández argumentó la decisión de su voto al subrayar que “conforme a la literalidad del Artículo29 constitucional, así como la interpretación histórica y sistemática con el 21 constitucional, es fundamental optar por un entendimiento estricto, en el que las funciones de seguridad ciudadana son de la competencia exclusiva de las autoridades civiles. A las fuerzas armadas les corresponde una tarea distinta, la de seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas”, apuntó.
En el mismo tenor, la ministra presidenta de la Corte refirió que la única excepción es el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional del 26 de marzo del 2019 que habilitó al Poder Ejecutivo a usar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, durante el periodo de cinco años, ampliado posteriormente a nueve.
Asimismo, se acordó que este auxilio se haría de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria conforme a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), de tal suerte que “estaría de acuerdo con el proyecto, me apartaría de algunas consideraciones.
Este martes y antes de la votación de los ministros de la SCJN, el presidente López Obrador negó que se esté “militarizando” al país al e insistió en que la Guardia Nacional debe seguir bajo control de la Sedena para evitar que se corrompa.
“Utilizan como excusa de que se va a militarizar el país. Los que aplaudían cuando utilizaban al Ejército para reprimir al pueblo ahora están preocupados y son defensores de derechos humanos. Hipócritas”, señaló el mandatario quien presagiaba un revés.
La creación de la GN surge a partir de la orden del presidente López Obrador de desaparecer a la Policía Federal, órgano de seguridad que se extinguió el 5 de agosto de 2019 con la promesa de que el nuevo grupo de seguridad absorbería a todo el personal, del cual ha sido despedido sin justificación.