Fue uno de los muchos datos vertidos en la XXXIX Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores efectuada en Ciudad Victoria, Tamaulipas y su importancia se diluyó entre otras cosas y hasta en medio de los pronósticos del futbol: solamente en el año 2009, 590 mil mexicanos fueron repatriados de los Estados Unidos. A otros los mató “la migra”.
La senadora tamaulipeca Amira Gómez, lo analiza y lo juzga: nadie se da cuenta de la gravedad de este asunto. En toda la frontera tenemos un problema de ocupación y concentración poblacional. No hay una política coherente para la zona, hay un total desconocimiento del gobierno.
–¿Qué sucede cuando una persona es deportada a una patria de la que se ha escapado?
“Pues sucede –sigue diciendo–, que regresa al infierno anterior. Desarraigado de aquí, repatriado de allá; no le queda más que una franja esponjosa y ajena en la zona fronteriza donde es fácil presa de los enganchadores. Con un platito de sopa los atrapan; con una promesa de comercio simple y redituable ya los tienen en la bolsa. Y para jóvenes sin historia ni porvenir, pues eso es suficiente. El siguiente paso es la muerte, como ya vimos en el horrible jueves de los 40 asesinados.
“Muchos de los miles de muertos en la zona fronteriza ahora con el combate a la delincuencia organizada, son personas en estas condiciones, por eso nadie los reclama y nadie los investiga.”
Pero la cifra inicial; proporcionada por el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, no se generó en las actuales condiciones de endurecimiento progresivo ni solo del control migratorio, sino de un indicio de limpieza étnica al cual nos estamos enfrentando.
Los dos asesinatos recientes, de Anastasio Hernández Rojas y Sergio Adrián Hernández, muerto el primero en territorio americano después de la aplicación de la doctrina “Rodney King” (esto es apalear en pandilla policiaca a un hombre vencido, solo e indefenso) y baleado el segundo en territorio mexicano por un agresor de la Patrulla Fronteriza, nada más demuestran cuál es la consecuencia de prolongar la criminalización de la condición laboral irregular hasta el desarrollo de la persecución etnofóbica.
Pero esas políticas no son consecuencia nada más de la ley Arizona. Provienen de un largo proceso de acoso y discriminación étnica realmente agresivo en muchos estados de la Unión Americana, no solamente en los de la zona fronteriza. *
Estos son algunos de los muchos ejemplos: los estados con normas y tendencias judiciales punitivas, sobre todo en los tres años recientes son:
Missisipi, Missouri, Carolina del Sur, Utah, Arizona, Geórgia, Oklahoma, Tennessee, Colorado, Virginia, Virginia del Oeste. En estos lugares, sin contar Illinois, Oregon, Florida y otros, viven sin documentos regulares dos millones 35 mil personas.
El aumento de los requisitos es pavoroso, laberíntico y burocrático. Por ejemplo, en Alabama para cualquier trámite así sea lo más elemental, se les exige a los mayores de 18 años mostrar sus documentos como residentes legales.
“Una propuesta estipula la confiscación de vehículos a personas que no tengan prueba de su estancia legal en el país, y otra para que los inmigrantes indocumentados que sean detenidos por violaciones de tránsito entreguen todas sus propiedades.
“En Arizona se solicitó con urgencia al Congreso de los Estados Unidos de América la modificación del artículo 14 de la Constitución norteamericana para negar la ciudadanía a los hijos de los migrantes indocumentados.
“En la iniciativa se especifica que el Congreso necesitaría clarificar que los hijos de los inmigrantes ilegales heredan el estatus de ilegales de sus padres y deben ser, por tanto, reconocidos también como inmigrantes o extranjeros ilegales”.
Esta actitud convierte una circunstancia burocrática (tener papeles) en algo más allá de un delito, se vuelve un estigma, como en su tiempo lo fue la esclavitud. Esclavo moría el hijo del esclavo. El nacimiento no redimía, prolongaba.
En la argumentación del endurecimiento propuesta por Arizona, la práctica actual de otorgar la nacionalidad norteamericana a los hijos de los inmigrantes indocumentados “no hace más que recompensar a éstos por haber violado las leyes norteamericanas y les otorga medios para evitar las consecuencias de sus actos ilegales” y prolongar la “ilegalidad legalizada”.
Pero hay más:
“…Prohibición de arrendamiento a migrantes indocumentados. Esta iniciativa propone la pérdida de propiedad usada para albergar o transportar a cualquier persona que carezca de documentos y se encuentre en Arizona.
“Exigencia para que los extranjeros ilegales que trabajen en Arizona reembolsen al estado los costos de los beneficios públicos que hayan recibido, así como lo erogado en razón de acciones penales llevados en su contra”.
