Tres días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) resolverían sin tardanza si se quitaba el título como licenciada en derecho que otorgó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, acusada de haber plagiado su tesis profesional, este lunes el mandatario, fiel a recurrir a acciones contradictorias al verse acorralado y para evitar ser señalado como responsable de un acto que afecte a alguno de sus allegados, regresó el caso a la máxima casa de estudios para sea ésta la que define la situación.
Después de un día de completa incertidumbre, sin que se conociera el futuro de la ministra Esquivel, la SEP informa a través de un comunicado el dictamen del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, por el presunto plagio de tesis que involucra a la magistrada de la SCJN, remitió el caso a la UNAM, para que las autoridades universitarias realicen los procedimientos correspondientes con base en su legislación interna, esto de acuerdo con el artículo 3º, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:
La SEP, que no ha movido un dedo hasta no recibir la orden directa del huésped de Palacio Nacional, emitió un comunicado por la noche de este 16 de enero para argumentar sus motivos para mantenerse al margen de dar un fallo para retirar o no el título universitario a la ministra Yasmín Esquivel, por lo que como parte de su justificación refiere que “las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas…”
Los argumentos de la Secretaría de Educación Pública son certeros y realistas, ya que de acuerdo con la ley, corresponde a la máxima casa de estudios determinar si anula o no el título de la ministra de la SCJN, lo que de alguna manera evita que tanto el presidente López Obrador como la SEP puedan quedar como los posibles verdugos de Yasmín Esquivel, allegada a la 4T, en caso de que sea invalidado su título profesional.
Para rematar su deslinde del caso, la SEP reiteró que mientras la UNAM no determine invalidar el título profesional de licenciatura en Derecho al que refiere el oficio 3/230011 que fue entregado a la dependencia, la Dirección General de Profesiones (DGP) carece de facultades para intervenir de forma alguna en el asunto.
Imagen: Cuartoscuro