En medio de la tormenta que envuelve a los mercados financieros y bancarios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la taxonomía y criterios iniciales para que el sector financiero cumpla con las reglas de Medioambiente, Sociedad y Gobernanza, conocidos como Criterios ESG, por sus siglas en inglés. Ante banqueros, autoridades del sector financiero y bancario, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, recordó que luego de la pandemia las instituciones del sector financiero tienen una doble responsabilidad para encaminar esta transformación dado que no sólo tienen la obligación de cumplir internamente los nuevos criterios sino de observar que su derrama crediticia beneficie a empresas que también las cumplen. Por ello, la taxonomía – esta clasificación de criterios – resulta estratégica en el sector bancario. Se trata, sin embargo, de un momento complicado en el que bancos y compañías enfrentarán un momento de volatilidad y de menor crecimiento económico.
¿De qué se tratan los criterios ESG?
Que las inversiones, tanto de fuentes públicas como privadas, favorezcan la transformación hacia un desarrollo sostenible poniendo en el centro de las decisiones de inversión el bienestar de las personas, al mismo tiempo que se generan beneficios sobre los ecosistemas y la biodiversidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como institución líder de la agenda de finanzas sostenibles en México, se encarga de promover y llevar a cabo acciones para impulsar la transversalidad de un enfoque de la sostenibilidad e incorporar los potenciales impactos asociados con el cambio climático en las decisiones a corto y largo plazo del sistema financiero mexicano. Lo anterior, con el objeto de garantizar que los servicios financieros, productos, procesos, así como los arreglos institucionales y de mercado contribuyan directa
e indirectamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Como parte de la agenda de finanzas sostenibles, la SHCP ha emprendido distintos esfuerzos, tales como la alineación del Presupuesto de Egresos de la Federación con los ODS, así como el diseño del Marco de Bonos Soberanos ODS con el que México se convirtió en el primer país en emitir este tipo de instrumentos. Estas iniciativas, junto con el desarrollo de la Taxonomía Sostenible de México, forman parte del conjunto de acciones que integran la estrategia de la Secretaría para movilizar y reorientar los flujos de inversión hacia acciones y proyectos sostenibles.
¿En medio de la crisis bancaria y luego de la pandemia?
En la SHCP reflexionaron cómo ir delimitando las políticas financieras sostenibles sin afectar las estructuras de intermediarios y empresas. Por ello, la primera etapa de la aplicación de esta taxonomía será una norma voluntaria.
En México al sector bancario todavía le hace falta un poco más de desarrollo y profundidad y no todas las unidades de negocios en el país tienen acceso a financiamiento. Además, con una participación superior al 50% del PIB, las MiPymes deben ser tratadas bajo otros criterios. De hecho, durante la 86 Convención de la Asociación de Bancos de México, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, confirmó que las autoridades bancarias del país permitirán que los bancos integren expedientes especiales para la banca. De tal forma que sea más fácil autorizar un financiamiento para este segmento de la economía.
Equidad de género, voluntaria por ahora
La SHCP estableció que para alcanzar los mejores resultados de esta taxonomía como una política pública es que, por el momento, no sería obligatoria. Desde la dependencia realizaron un proceso de prueba, un aterrizaje que servirá como un esquema piloto en algunos bancos que ofrecieron revisar algunos activos en retrospectiva y analizar si cumplen o no con criterios de sostenibilidad. De esta forma, realizarán reportes durante este periodo de prueba, con lo que se conocerá el perfil de bancos y acreditados y se evitará la interrupción del financiamiento para la economía en un momento clave como es la llegada de la relocalización de cadenas productivas. Así se presentó un catálogo de al menos 124 actividades que podrán revisarse por los emisores, por los bancos. En algunos trimestres, la SHCP espera identificar de manera temprana cuando una iniciativa de ese catálogo que pudiera constituir un cuello de botella. Los Criterios ESG se acordaron en colaboración con los integrantes del sector financiero y después de muchas mesas de trabajo.
Uno de los puntos más interesantes es que la taxonomía incluye políticas y equidad de género que tendrán implicaciones hasta en el mercado de bonos. Se promueve que las actividades económicas aporten a la reducción de brechas de género y a la eliminación de la discriminación contra las mujeres, al mismo tiempo que se incentiva la adopción de mejores prácticas en favor de la igualdad de género en los usuarios. La Taxonomía propone generar métricas a través de la creación de un índice de género, construido por medio de información sobre la implementación de lineamientos, mecanismos, estrategias y políticas que contribuyan al cierre de brechas de género en el ámbito laboral de las empresas o proyectos de inversión. Será interesante confirmar cómo se replantean proyectos enteros ante la necesidad de cumplir con la equidad de género.
Ven impuestos por venta de Banamex
Aún sin que se conozca el monto de la operación, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la próxima venta de Citibanamex dejará una recaudación de entre 10,000 y 12,000 millones de pesos.
De gira por Chiapas, el presidente se refirió a la venta del banco como colofón a la 86 Convención Bancaria que tuvo lugar los pasados 16 y 17 en Mérida, Yucatán, y reiteró que no tiene un comprador favorito entre Banca Mifel (encabezado por Daniel Becquer) y Grupo México (presidido por Germán Larrea). También reiteró las cuatro condiciones que ha puesto para la operación —a pesar de que es una transacción entre particulares— empezando porque se trate de inversionistas mexicanos y que estén al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. Sin embargo, algo que no había señalado con anterioridad, es que estimó al gravamen que generará la operación, aunque todavía no se conozca el monto de la misma.“Que paguen el impuesto que va a implicar la compra-venta de Banamex que calculamos que pueden ser como 10, 12,000 millones de pesos. Lo que no pagaron en la época de Fox”. “No pagaron ni un centavo —continuó— vendieron Banamex a Citigroup; tenían que haber pagado 12,000 millones de pesos de impuesto; no pagaron nada porque, pues, los que hicieron esa operación eran como los dueños de México. Ahora es distinto”.
Precisa Cemex sobre Calica
Cemex dio a conocer que tiene una relación contractual vigente con Calica, una subsidiaria de Vulcan Materials en México, para el uso de la terminal marítima localizada en Playa del Carmen, Quintana Roo. Este acuerdo privado entre ambas compañías comenzó hace más de 20 años y, desde entonces, Cemex había utilizado continuamente la terminal para transportar productos de cemento. Desde finales de 2022 Cemex ha tenido dificultades para tener acceso a la terminal e instalaciones donde se encuentran activos y productos de Cemex. Después de meses de negociaciones y no habiendo podido llegar a un acuerdo con Calica, Cemex presentó una demanda ante un Juzgado Civil local, quien otorgó medidas cautelares para que Cemex pudiera seguir con sus operaciones durante el litigio pendiente. Calica incumplió las medidas dictadas por el juez para permitir el acceso de Cemex a las instalaciones. Por lo anterior, Cemex presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Como parte del procedimiento penal, la Fiscalía también otorgó a Cemex medidas cautelares para poder acceder a la propiedad y poder seguir operando. En ambos casos, todas las partes fueron oficialmente notificadas de las medidas cautelares.
Con base en las medidas cautelares y de conformidad con las leyes aplicables, el 14 de marzo, las autoridades competentes hicieron cumplir la orden judicial para permitir a Cemex nuevamente el acceso a la propiedad y restablecer sus operaciones en la terminal.
