Quizá sea el producto de una ignorancia acumulada por los siglos. Quizá el residuo de una fatalidad heredada durante decenas de años, de impotencia social, de vasallaje civil, de dominio extendido de caciques, curas y demagogos.
O posiblemente sea eso llamado por los cursis “la dulzura del pueblo”, cuyo furor encendido, de cuando en cuando, se manifiesta con inaudita ferocidad de asesinos, “pozoleros” y descuartizadores sin fin en el país de los diez mil cementerios clandestinos y los treinta, cuarenta o quién sabe cuántos miles de desaparecidos sin rastro ni sitio posible.
Triste país con los ojos en la nuca y la cabeza vacía ante los desvaríos del gobierno en turno. ¿Su resistencia provendrá de esa tristeza congénita y hereditaria de la cual nos habla Amado Nervo (dice Amado, ¿Eh?)
Ayer las engañifas en el nombre de la Revolución con sus desastres económicos a cuestas; su demagogia nacionalista y su corrupción extendida cómo fórmula y método de injusta capilaridad social.
Hoy, todo lo anterior más la luz del Evangelio, y el populismo de avarienta austeridad con alhóndigas baratas y caros caldos de ineficaz contumacia, rifas como pretexto para la exacción infructuosa o el juego infecundo de sacar un dinero del bolsillo izquierdo para ponerlo en el derecho sin nadie para protestar, nadie para quejarse por la sisa de burócratas y pícaros como René Bejarano con su abanico de “cachitos” sin ligas ni decoro.
El rufián en busca de la suerte.
Y en la interminable cadena de las mentiras, de las ofertas insensatas, de los trastupìjes con la lógica, la Comisión Federal de Electricidad, puesta en las pías manos de don Manuel Bartlett, emite este esplendoroso boletín
Ion de prensa cuyo contenido es sorprendente:
“…Por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en el marco del acuerdo signado entre el gobierno federal y los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos en 2006, el día de hoy lunes 14 de septiembre del año en curso, se acordaron diversas acciones para dar inicio al proceso de reparación integral.
“Sobre los compromisos acordados, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa lo siguiente:
“Dichos acuerdos (8) fueron firmados en una minuta y se hace constar el compromiso del gobierno federal y del Presidente de México con los familiares de las víctimas.
“Las instituciones federales involucradas en la atención a los acuerdos son SEGOB, STPS, SEDATU y la CFE.
Una vez que la CFE reciba la documentación y los estudios técnicos relacionados con la mina (Pasta de Conchos), por parte de la STPS y del Servicio Geológico Nacional, la CFE iniciará con los trabajos de análisis y de ingeniería correspondientes, para el rescate de los cuerpos.
“Las familias presentes otorgan el consentimiento a la CFE, para que, una vez concluido el rescate, se extraiga de la mina el carbón para su autoabastecimiento.
“Cabe destacar, que el Presidente visitará el municipio de Nueva Rosita, Coahuila, el próximo 23 de octubre, donde supervisará el avance y cumplimiento de los acuerdos pactados el día de hoy”.
Estuvieron ahí, “la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; y el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz”.
No solo produce carcajadas la promesa de exhumar los cuerpos sepultados por la explosión de hace 14 años (si los hubiera), como si el tiempo no cumpliera la degradación física, sino la frase lamentable según la cual los familiares de los accidentados y ahí difuntos, le “otorgan el consentimiento a la CFE, para que, una vez concluido el rescate, se extraiga de la mina el carbón para su autoabastecimiento”.
La tragedia de Pasta de Conchos ha sido oportunidad para todos los demagogos desde Napoleón Gómez Urrutia quien la aprovechó para enmascarar con tintes de heroísmo defensor de los mineros, su pleito contra Germán Larrea; el aprovechamiento de los fondos sindicales y su posterior fuga y exilio al Canadá de donde fue rescatado por la IV-T como si fuera un auténtico luchador social.
Pero lo más grotesco de todo esto, a lo cual se presta presurosa y siempre disciplinada la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es el fondo del asunto: la terquedad de sacar los cuerpos (o sus residuos, si se llegara al sitio del derrumbe), con un gasto de 75 millones de dólares, para después volverlos a sepultar.
Total, para eso es el dinero, para comprar voluntades.
