Por la muerte de 40 personas, además del titular del Instituto Nacional de Migración también se procederá en contra del director general de Control y Verificación, Antonio López Díaz, por incumplir con sus obligaciones de vigilancia, protección y proporcionar la seguridad a las personas que se encontraban en el centro
Dos semanas después del incendio de un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) en el que murieron 40 migrantes de Centro y Sudamérica en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que obligó a iniciar una investigación sobre el caso, este martes la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya hay responsables por esta tragedia y procederá penalmente contra ellos, siendo el principal Francisco Garduño Yáñez, titular de este Instituto que depende de la Secretaría de Gobernación
La FGR refiere en un comunicado que derivado de las indagatorias que arrojó la tragedia ocurrida el pasado 27 de marzo, además de Francisco Garduño también se procederá en contra del director general de Control y Verificación, Antonio López Díaz, por incumplir con sus obligaciones de vigilancia, protección y proporcionar la seguridad a las personas que se encontraban en el albergue y por negligencia en las instalaciones, lo que derivó en violaciones a derechos humanos de los migrantes, según lo establece el artículo 214 fracción VI del Código Penal Federal.
“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”, explica el comunicado emitido por la FGR.
La dependencia subraya que ambos funcionarios del INM “incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
La Fiscalía General de la República recuerda que también se procedió penalmente contra los servidores públicosSalvador «N», Juan «N», Cecilia «N» y Eduardo «N», quienes se encuentran vinculados directamente con las muertes de los 40 migrantes y por las lesiones que otras de las víctimas de estos delitos.
En lo que respecta a la empresa de seguridad privada y al Instituto Nacional de Migración, ambas están sujetas a investigación, ya que suscribieron contratos por adjudicación directa , omitiendo de forma flagrante las obligaciones de licitación pública y generó costos por el doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.