Una vez más el fuego ensombrece la vida nacional.
La paradoja sombría de una luz de lumbre cuyo mensaje es la oscuridad de la muerte, ilumina el dolor, como sucedió con los niños Le Barón calcinados en una carretera de Sonora o los infantes víctimas de la guardería ABC en Hermosillo o los muertos en el incendio del Casino Royal de Monterrey.
Ahora las cosas no sucedieron ni en el solitario paraje del norte sonorense, ni en la mafiosa guarida de Birján en el casino regiomontano. Tampoco en una guardería incendiada por manos criminales.
No, ahora murieron encerrados –detenidos, retenidos, confinados, concentrados o simplemente privados de la libertad–, 39 extranjeros en una estación del Instituto Nacional, de migración, como si fuera necesaria otra evidencia de la lenidad, descuido, abuso y criminalidad imperantes en esa corrompida institución, la cual ha sido de inmediato exonerada por el señor presidente de la República, quien culpa de la mortandad a las víctimas.
Les prendieron fuego a las colchonetas y eso desató el incendio, fue la explicación presidencial, sin complemento de por qué no lo extinguieron a tiempo. Acusar a “los migrantes”, en general es culparlos a todos, pero al mismo tiempo exculpar a los responsables.
No fue una masacre; fue una “automasacre”.
Ahora, de acuerdo con los usos y costumbres de la 4-T debemos esperar un monumento en honor de las víctimas, como se prometió (sin sentido) en Tlahuelilpan o Bavispe.
Las primeras informaciones decían esto nada más:
“Unas 41 personas migrantes murieron en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua al registrarse un incendio. El siniestro se inició aproximadamente a las 10 de la noche en las instalaciones federales ubicadas junto al puente internacional Reforma, conocido como Lerdo, en la zona Centro de esta frontera” (R.I.).
Hace años la CNDH dijo esto:
“El 22 de agosto de 2010 se presentó la primera Masacre de San Fernando ―mejor conocida fuera de México como Masacre de Tamaulipas, aunque en ese estado se han cometido otros asesinatos masivos―.
“El crimen fue cometido por el cartel de Los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal, municipio tamaulipeco de San Fernando. Las víctimas fueron 72 migrantes de diversos orígenes en tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos ―por ello también ha recibido el nombre de Masacre de los 72―, y el hecho es uno más en la lista de crímenes no resueltos por el Estado mexicano”.
Hoy el incendio es responsabilidad de otro cártel, el del INM y de acuerdo con la incipiente tradición de la 4-T, también será otro crimen no resuelto por el Estado.
Ninguno de los muertos era un delincuente. En todo caso había infractores de ordenamientos migratorios cuya mala suerte los llevó a un País donde los retienen para seguir las instrucciones de Washington.
Los migrantes ya no deben cuidarse sólo de los criminales como los de San Fernando; ahora las autoridades del gobierno los pueden calcinar en sus propias instituciones públicas. No importa quien haya quemado el primer colchón.
Las estaciones migratorias (eufemismo para cárceles temporales), no pasarían por lo visto, una inspección seria de Protección Civil. Son como las prisiones del Salvador o de Honduras.
Recuerde (febrero 2012):
“TEGUCIGALPA (Reuters) – Un enorme incendio en una prisión de Honduras provocó la muerte de más de 350 reos que quedaron atrapados en sus celdas, en la más reciente tragedia de este tipo en el violento país centroamericano donde las cárceles están sobrepobladas.
“La cárcel, una granja penal que no era de máxima seguridad, alojaba a más de 800 prisioneros, casi el doble de su capacidad. Muchos de los reos purgaban penas relacionadas con el crimen organizado.
“El fuego habría comenzado con el incendio de una colchoneta por parte de un reo…”
Pero no somos iguales.