Entre las muchas y farragosas interpretaciones de la legalidad se ha llegado al extremo de hablar de “auto traficantes de indocumentados”.
–¿Cómo?
“…La ley estatal A.R.S. 13-2319, ha adquirido un peculiar sentido en la práctica, pues la interpretación que se le ha dado propició el arresto de 520 personas en un año bajo el cargo de “traficarse a sí mismos”.
“El Procurador del Condado de Maricopa, Andrew Thomas, fue el primero en interpretar la ley en el sentido de que podía aplicarla a los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera, ya que realizan un acto de contrabando; el 9 de octubre de 2006 la Suprema Corte del Condado de Maricopa aceptó que los inmigrantes podían ser procesados por conspiración al aceptar ser transportados como indocumentados, ya sea por ellos mismos o por un tercero.
“El 19 de octubre de 2006, por primera vez en la historia de Estados
Unidos de América, un jurado condenó a un inmigrante indocumentado por el delito de conspiración al haber ingresado a ese país por medio de una red de contrabando de personas.
“La legislación de Arizona incluye además, leyes en contra de la integración de los migrantes a su sociedad; que prohíben la existencia de centros de trabajo para la contratación de trabajadores indocumentados y que sancionan a los patrones en caso de contratar a un trabajador que carezca de los documentos necesarios o que simplemente no tenga papeles, así como por contratar a trabajadores que se hagan pasar por otra persona.
“Arizona cuenta con normas férreas para la aplicación de la ley en contra de los migrantes, a quienes busca privar de cualquier tipo de beneficio estatal del que pudieran gozar”.
Pero hay más:
“En California la iniciativa de ley AB 39 solicita al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación que haga un cobro anual, y por escrito, por concepto del costo total del ingreso a prisiones del estado a los migrantes ilegales que hayan cometido ilícitos; la iniciativa de ley AB 271 propone prohibir que cualquier persona que resida ilegalmente en el estado reciba los mismos beneficios y privilegios que una persona con residencia legal en California; la iniciativa de ley SB 268 propone que a los estudiantes sin estatus legal de migrantes se les excluya del beneficio de estar exento de pagar colegiaturas en la Universidad del Estado de California y los colegios de la comunidad; la iniciativa de ley SB 1414 propone que la autoridad recopile y publique información sobre el número de incendios causados u originados por hogueras generadas por migrantes indocumentados.
“Dicha iniciativa establece que es intención de los legisladores usar esta información con el fin de obtener un reembolso por parte del Gobierno Federal por los costos que haya originado el control y la extinción de los incendios”.
Sería interminable la lista de aberraciones inhumanas en contra de los inmigrantes, pero vaya todo esto como explicación de cuáles son los antecedentes de fondo para dejar de culpar nada más a la gobernadora de Arizona, Jean Brewer y su ley SB 1070.
Valga este último dato: En Colorado la Ley SB 90 obliga a los policías a reportar a cualquier detenido del que se sospeche pueda estar en el país de forma indocumentada (como con la ley Brewer, pero dos años antes). Asimismo, exige que las autoridades locales y estatales soliciten reembolso por costos relacionados con el cumplimiento de las leyes migratorias federales.
Todas estas leyes cuya progresiva aplicación es cosa nada más de tiempo han sido reforzadas por la mitología del terrorismo. Al poco tiempo del inoportuno y mal planteado rapapolvos del presidente Felipe Calderón, a los legisladores estadunidenses, cuya pronunciación causó la ira de los republicanos y la posterior solicitud para movilizar a la Guardia Nacional tras lo cual han ocurrido (así haya sido por el servicio de inmigración y aduanas) los dos asesinatos con cuya cita comenzaron estas líneas.
El caso de Juárez prueba de manera palmaria la naturaleza de las precauciones gringas: no se trata de hostigar al inmigrante mexicano; se trata de no tener mexicanos.
Por eso la frontera de este lado, cuya población –dice Eugenio Hernández, gobernador de Tamaulipas—se duplica cada diez años, necesita una política integral de desarrollo. Entre los emigrantes y los deportados, el asunto se puede volver incontrolable.
*******************
Y mientras Eugenio Hernández habla de lo incontrolable de la frontera aparecen muertos por racimos en Juárez y Tamaulipas. Cantidades tales como para sacar al Presidente Calderón de su entusiasmo deportivo y obligarlo a externar sus preocupaciones, pero desde Sudáfrica donde su entusiasmo panbolero fue interrumpido mientras cantaba loas interminables a Javier Aguirre quien pasó del país de sí se puede al país de sí se empata.
Realmente tiene el Ejecutivo nacional un notable empaque de estadista.
