Si en verdad las acusaciones contra Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la república, fueran únicamente jurídicas, su principal acusador, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y operador de la Comisión de la Verdad y etc., superaría con sus más recientes exposiciones a los defensores del político hidalguense preso, al menos por cuanto hace a la más grave de las acusaciones: la desaparición forzada.
Veamos.
“…pudimos establecer la red de vínculos que se presentó en el caso de Ayotzinapa (el caso de Iguala, en Ayotzinapa no sucedió nada ese día. Nombrarlo así, es otorgarle una invocación automática a la llamada “contrainsurgencia”. Es un matiz ideologizado con resonancias desde la guerra sucia y la guerrilla)
“…En este diagrama en particular (podemos ver), la interrelación y las acciones de Guerreros Unidos con las policías municipales de Cocula, de Iguala y de otros municipios, particularmente Tepecoacuilco y Huitzuco. Un dato diferenciado es el grupo de “Los bélicos” que formaba parte de la policía de Iguala.
“…Aquí vemos cómo se articularon en las regiones… con lo que se demuestra con toda certeza de que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos después de su salida de la terminal de camiones de Iguala en los cinco autobuses que tomaron rutas distintas, de cómo fueron dispersados después de que la intervención de distintas policías municipales y donde, evidentemente, se desmorona esa idea de que todos fueron entregados a Guerreros Unidos y fueron todos trasladados al basurero de Cocula…
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“…el análisis de vínculos que hicimos a partir de los mensajes de texto obtenidos de las capturas de pantalla, las más de 426, en donde con toda claridad se pueden observar los vínculos y las relaciones, ya no solamente de Guerreros Unidos con las policías municipales, sino también con autoridades civiles, con población civil y con algunos elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, en el estado de Guerrero…”
En ninguna de esas 426 pruebas documentales (si las pantallas son documentos), se asoman siquiera las tupidas cejas del Procurador General de la República quien conoció de los detalles, más de una semana después.
–¿Cómo pudo Murillo complicarse con el secuestro, la posterior desaparición y más tarde en el asesinato colectivo de los activistas, días más tarde? Pues no pudo. Así de sencillo.
Pero aun suponiendo un mágico conocimiento de los hechos, como se dice lo tenían los militares omisos y ahora se sabe, alguno activo en favor de los delincuentes y la desaparición, Murillo podría ser acusado de investigación incompleta; no de desaparición forzada.
Esta explicación de Encinas ubica la responsabilidad del Estado en su precisa dimensión: la culpabilidad (también violadora de Derechos Humanos) del municipio (s) y el gobierno estatal, en manos ambos –como se sabe–, de políticos encumbrados por el PRD de entonces (como el mismo Encinas entonces); ahora llamado Morena.
En su infinita capacidad para jugar con sus propias palabras, Encinas argumenta:
“…Dicen que la desaparición de los estudiantes fue un asunto local. Eso es totalmente absurdo. En estos participaron diversas instituciones, no fue un hecho fortuito. Hubo intervención de autoridades del estado (¿con “E” o con “e”?) en la desaparición…”
Pues para fines de violación de los DH son tan Estado (con mayúscula) los policías del estado de Guerrero (con minúsculas) o los municipales, como los soldados o el presidente de la República.
Uno de los hagiógrafos de la IV-T, nos regala:
“…El coronel José Rodríguez Pérez, responsable de 27 Batallón de Infantería de Iguala, habría dado la instrucción de ultimar y desaparecer a seis estudiantes de Ayotzinapa que se mantenían con vida cuatro días después del ataque del 26 de septiembre de 2014.
“Los militares no sólo no hicieron nada para protegerlos, aunque sabían en tiempo real lo que sucedía. No sólo falsearon lo sucedido. Simple y llanamente, los asesinaron y desaparecieron, al menos, a parte de los 43 jóvenes.
“Quien denuncia la atrocidad perpetrada por los uniformados no son los padres de familia, ni los normalistas, ni periodistas, ni defensores de Derechos Humanos. No. Es el mismo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas…”
¿Y Murillo estaba presente o le daba órdenes al coronel?
