Este es uno de esos casos en los que instancias oficiales se meten en un enredo por tratar de quedar bien en lo meramente formal. La idea no sonaba mal, pues se propuso que, como obligación de Transparencia, se abra la opción de que los ciudadanos que reciben apoyos gubernamentales puedan autoadscribirse en género a algo más que “hombre” o “mujer”. Es decir, que las personas que no se sientan adscritas a estas dos opciones puedan señalar “otro”…
…pero el Sistema Nacional de Transparencia, una suerte de reunión de todos los institutos de transparencia del país, dejaron pasar sin revisar demasiado un catálogo que en realidad no se refiere a género, sino que revuelve ese concepto con orientación y preferencia sexual e incluso con hábitos de otro tipo.
De avanzar esta propuesta, ya aprobada en comisiones del Sistema el pasado viernes, unas 8 mil 240 dependencias en el país empezarían a preguntar a los ciudadanos beneficiarios de apoyos gubernamentales si son de sexo femenino, masculino, no binario, lesbiana, homosexual, bisexual, transexual, transgénero, trasvesti, intersexual.
La confusión ha persistido a pesar de que estos trabajos del Sistema Nacional de Transparencia tienen un año de realizarse. La forma de efectuar las reuniones del Sistema, caóticas en lo general y que pueden ser consultadas en Youtube, pueden explicar en sí mismas porqué propuestas como estas terminaron avanzando y están a punto de ser implementadas.
Los comisionados que impulsaron esta idea trataron de cumplir compromisos de la Agenda del Desarrollo 2030, impulsados por la ONU. En estos se incluye el monitoreo de derechos humanos y equidad de género.
Las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia votaron a favor de que estos nuevos datos de los ciudadanos sean rastreados por las instituciones, sin mucha claridad de qué beneficios, más allá de armados estadísticos, podría acarrear que dependencias oficiales estén cuestionando a los ciudadanos sobre preferencias sexuales.
Por lo pronto, la propuesta avanzó sin demasiada oposición.
