Adversarios feroces, Y Morena, PT, PAN, PRI y PRD encontraron un punto de encuentro para evitar que, como ya les pasó en 2023, órganos o tribunales electorales les obliguen a respetar medidas afirmativas de paridad de género. Anexan, también de común acuerdo, una venganza contra el TEPJF para que constitucionalmente se vea limitado a determinaciones en torno de lo que la norma dice literalmente: nada de interpretar
Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD se unieron en la Cámara de Diputados para evitar que se impongan medidas de equidad de género que los obligaría a tener igual número de mujeres que de hombres en las candidaturas a puestos de elección popular y, también, en las renovaciones de presidencias partidistas.
Estos partidos se vieron sometidos a respetar la paridad de género en las candidaturas de este año a partir de lineamientos del INE que luego fueron avalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación. Ahora, para evitarlo a futuro, los partidos se lanzarán contra estas instituciones a través de una reforma constitucional (quien esto escribe tiene copia del dictamen final).
La reforma establece que sólo el legislativo puede determinar acciones afirmativas como ordenar que haya igual número de mujeres que de hombres entre los candidatos. Pero si el Congreso no establece nada antes de la elección del 2024, entonces se aplicarán las normas previas que no obligaban a esa equidad. En cuando a las presidencias partidistas, devuelve el asunto a los partidos.
Pero el ataque fundamental es contra el Tribunal puesto que la reforma será una transfiguración de su actividad: se le impondrá, constitucionalmente, la limitante de emitir resoluciones que tengan que ver sólo con lo que “literalmente” dice la Constitución. Así, si una norma se ve acatada sólo formalmente, aunque en la práctica no se lleve a cabo, el Tribunal no podrá atacar ese fondo y menos determinar o avalar acciones para su verdadero cumplimiento.
El argumento de los partidos es indicar que sólo el Legislativo tiene la protestad de acciones afirmativas y que, cerrando la posibilidad de una laguna legal, esto se hará explícito en la Constitución.
El tema de género deja claro este problema. ¿Antes de 2023 los partidos discriminaban a las mujeres en los procesos electorales? Formalmente no, pero entre 2015 y 2020, sólo se destinaron 18 por ciento de las candidaturas a mujeres y, de entre estas candidatas, únicamente tres por ciento fueron electas, esto debido a que los partidos tendían a colocarlas en aquellas contiendas donde tienen pocas oportunidades de ganar.
Como se recordará, la constitución ya indicaba desde 2019 que “se observará el principio de paridad de género”, pero sólo la acción de INE-TEPJF los obligó a materializarla. Antes del inicio oficial de las contiendas 2023, el INE emitió lineamientos de paridad de género prácticos, obligando a que al menos una de las candidaturas a los gobiernos de Coahuila y Edomex debía ser mujer. El Tribunal lo avaló.
Lo que venía a futuro eran las elecciones de 2024 y el proceso de renovaciones de dirigencias partidistas en los diferentes niveles: local, estatal, nacional.
Para evitarse ese mal trago (y regresar al estado de cosas anterior, en el que existía la obligación formal de cumplir la paridad, pero nada que lo tradujera a la práctica), los partidos proponen reformar los artículos 41, 73, 99 y 105, además de dotar de artículos transitorios que, como ya es costumbre, contienen el interés verdadero del legislativo.
En los artículos a reformar, se establecerá que el Tribunal deberá sujetarse “al límite del tenor literal de la ley y esta constitución” y que “dictará sus resoluciones conforme al límite del tenor literal de la ley y esta Constitución, y los principios expresamente establecidos en ésta”.
Lo hecho para el proceso 2023 en materia de paridad de género no podría hacerse generado bajo lo establecido por la reforma que se impulsa ahora: Se atribuye al Legislativo la generación de acciones afirmativas y “quedan excluidas de la jurisdicción del Tribunal”.
En los artículos transitorios se establece que en caso de que el legislativo no establezca normas de equidad antes del inicio formal del proceso electoral 2024, entonces se sujetarán a “los lineamientos establecidos para el proceso electoral federal del año 2021, y los procesos electorales locales de los años 2022 y 2023”. Es decir, aquellos donde e pacto patriarcal floreció, las candidatas escasearon (aun más las ganadoras) y en el que los partidos se sentían cómodos.
¿Y quién se hará cargo entonces del cumplimiento de la equidad política referida en la Constitución en el caso de los partidos? ¡Claro, los partidos políticos! También se aplicarían los criterios de renovación de dirigencias de los partidos políticos nacionales del año 2021.
La contraofensiva de los partidos inicio con un acuerdo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el 14 de febrero de 2023, se constituyó “el grupo plural de trabajo para revisar el marco jurídico de las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI), Fausto Gallardo García (PVEM), Pedro Vázquez González (PT) y Elizabeth Pérez Valdéz (PRD) trabajaron el tema.
Movimiento Ciudadano se abstuvo de participar.
El dictamen ya está listo, con el visto bueno de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara y debería procesarse este miércoles para seguir su curso a aprobación en pleno.
